El Presidente de Devida, que no puede mostrar aún una estrategia acabada de lucha contra el narcotráfico, ha anunciado que ésta se concentrará en el desarrollo alternativo, la interdicción (especialmente de insumos) y la prevención. Esta aproximación benigna a un problema de seguridad, posterga el instrumento de erradicación planteándose, marginalmente, una inviable reducción de cultivos bajo estas circunstancias.
Ello muestra un cambio esencial en la disposición gubernamental a cumplir con obligaciones estatales en esta materia y también una alteración sustantiva de la percepción de la amenaza del narcotráfico.
El primero deriva del posible incumplimiento de los compromisos de eliminación, “en la medida de los posible”, de cultivos ilegales establecidos por el régimen multilateral de control de estupefacientes. La segunda consideraría que es más fácil perseguir al delincuente organizado en mafias globales de anónimos criminales que eliminar in situ la materia prima con que éste opera. La peligrosa agresividad del mensaje implícito sería ésta: la coca ilegal está dejando de ser un problema para el Perú y el mundo.
Si, a través de esta estrategia, Devida desea iniciar su desvinculación operativa de la Convención de Viena de 1961, estará orientando al Estado hacia el cuestionamiento del régimen multilateral de fiscalización de la coca y acercándolo a la asociación con Bolivia contra el consenso universal del que el Perú participa. Ello atentaría contra el interés nacional, debilitaría nuestra capacidad de cooperación internacional y dañaría seriamente nuestra magra inserción global.
Y si Devida considera que con los escasos recursos económicos y logísticos con los que cuenta puede tener éxito en la lucha contra el narcotráfico persiguiendo individualmente al delincuente individual al tiempo que genera desarrollo en lugar de limpiar el territorio nacional de las aproximadamente 48 mil has. de cultivos ilegales, es claro que estamos frente a un caso de extraordinaria imprudencia.
Ésta devendría en vulnerabilidad intolerable si las autoridades encargadas de lidiar con un problema de seguridad nacional como el de la coca ilegal, materia prima del narcotráfico y moneda del terrorismo, estimasen que ésta es en realidad sólo un problema político o quizás cultural y, por tanto, o no existe o es meramente ideológico.
Esta posición no es sólo amparada por la organización política de los cocaleros que ha arribado a la Jefatura del Estado en un país vecino, al Congreso en el Perú y también a algunas de sus presidencias regionales. Su sustento puede verse también en el mayor debilitamiento de Enaco, en el apoyo que la Secretaria General de la CAN prestó en el 2006 al gobierno boliviano para procurar la extracción de la hoja de coca del régimen de fiscalización multilateral que le corresponde (la Lista I de la Convención de 1961) y en la predisposición del gobierno a aprobar una estrategia como la que plantea Devida.
Si ésta prospera, al incremento de la inseguridad nacional se añadirá la pérdida de influencia multilateral del Perú (especialmente cuando el país es miembro no permanente del Consejo de Seguridad) y complicará nuestra relación con Estados Unidos (tan centrada en el TLC, cuyo dimensión de seguridad se basa en la lucha contra el narcotráfico), con la Unión Europea (con la que deberíamos negociar un acuerdo de comercial que parte de un esquema compensatorio del esfuerzo antidrogas) y con los vecinos (donde el consumo y el tráfico de cocaína está creciendo alarmantemente).
Si el gobierno procura una nueva inserción internacional para el Estado, la propuesta de Devida y la racionalidad que la sustenta debe ser esencialmente redefinida.
