Finalmente el Grupo de Lima, con la excepción de México, adoptó medidas concretas para respaldar su desconocimiento de la legitimidad presidencial de Nicolás Maduro. Éstas, sin embargo pueden ser insuficientes si el entorno dictatorial encuentra que tiene más que ganar en la ilegalidad perpetuada que en la normal pertenencia a la comunidad internacional.
Las medias adoptadas por el Grupo de Lima se orientan al aislamiento del régimen y a encontrar una salida política para el retorno pleno de la democracia en Venezuela cuyos minimizados baluartes legítimos hoy son sólo la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia a los que el dictador ha clonado con organismos paralelos.
El aislamiento del gobierno de Maduro es financiero (denegación de créditos al gobierno y de transacciones con personas específicas), político (incluyendo la negación del acceso de los miembros del gobierno a países del Grupo), diplomático (reevaluación de relaciones diplomáticas) y militar (suspensión de la cooperación y la transferencia de armas).
La dureza de las medidas de carácter político y parte de las económicas son además respaldada por Estados Unidos y la Unión Europea (cuyos miembros, como los países del Grupo, no acudieron a la “toma de posesión” del cargo por el dictador).
Sin embargo, el Grupo ha descartado “cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz en la región” sin distinguir medidas unilaterales de las colectivas reconocidas en el Capítulo VII de la Carta de la ONU que requieren aprobación del Consejo de Seguridad.
Como es evidente, éstas últimas difícilmente podrán ser adoptadas sin más porque Rusia (que ha establecido una relación estratégica con el gobierno venezolano cuya última señal ha sido el envío de bombarderos nucleares para la realización de maniobras) y China (cuyos préstamos e inversiones en Venezuela están respaldados explícitamente con petróleo) recurrirían al veto de las mismas.
Sin embargo, los países del Grupo de Lima tienen marco de acción. Al respecto podrían, por ejemplo, optar por el rompimiento de relaciones diplomáticas (Paraguay ya lo hizo), generalizar las medidas económicas coercitivas al conjunto del gobierno venezolano y recurrir incluso al bloqueo ad hoc de comunicaciones marítimas (especialmente las orientadas a la exportación de petróleo), aéreas o de “radioeléctricas” (refiriendo a las vinculadas a ciertos servicios de internet) en un ejercicio de interpretación de las sanciones contempladas en el Capítulo VII de la Carta a la luz del principio y de la Responsabilidad de Proteger.
Ese principio reconocido por la ONU estableció que los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos contra la comisión de crímenes de lesa humanidad (una de las causales por la que se ha llevado a Venezuela a la Corte Penal Internacional aún sin resultados por morosidad de la Corte o de los denunciantes) entre otras atrocidades. Su aplicación podría ajustar la soga en el cuello de Maduro y forzar el acceso de la ayuda humanitaria que el gobierno venezolano impide.
Sin embargo, si ese gobierno y la Fuerza Armada percibiese la ilusión de una recompensa mayor en la sobrevivencia aislada que en la pacífica transferencia del poder a la Asamblea Nacional o una convocatoria a elecciones universalmente garantizada a que hemos aludido más arriba, el peligro es que ese gobierno endurezca la opción de continuar hasta el final con una decisión quizás ya tomada: cubanizar a Venezuela asumiendo los pasivos de un embargo.
Ese curso de acción carecería, sin embargo, del soporte ruso o chino en los niveles necesarios porque éstos difícilmente asumirían hoy los costos que ello implicó a la Unión Soviética explicados entonces por la dureza de la Guerra Fría.
Para empezar, aunque muchos la invoquen, hoy el sistema internacional ya es bastante más complejo que en el siglo XX y no admite una reedición de los términos de la confrontación bipolar.
Además los serios problemas económicos que afronta Rusia para su retorno al status de superpotencia impedirían un compromiso de esa naturaleza. Y parece evidente que China no sacrificará sus buenas relaciones con el resto de la región –mucho menos con Brasil- para consagrarse a la protección de Maduro ni las condiciones de la tensión comercial con Estados Unidos lo permitirían aunque la tentación estratégica fuera intensa.
Además, la opción de una negociación regional con Cuba (el sustento sustancial del gobierno de Maduro) para que suelte el lastre venezolano y para que la isla retome el camino de la apertura está pendiente de una consideración seria y de la acción consecuente. Aunque no confiamos en ello, quizás México –que ha regresado al camino antiguo de la no intervención- desearía encontrar un rol constructivo en la negociación con la isla.
Sin embargo, es claro que ese camino es difícil por las condiciones del gobierno cubano. Pero también es evidente que la región y Occidente han ingresado ya en el terreno de las decisiones serias para el retorno de la democracia a Venezuela. Entonces es probable que Estados Unidos y la Unión Europea (aunque el gobierno español deje algunas dudas), apuntalados por la nueva determinación que han encontrado la mayoría de los países latinoamericanos en este tema, puedan encontrar algunos temas de negociación con Rusia y China para obtener de ellos la abstención en el recurso al veto en el Consejo de Seguridad.
Pero no todo se logrará sólo por la vía diplomática. El Perú debería saberlo.
