16 de Junio de 2006
Normalmente los pueblos son exonerados por sus exégetas y representantes directos de las arbitrariedades que puedan cometer los Jefes de Estado. Sin embargo, la Asamblea Nacional de Venezuela, como entidad de representación ciudadana, está intentando involucrar, en acto de extraordinaria irresponsabilidad, al conjunto de la población representada en una confrontación política con el Perú.
En efecto, ese cuerpo legislativo –que es completamente dominado por la autoridad chavista-, en momentos en que el Jurado Nacional de Elecciones oficializaba la proclamación de Alan García como presidente electo del Perú, acaba de reclamar que éste, como supuesto representante de la “oligarquía peruana”, y los medios de comunicación nacionales cesen la “campaña antibolivariana” contra Venezuela y su presidente. El Congreso peruano ha respondido, a su vez, con un pronunciamiento en el que demanda más bien el cese de la injerencia del señor Chávez y de la Asamblea Nacional de Venezuela en asuntos internos peruanos.
Este conflicto entre instituciones legislativas no es otra cosa que un escalamiento provocado por el presidente venezolano desde que éste decidió involucrarse abierta y agresivamente en el proceso electoral peruano. En un contexto belicista estimulado por el anuncio de una movilización popular en ese país a través de “ejercicios” contra alguna invasión imperial (cuya retórica acaba de imitar el presidente de de Bolivia, el señor Evo Morales), el gobernante venezolano pretende generar una crisis mayor involucrando a las respectivas poblaciones en una intensificada dinámica de confrontación. Decidido Chávez ha quebrar la Comunidad Andina, ahora intenta subvertirla generando agitación ciudadana que tiene el potencial de derivar en confrontaciones internas en el área y de generar mayores fricciones externas a ella. Si ésta es la situación, es claro que estamos frente a un problema que atenta, con proyección hemisférica, contra la estabilidad regional andina cuyos antecedentes, a pesar de la intervención del Canciller del Perú, la Asamblea General de la OEA ha decidido obviar considerando éstos como de alcance meramente bilateral. El Perú ni sus socios regionales pueden cruzarse de brazos frente a este escalamiento venezolano que ahora recurre a la provocación social como nueva forma de fomentar un conflicto. Y menos cuando, con la radicalización del mismo, el presidente Chávez desea recuperar posiciones perdidas en el vecindario para retomar una ofensiva que involucre al Cono Sur después.
Si la disposición fragmentadora del gobernante venezolano no quiso ser respondida en su momento por ciertos vecinos (en ciertos casos por razones más económicas que políticas que incluyen su incorporación al Mercosur), la maniobra desestabilizadora está ahora a la vista. En consecuencia, la OEA, sus autoridades ejecutivas y las cancillerías renuentes a tratar el tema no pueden permanecer ahora impasibles frente al escalamiento del problema. Ellos están en la obligación de llamar la atención del gobierno venezolano para que se abstenga de generar inseguridad en la región. Y también deben aplicar la Carta Democrática (como lo debe hacer el Mercosur exigiendo un comportamiento acorde con la “cláusula democrática” vigente en ese grupo subregional) frente a la evidencia de la instrumentación que el Ejecutivo venezolano hace de un Poder Legislativo en el que la oposición ha sido marginada. De otro lado, si el señor Chávez desea que los medios de comunicación dejen de tratarlo como la amenaza regional que su calculada provocación genera, pues entonces debe cambiar su conducta externa, restaurar el equilibrio de poderes en su país y abstenerse de hostigar a la prensa (el más reciente caso es el de la prensa televisiva en Venezuela). Si a eso se comprometió en el sistema interamericano, el sistema interamericano debe exigírselo.
Pero, si el señor Chávez decide continuar en el camino de la generación de un conflicto que se escala, él no debe esperar disposición apaciguadora alguna de parte del Estado peruano. Éste deberá responder diplomáticamente en sentido estricto. Esto es, deberá concentrar la capacidad de respuesta en la Cancillería, inhibir pronunciamientos ulteriores del Legislativo (la denominada “diplomacia parlamentaria” aquí ni ayuda) y prevenir cualquier posibilidad de desborde ciudadano y agitación popular que es lo que la irresponsabilidad del señor Chávez pretende con propósitos ulteriores.
