16 de setiembre de 2022
Cuando el presidente Gustavo Petro asumió el gobierno de Colombia en agosto pasado, una mayoría parlamentaria basada en consensos negociados aseguraba un cierto sustento al Ejecutivo y un margen para despojar de la fantasía del “realismo mágico” a las propuestas más razonables del ex-candidato.
De asegurar ese objetivo, en el marco de una “nueva era” (la denominación escogida para el desempeño de un gobernante sin arraigo en los “partidos tradicionales”), se ocuparía un gabinete compuesto por varias personalidades de seriedad reconocida (en especial, los ministros de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores y de Defensa).
En este mes los proyectos de ley sometidos al Congreso y las políticas principales vinculadas al programa de gobierno han iniciado ya su fase de implementación.
Así, la prioridad del Sr. Petro (lograr la “paz total”) ha patrocinado, en La Habana, contactos con el ELN para formalizar la participación de ese grupo subversivo en los diálogos y negociaciones correspondientes. El logro principal ha consistido en la formalización del compromiso de esa organización armada, asentada en Venezuela y protegida por el dictador Maduro, para erigirse como negociador reconocido por sus aún eventuales interlocutores.
Sin embargo, el narcotráfico, negocio en el que están incorporadas la guerrilla y las organizaciones terroristas colombianas, sigue boyante en tanto a la denuncia por Petro del fracaso de la “guerra contra las drogas” no ha seguido una estrategia orgánica que procure la eliminación de la amenaza. Ésta, que debe reemplazar al Plan Colombia, se negocia en Bogotá y Washington con Estados Unidos. Sus resultados, a diferencia de sus planteamientos (cesar la erradicación y la fumigación para concentrase en la reducción de la demanda -un planteamiento muy antiguo-) no son conocidos aún.
Con un récord de 234 mil has. de coca (informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca citado en Los Angeles Times) y de productividad, el compás de espera sólo favorece un stock mayor de cocaína y, por tanto, enriquece a los narcotraficantes. Ésos, que han proliferado y se han esparcido a costa de los grandes carteles, gozan, de momento, de un escenario más libre para operar y para atrincherase o mimetizarse estimulados por las inmensas ganancias que logran mientras la pobreza y la inseguridad se esparcen en Colombia.
A ello se agrega el descontrol en siete departamentos agrícolas colombianos (pero especialmente en El Cauca), donde, bajo el eslogan “la tierra no es de quien la posee sino de quien la necesita” empleado en la campaña, la invasión de terrenos está proliferando de manera peligrosa. Y lo hace al punto de enfrentar a grupos indígenas con comunidades negras (afrodescendientes según el discurso oficial) que defienden su propiedad poniendo en peligro la reforma agraria que Petro debe implementar (El Espectador).
Mientras ello ocurre en el ámbito del orden interno, en el escenario fiscal el gobierno ya ha presentado un proyecto de reforma tributaria con el propósito de redistribuir la carga impositiva, mejorar la estabilidad fiscal, financiar las reformas y atenuar la desigualdad. Esa reforma parece moderada en tanto se orienta a reducir deducciones (p.e. en el caso de los que gana por encima de US$ 2323), gravar los más altos dividendos de empresas extranjeras y nacionales y a los altos patrimonios. Como se dijo en contexto.org en agosto, si la recaudación logra un nivel del 21.5% del PBI (vs el 19.7% actual) aún estaría por debajo del promedio latinoamericano de 21.9% según la OCDE. En consecuencia, en esta materia hay margen para actuar sin espantar a nadie.
Pero en el ámbito de la política exterior la apertura iniciada con el gobierno totalitario de Venezuela no parece haber adoptado las precauciones necesarias. En ese empeño, la próxima apertura de la frontera parece, hasta ahora, lo más razonable para retornar al alto nivel de integración fronteriza que existía antes de que Maduro la quebrara durante el duro gobierno de Iván Duque. En ese proceso, sin embargo, no parece estar atendiéndose el escandaloso problema migratorio ni el de manejo de ductos de hidrocarburos (ahora Venezuela parece desear que Colombia importe gas venezolano cuando antes ésta le vendía el hidrocarburo) (TE).
Según The Economist, Colombia alberga a 2.5 millones de migrantes venezolanos, Perú más de un millón (ACNUR), medio millón en Ecuador (R4V) y otra cantidad similar en Chile (ACNUR). La suma de estos migrantes en los países andinos (alrededor de 4.5 millones) es la proporción mayor de migrantes venezolanos en el total de 6.8 millones que han huido de la dictadura venezolana (TE).
Sobre esa situación inhumana el gobierno de Petro no ha dado señas de reconvención alguna (y, más bien, su nuevo embajador en Caracas parece desarrollar una diplomacia de guayabera). A pesar de las conversaciones habidas entre Estados Unidos y la jerarquía dictatorial para distender la relación con Venezuela en tiempos de crisis energética, mantener el statu quo en el problema de los migrantes de ese origen no es bueno para la región.
De otro lado, es pertinente señalar que Colombia no se presentó en la OEA a la votación en que la mayoría de los latinoamericanos emitieron una resolución condenatoria de la persecución de opositores, ONG y de religiosos por el dictador Ortega y a favor del retorno a la democracia en Nicaragua (CP/RES. 1203 12 de agosto de 2022 en la que se abstuvieron México, Bolivia, Honduras y El Salvador). Sobre el particular, el gobierno colombiano sólo esgrimió un pretexto, que no ha enmendado, dando a entender que la tendencia regional de solidaridad entre los gobiernos de izquierda sin importar sus mayores abusos, no ha merecido reconsideración por el gobierno de Petro. Perú, Chile y Argentina fueron la excepción en este punto.
En una región fragmentada y en la que casi todos sus Estados tienen serios problemas de gobernabilidad y de orientación, Colombia está lejos aún de ser la excepción.
