Los peruanos participarán este domingo 10 de abril (y muy probable en una segunda vuelta a realizarse en junio) en elecciones que marcarán un punto de inflexión desde que se recuperó la democracia a principios de siglo.
En juego está la naturaleza de la representación nacional por el Jefe de Estado, los principios e instituciones por los que el Perú ha decidido regir su sociedad liberal y el carácter de la inserción externa en un contexto internacional cada vez más deteriorado.
En ese marco la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, dentro de sus limitaciones partidarias y condicionamientos ambientales internos, se presenta como la que brinda mayor seguridad a los ciudadanos y al Estado para la preservación del rumbo político-económico iniciado en el 2000 y para producir las reformas estructurales y de política de corto plazo necesarias para confrontar el desafío externo.
La conservación de la estructura liberal del Estado y el mejoramiento de las condiciones del mercado, la disminución de las desigualdades sociales y la satisfacción de necesidades básicas deben afrontar hoy un escenario económico internacional de mayor riesgo que incluye un peligroso deterioro de los intercambios comerciales.
Al respecto el FMI acaba de emitir una alerta adicional sobre la consolidación de la “nueva mediocridad” en la perfomace económica mundial. Ésta se refleja en un debilitamiento del panorama en tanto la expectativa de que los países desarrollados pudieran recuperar el liderazgo del crecimiento no ha ocurrido.
Y en el lado de las economías emergentes, cuyos activos representan “más de un tercio de los auges y caídas de los tipos de cambio y del mercado accionario” debido a la integración financiera, la perspectiva no es alentadora. No sólo la desaceleración china no se ha revertido debido al cambio de modelo sino que las perspectivas de Rusia, Brasil y del Medio Oriente se han deteriorado. Eso deja como insuficiente remolque los buenos resultados de la ASEAN y de India.
Por lo demás, la OMC acaba de revisar hacia abajo su proyección de crecimiento del comercio mundial de un modesto 3.9% a un ínfimo 2.8% (por debajo del crecimiento de la economía).
En este escenario que implica una reducción de la inversión extranjera y de las exportaciones, el Perú requiere además conducir, creíble y eficientemente, un proceso de diversificación productiva que el Banco Mundial ha recomendado. Esa evolución supondría insistir menos en un proceso de industrialización que apretar el acelerador en el sector servicios. Si bien el debate correspondiente es necesario no puede demorarse mucho y debe ser bien liderado.
Ese liderazgo no lo proporciona la opción del Frente Amplio de la señora Verónika Mendoza cuya cercanía con viejos núcleos extremistas de orientación marxista y de ambientalistas radicales que se oponen a la gran minería tiene un carácter regresivo.
Más aún cuando la lideresa pretende la revisión de los mecanismos de inserción externa que más beneficios han otorgado al Perú (incluyendo los acuerdos de libre comercio).
Con esa disposición ideológica se plantea una reforma constitucional que no implica cambios sectoriales para destrabar el mercado y mejorar la distribución de la riqueza sino una variación total de modelo sobre la base de planteamientos de la izquierda de los años 70. Las seguridades que, al contrario, ha deseado brindar su equipo económico (concentración en la recuperación económica sin cambio constitucional y con esfuerzo fiscal) pierden credibilidad por el contraste de sus planteamientos con los de su líder.
En el caso de la señora Fujimori el electorado enfrente una cuestión de identidad antes que de política práctica. No se trata sólo de elegir eventualmente a los herederos del autócrata de fin de siglo y validar sus oscuros métodos de gobierno y corrupta condición. Finalmente, una buen número de peruanos avalaron el autogolpe de 1992 y también el gobierno fujimorista hasta que se produjo el hartazgo colectivo con la fraudulenta reelección de fin de siglo.
Lo que los peruanos no avalaron fue la disposición de Alberto Fujimori a traicionar su cargo y, por tanto, al Estado. La fuga del país cuando ejercía la presidencia y la representación nacional en una conferencia asiática, la búsqueda de protección de la soberanía extranjera antes de la renuncia (en Japón) y finalmente su renuncia por fax fueron actos de lesa patria que se acercan a la traición. El posterior intento de incorporarse al poder Legislativo japonés sólo agregó insulto a la injuria planteada por quien, por mandato constitucional, representa a la Nación.
La elección de la señora Fujimori legitimaría esta escandalosa anomalía degradando más la legitimidad del cargo de jefe de Estado y el espíritu nacional. El resultado despertaría, probablemente, la rebeldía de los que no votaron por la señora Fujimori añadiendo riesgo a la seguridad nacional.
Por estas razones, que son también de Estado, esperamos que los peruanos opten por la candidatura más sensata y eficaz planteada como una de unidad nacional y progreso. Y, por tanto, como la que asegura una mejor la condición ciudadana y el respeto al Estado peruano.
