9 de diciembre de 2021
Desde que, en 1972, el gobierno de Velasco reanudó relaciones con Cuba las actividades de inteligencia y de promoción subversiva de la dictadura caribeña han formado parte de la agenda cotidiana en el trato bilateral.
A pesar de la Detente que gobernaba la Guerra Fría en esos años, la gestión de la crisis Norte-Sur no podía dejar de tener en cuenta la incansable injerencia cubana en la región ni ser indiferentes al rol desempeñado por Cuba como baluarte soviético en el Caribe. En el manejo de esa relación, la alerta, con altos y bajos, no podía dejar de ser constante.
Especialmente si el expansionismo cubano había intentado, sin éxito pero con efectos desestabilizadores, probar la teoría del “foquismo” en la región. Ésta se materializó dramáticamente en el vecino boliviano bajo el mando de uno sus oficiales más aventureros: el homicida Ché Guevara (capturado y eliminado en 1967 en Ñancahuazú) mientras la política cubana de “exportar la revolución”, nacida en los 60, cubría América Latina desde Guatemala hasta la Argentina (bajo otras circunstancias Chile sufriría, en 1973, las consecuencias del apego a la acción “solidaria” de los “compañeros” de la que la larga vista de Fidel Castro al vecino formó parte).
Y a nadie escapa que los movimientos guerrilleros en el Perú (los que organizaron Hugo Blanco y Béjar -el pretendido ex -canciller- fueron sólo un ejemplo) se produjeron, en buena medida, bajo el liderazgo de jóvenes radicalizados captados por la inteligencia cubana para ser entrenados en la Isla.
Es más, la inteligencia cubana llegó a ser parte del paisaje urbano sanisidrino gracias a nuestros sucesivos gobiernos que permitieron que la sede de la embajada habanera exhibiera en sus techos una verdadera selva de antenas de comunicación que adornaban la periferia del aristocrático Club de Golf de la zona.
En consecuencia, no debería sorprendernos que el nuevo embajador de Cuba en el Perú sea también una agente de la Dirección de Inteligencia de ese estado totalitario. Salvo por cuatro cuestiones fundamentales.
Primero, porque el embajador Carlos Rafael Zamora Rodríguez es, según información de prensa, un alto mando del departamento de América de esa agencia cuyas capacidades de infiltración, información y de subversión son tan extraordinarias como la progresiva autonomía operativa lograda por Cuba, en el sector, frente a la Unión Soviética en plena Guerra Fría.
Segundo, porque el mencionado embajador tiene una experiencia de campo que, pudiendo ser ventajosa para el país que lo recibe bajo condiciones normales, es peligrosa para el Perú dadas la persistente tendencia injerencista del gobierno cubano y las proclividades de Perú Libre.
En efecto, el embajador cubano no sólo ha “servido” en tres países vecinos sino que lo ha hecho cuando en esos países gobernaban (o gobiernan) regímenes afiliados o simpatizantes del castrismo. Al margen de sus misiones en Centroamérica (Panamá, El Salvador) o Ecuador en 1984, el señor Zamora ha estado a cargo de los asuntos de su país durante el gobierno de Lula en 2009 (fundador del Foro de Sao Paulo de gran efecto regional) y hoy proviene de Bolivia (Perú 21) donde prestó servicios de gran influencia durante el último gobierno de Evo Morales.
Tercero, porque ello ocurre justo cuando Morales desea formalizar, antes de Navidad en Cusco, la institucionalidad del Runasur “de los pueblos” como antesala de la refundación de la ya repudiada UNSAUR (el Perú, junto con otros países, se retiró de esa organización).
Cuarto, porque no cabe duda de que el nuevo embajador cubano será un muy eficiente agente castro-chavista en el “respaldo” al presidente Castillo y al castrista Sr. Cerrón. Su contribución a nuestra inserción eventual en el escenario del ALBA, del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla podrá ser determinante.
En otras palabras, el embajador cubano prestará servicios de subsistencia revolucionaria a un gobierno que necesita apoyos extraordinarios (externos e internos) y podrá orientar al gobierno a que el Perú se incorpore en una asociación estratégica indeseada.
Estas son razones muy poderosas para que el “plácet” que le ha conferido el gobierno fuera denegado o reorientado hacia una opción más benigna por la Cancillería en su labor de orientación al presidente (que es parte de su rol). Pero ello no ha no ha ocurrido.
En consecuencia, es imprescindible que el canciller cumpla con responder la solicitud de información y de explicación que, al respecto, le ha hecho llegar la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. De no hacerlo, estaría infringiendo las normas legales en que esa Comisión sustenta su pedido y el canciller cometiendo una insensatez adicional.
