Hasta este fin de semana, el mundo disfruta de una proyección de crecimiento de 4.3% que, aunque menor al 5.1% del 2010 y con mayores riesgos, es considerado vigoroso por el FMI. En ese marco el crecimiento del área del euro es proyectado aún a 2% superando la tasa de apenas 1.8% del año pasado. Por lo demás, las economías emergentes siguen navegando a velocidad considerable (6.6%) y América Latina, aunque perdiendo terreno frente a aquéllas, mantiene una proyección de 4.6% para el 2011.
Esto podría cambiar la próxima semana dependiendo de la decisión del Congreso griego sobre un paquete de hiperestricto saneamiento fiscal y del tipo de apoyo financiero que la Unión Europea debe brindar al gobierno de ese país en un contexto de fuerte protesta social, de incremento de la percepción sobre la insolvencia griega y de creciente riesgo de contagio en el Viejo Continente.
En este contexto la amenazante realidad de una deuda de 160% del PBI, que fue antes disfrazada, interacciona con la improbabilidad de su servicio bajo condiciones de excepcional austeridad mientras que los acreedores griegos dan signos de creciente inseguridad.
Éstos, especialmente la banca alemana y francesa, han sido invitados a participar en un programa de reestructuración “voluntaria” de las acreencias griegas para otorgar credibilidad a la entrega de un tramo del primer paquete de rescate de 110 mil millones de euros lanzado el año pasado por la Unión Europea y el FMI. Si éste tiene un éxito (medido probablemente tanto en términos psicológicos como macroeconómicos), un segundo gran paquete podría anclar la economía griega hasta la entrada en vigor del Fondo de Europeo de Estabilización (The Economist).
Este proceso tendrá que lidiar, sin embargo con algo más que la incertidumbre política inducida por la carencia de legitimidad de las políticas de ajuste determinada por la ciudadanía griega. En efecto, a la exposición bancaria a la deuda griega se suma la exposición del sistema financiero que ha garantizado, en términos que aún se desconocen, los papeles correspondientes y procedido luego a negociar los emponzoñados instrumentos derivados que la “exuberancia irracional” de la banca de inversión -y de ciertas aseguradoras- no han cesado, como debieran, de traficar.
Dependiendo de cuánto se haya negociado en el mercado global esos papeles el ámbito del contagio potencial del problema griego se circunscribiría a Europa o, alternativamente, se podría extender a Estados Unidos y, de allí, al resto del mundo.
En ese caso, un eventual segundo shock financiero desafiaría la capacidad de resistencia de las economías emergentes y de las suramericanas entre ellas. Si éstas aguantan, su valor se incrementará enormemente atrayendo capitales saludables (los que contribuyen al crecimiento) y los que no lo son (los de corto plazo que sobrevalúan la moneda y arruinan el valor de las exportaciones).
Siendo ello extraordinario, lo es más el hecho de que, en ese contexto, el default argentino del 2001, que arruinó la reputación financiera de ese país, surge ahora como alternativa de creciente consenso, para Grecia. Es más, el default está ya oficializado mediante el liderazgo franco-alemán que llamó a que la banca participe en la reestructuración de la deuda griega (es decir, para que extienda plazos o participe en una “quita”). Más aún, ese llamado es reclamado, de manera potenciada, por la gran prensa financiera, como The Economist, que aboga por un default “ordenado” (o sea, una sustantiva reestructuración pactada que reduzca la carga financiera griega de 120% del PBI a 80% del PBI de esa economía).
Ello, no sólo es excepcional porque contradice la práctica del pago de las obligaciones sin importar el costo (la posición inicial de la banca multiltateral durante la “década perdida” latinoamericana de la década de lo 80 del siglo pasado que se inició con la crisis de pagos mexicana luego aliviada por el Plan Brady) sino por otra posibilidad que ni el FMI ni la Unión Europea han deseado aún considerar: flexibilizar los términos del ajuste griego -y no sólo el recorte de su deuda- para que la economía pueda crecer y sostener un razonable servicio de las acreencias (algo que la CEPAL exigía para el caso latinoamericano).
Si ello implica la quiebra de la unión monetaria europea, es asunto que los propios europeos deben evaluar. Desde nuestro punto de vista, esta última opción facilitaría el funcionamiento de la unión monetaria sin tener que “escapar hacia delante” (un recurrente síndrome europeo) hacia la creación de una autoridad transnacional a cargo de establecer o vigilar la disciplina fiscal en la Unión. Y aliviará al mundo –y a las economías emergentes- de una presión financiera que pondría en cuestión la recuperación global y las imprescindibles altas tasas de crecimiento que requieren los países en desarrollo, como los suramericanos, para alcanzar elementales niveles de vida.
