El 11 de agosto los Estados integrantes de la OEA, sin el concurso de los miembros del ALBA ni el de los países del Caribe, han urgido por fin al régimen venezolano a que cumpla con sus obligaciones constitucionales relativas al referendo revocatorio y a los ciudadanos de ese país a que busquen un diálogo eficaz que respete los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia representativa (no la democracia directa ni ninguna otra).
Ese llamado no imputa de manera directa al gobierno de Maduro conducta autoritaria ni violaciones al orden constitucional teniendo en cuenta la necesidad de encontrar una salida pacífica. Pero sí toma en cuenta el informe del Secretario General de la OEA que, en aplicación de la Carta Democrática, detalló puntualmente las violaciones al Estado de Derecho y los abusos que infringe a su población el régimen venezolano. Lo mismo ocurrió con la Declaración del Consejo de la OEA de junio pasado.
Éste es, por tanto, un serio llamado de atención a ese gobierno cuyas formas han sido suavizadas teniendo en cuenta, en apariencia, los resultados esperados: el diálogo eficaz (es decir, uno que conduzca al referéndum revocatorio y no simplemente formal como el que intermediaba el señor Rodríguez Zapatero) y la urgencia con que deben atenderse las necesidades básicas de la población.
Es en ese marco que se ha producido la visita al Perú del líder opositor Henrique Capriles. Éste ha sido recibido por el Presidente Kuczynski y por el Congreso peruano.
El deslinde presidencial respecto al gobierno del Sr Humala y el ofrecimiento de apoyo político a la oposición y a la salida democrática venezolana invocando la ley de ese país sobre el referéndum revocatorio, es plenamente coincidente con el Comunicado Conjunto de una parte de los países de la OEA. Ello muestra que el Perú (junto con los países mencionados) entienden, finalmente, que la vigencia del régimen venezolano no es una alternativa para salir de una crisis extraordinaria y que, por tanto, aquél debe procurar retirarse ordenadamente (la oposición a Maduro supera el 70%).
Por lo demás, la no injerencia ha sido destacada por el Presidente Kuczynski mediante la invocación de la norma constitucional venezolana que establece que todos los cargos públicos (incluido el presidencial) son revocables y que, al respecto, norma el referéndum revocatorio (art. 72). Ello podría haberse obviado se el Presidente aludía a las expresas normas de la Carta Democrática.
El Congreso, por su lado, aprobó por gran mayoría una moción (aunque presentó dos) que expresa preocupación por la crisis venezolana, solidaridad con su pueblo y deplora la violación de derechos fundamentales en ese país (el Frente Amplio no acompañó esa moción).
Si bien este conjunto de pronunciamientos regionales y nacionales muestran una renovada preocupación por la defensa de la democracia y el Estado de Derecho en América, es también indicativo de la intensidad de la crisis venezolana y de su extremo peligro. Ésta habría llegado a un punto en el que el que la explosión social es inminente la que, sin alternativas, podría implicar el golpe de Estado, la sublevación general (si no la guerra civil) y el desborde de la inestabilidad en la región.
Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre el referéndum colombiano en torno al resultado de la negociación de la paz con las FARC, el efecto multiplicador del estallido venezolano sería extremadamente potente y su radio de proyección ciertamente alcanzaría a los países vecinos.
Si bien una parte significativa de los miembros de la OEA se han pronunciado in extremis, el hecho es que lo han hecho con la decisión de lograr resultados. Ahora falta ver si esa decisión es suficiente para tomar medidas más severas si el “diálogo eficaz e incluyente” fracasa (lo que no es nada improbable a la luz de la manipulación del Consejo Nacional Electoral venezolano de los plazos para que el referéndum revocatorio pueda implicar el retiro de Maduro pero la continuidad del gobierno chavista).
Por lo demás, sólo puede ser digno de encomio que los Estados que han suscrito el comunicado de la OEA (Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos de América y Uruguay) hayan decidido pronunciarse superando el chantaje de los integrantes del ALBA y la ceguera de los países caribeños. Con ello se ha abierto un capítulo procesal en el organismo hemisférico en el que el consenso ya no sería necesario para hacer frente a crisis extremas en el Continente.
Y también es satisfactorio comprobar que esos países han decidido obviar las hipócritas e irresponsables recomendaciones del UNASUR sobre un diálogo cualquiera que fuera que impulsó también la Cancillería peruana durante el gobierno del Sr. Humala cuando aquella institución seguía dominada (como lo fue desde sus orígenes) por los gobiernos brasileños del PT (Lula y Rouseff influenciados por el pequeño machiavello Marco Aurelio García) y los suramericanos del ALBA.
Los americanos esperamos que el pronunciamiento de los países liberales de la OEA tenga efectos definitivos antes del 10 de enero del próximo año.
