El próximo 6 de junio no será la fiesta democrática que debiera ser la segunda vuelta de la elección presidencial. El entrampamiento de los peruanos entre la opción con más rechazo sistemático en los últimos tiempos y la que plantea acabar con el Estado con la bolivariana excusa de su refundación así lo indica.
En efecto, el Sr. Castillo no sólo ha aparecido en el espectro electoral tan “súbitamente” como lo hizo el viejo Fujimori, sino que trae bajo el brazo un programa que no es de gobierno sino de destrucción del Estado y de conformación de otro como si la segunda vuelta fuera un referéndum innovador de la naturaleza de nuestra unidad política. Ese candidato presidencial, que se dice maestro, ignora las reglas básicas para generar cambios constitucionales de esa magnitud.
Para colmo, no es ese candidato presidencial el autor de dicho programa sino un subordinado del organizador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. En ese marco, el documento de propiedad intelectual de este autor condenado por la justicia por delitos comunes, propone que el Estado peruano debiera dejar de ser un Estado indivisible con un gobierno descentralizado y representativo para convertirse en una federación con gobiernos autónomos.
Tal planteamiento es una receta para la emergencia de movimiento separatistas en el norte y el sur además de vulnera los términos básicos de nuestra soberanía interna de una manera que ni siquiera los organizadores de la Confederación Perú-Bolivia del siglo XIX se atrevieron a plantear. Es más, la concepción de soberanía de Cerrón-Castillo-Perú Libre implicaría el abandono de la defensa territorial antisubversiva por la Fuerza Armada, el desconocimiento de fueros jurisdiccionales externos (especialmente los vinculados a los tratados internacionales de toda índole) y el fin de la participación nacional en operaciones de los “cascos azules” de la ONU.
Esa propuesta autodestructiva va acompañada, además, de un deslinde con el Derecho Internacional representado por su rechazo a la Convención del Mar y su recamo de un mar territorial de 200 millas. Ello viola la sentencia que estableció el límite marítimo con Chile que procedió, bajo explícita voluntad nacional, de acuerdo a los términos de la Convemar, implica el desconocimiento de ésta y agrede la plataforma fundamental de nuestra política exterior que establece un vínculo permanente con el Derecho Internacional.
Como si ello fuera poco, la propuesta de integración de Perú Libre se expresas de manera coincidente con el entendimiento que, sobre ella, mantienen Rafael Corea y Evo Morales. Es decir, no una integración para ampliar mercados y generar desarrollo sino una que se basa en la integración “de los pueblos” de carácter trasnacional. Ambientada en el Foro de Sao Paulo y que privilegia el trueque sobre el libre comercio en abierta confrontación de otro interés nacional permanente.
Y, sin más capacidad de poder que su propia fantasía, el Sr. Cerrón propone que el Sr. Castillo se pronuncie contra la OEA, las organizaciones internacionales de solución de controversias, el Grupo de Lima –a los que considera centros de dominio imperial- y hasta contra el Grupo de los 8 sin importarle si ello implica que el Perú confronte y hasta deje de formar parte de la comunidad internacional en casi todos sus frentes.
No contento con patrocinar la destrucción del Estado, los intereses nacionales y nuestra inserción externa a la vez que privilegia a la anacrónica ALBA y a Cuba (que patrocinó a Cerrón y a sus acompañantes), éstos se proponen también la destrucción de nuestras libertades –empezando por la de prensa- y nuestra economía subrayando expresamente la vigencia de Lenin y Fidel Castro.
En efecto, el progreso económico en el Perú deberá enmarcarse en una cierta “economía popular con mercados” en que la que éstos sólo son subsidiarios mientras que la riqueza es bienvenida sólo en tanto ésta sea “social”. En este planteamiento, propio de las reformas cubanas que no avanzan, el rol central corresponde al Estado empresarial que distribuirá los recursos, nacionalizará y estatizará todo lo que le parezca estratégico mientras altera radicalmente los términos de contratación con la inversión extranjera no en términos de conveniencia para el país sino de un ratio 80/20 fijo (algo parecido a la vieja Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena y del trato a la FDI en la época del gobierno militar).
Es claro que este conjunto de planteamientos podrían calificarse de trasnochados si el Perú no hubiese pasado ya por una experiencia de corte similar en los años 70 del siglo pasado que concluyó en fracaso total y que, esta vez, nos desprendería por completo de nuestros tenues vínculos con Occidente privilegiando la relación con China, Rusia, Cuba (que no acaba de empezar su proceso de transición tras el retiro de Raúl Castro) y con los países del ALBA.
A la luz de esta muestra de los planteamientos de Perú Libre, no se entiende cómo el organismo electoral, de supuesto arraigo democrático, pudo acoger a un programa que postula la quiebra del Estado y de la economía, el desconocimiento de libertades individuales, de intereses nacionales, de los términos de la soberanía y la emasculación de la proyección externa. Si el Sr. Castillo representa estos planteamientos, existe margen para dudar sobre la legalidad de su candidatura antidemocrática.
