En el 2010, año en el que la crisis del 2008 seguía zarandeando a la economía mundial, el gasto militar ascendió a US$ 1630 mil millones equivalentes a 1.6% de incremento en relación al 2009 según el SIPRI. Para colmo de males, dirán algunos, ese gasto ascendió a US$ 63.3 mil millones en Suramérica implicando un crecimiento de 5.8%, la mayor tasa inter-regional.
Sin embargo, la forma cómo se ha presentado estas cifras, especialmente las suramericanas, indicarían un comportamiento poco racional de los gobiernos suramericanos en tanto las amenazas convencionales son de baja intensidad en el área según el SIPRI. Al respecto, esa organización intenta una explicación refiriéndose al hecho de que Suramérica fue una de las áreas menos golpeadas por la crisis. Siendo ello cierto debió agregarse que el manejo razonablemente responsable de las economías por buena parte de los gobiernos suramericanos forma parte de esa explicación.
Ese complemento explicativo no es intrascendente porque da cuenta de una importante dosis de racionalidad en la gestión de una buena parte de los gobiernos suramericanos.
Sin embargo, si este argumento no fuera considerado relevante para el caso, debe tenerse en cuenta que la presentación del SIPRI no se ha ocupado de aclarar por adelantado en su informe que la compra de armas es diferente del gasto fijo del sector Defensa. La consecuencia de esa inadvertencia al inicio de una presentación de esta naturaleza implica, para el observador ligero, la percepción de que la referencia del SIPRI está dirigida importantemente dirigida al gasto en armas. Y no es esto lo que ocurre en la región ni en ninguna otra.
De allí a la reacción escandalizada hay un paso, como ha ocurrido en el Perú. Ello, a su vez, tiende a inducir políticas irracionales en el sector. Tal situación no ocurriría si instituciones tan respetadas como la organización sueca advirtiera, desde el principio, que la compra de armas es sólo uno de los muchísimos rubros involucrados en el gasto de Defensa y, en no pocos casos, suele ser el de menor incidencia. En lugar de ello, el SIPRI realiza esta aclaración en una nota “para los editores” (casi equivalente a un pie de página) al final de su publicación como ocurre en su último comunicado de prensa de 11 de abril.
En efecto, en esa nota postergada se afirma que por gasto militar se entiende “todo el gasto del gobierno en las fuerzas militares actuales y sus actividades, incluyendo salarios y beneficios, gastos de funcionamiento, compra de armas y equipamiento, construcción militar, investigación y desarrollo, y la administración central del comando y apoyo. (El) SIPRI, por lo tanto desalienta el uso de términos como ‘gasto en armas’ al referirse al gasto militar, ya que el gasto en armamentos es generalmente sólo una minoría del total” (1).
Normalmente este tipo de aclaraciones se adelantan para evitar una lectura inapropiada del contenido de la publicación y para asegurarse de que la información allí contenida será recogida apropiadamente. Lamentablemente la forma cruda y sorpresiva con en que se ha presentado esa información se presta para que ciertos políticos y medios malentiendan y transmitan percepciones distorsionadas del gasto militar.
Así, en el caso del Perú, el gobierno ha iniciado una campaña mediática y ha adoptado iniciativas regionales de cuestionable sustento estratégico sobre la base de estas grandes cifras agregadas. Ello contrasta fuertemente con una realidad de fuertes limitaciones económicas en el sector donde el sistema previsional y los sueldos salarios del personal, antes que el gasto en armamento, son hoy problemas principalísimos. En efecto, en claro contraste con lo dispuesto para la potenciación militar (unos insuficientes US$ 700 millones para un también insuficiente núcleo básico de Defensa en cinco años), hoy está en debate en el Perú el incremento de 20% de los sueldos y salarios del personal militar (que representaría apenas 0.2% del PBI) y la incapacidad administrativa para reestructurar la Caja de Pensiones Militar Policial cuyos malos manejos ha generado una déficit de más de US$ 400 millones (1300 millones de soles). A ello debe agregarse la adquisición este año de unos cuantos helicópteros indispensables para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (de los cuales sólo dos se han entregado). Agréguese los gastos fijos del sector y se constatará que no queda mucho para actividades básicas como entrenamiento o realización de maniobras.
Puede que ello contraste con la realidad del gasto militar en Brasil, Venezuela o Chile pero el caso peruano no es único en Suramérica. Por tanto, presentar la tasa de incremento de ese gasto (5.8%) como la mayor en el mundo sin mencionar el bajísimo punto de partida ni la diferencia anticipada con la compra de armas parece una ligereza o una irresponsabilidad en la metodología editorial de entidades internacionales de la máxima legitimidad en el área como es el caso del SIPRI.
Por lo demás, al margen de Chile –que se mantiene desde hace tiempo como la potencia dominante en el Pacífico sur suramericano- y de Venezuela –cuyo desgobierno aduce agresiones y amenazas de toda naturaleza-, es probable que el mayor gasto en adquisición o fabricación de armamentos lo realice Brasil.
Mientras esta potencia emergente reclama para sí la adquisición de un poder militar suficiente para sustentar su natural proyección global y su predominio regional (48% del territorio suramericano y el quinto en extensión en el mundo), otros incrementan capacidades no sólo para sostener estrategias disuasivas sino para disminuir la velocidad de su pérdida de posiciones en la jerarquía del poder militar global. Ello se realiza muchas veces a costa de otras actividades elementales, como investigación y desarrollo, permitiendo la ampliación de la brecha tecnológica ya no sólo con los centros de poder sino con las potencias emergentes cercanas. En el otro extremo del espectro están los Estados suramericanos que apenas pueden adquirir equipo para resguardar el orden interno o dar cuenta de la existencia formal de las Fuerza Armada no obstante la agresividad de las amenazas no convencionales y la subsistencia menor de amenazas convencionales.
Entre los países en desarrollo, esta situación contrasta con el África cuya tasa de crecimiento de gastos militares en el 2010 fue de de 5.2%. Estos países, como Angola, Argelia o Nigeria, se sitúan en un contexto de constante beligerancia que ha escalado este año especialmente en el norte de ese continente. Ciertamente este caso, en el que el gasto militar está correlacionado con el activismo bélico, es de peligrosidad mayor y no es correspondiente al caso suramericano que sigue siendo, en términos convencionales, la región más pacífica del mundo (salvo, quizás, Oceanía).
De otro lado y por las razones que fueren, el mayor crecimiento del gasto militar en Suramérica y África no se compara con el realizado por las grandes potencias. A pesar de que la tasa en ellas ha declinado, el quantum del gasto es abrumadoramente superior. Así, si en Estados Unidos la tasa de crecimiento disminuyó en el 2010 -2.8% frente a un promedio de crecimiento de 7.4% anual entre el 2001 y el 2009, la superpotencia sigue representando el 43% del gasto militar global. Ello equivales, según el SIPRI a seis veces el gasto de la potencia desafiante: China.
Un caso parecido, aunque menor en términos absolutos, es el de la Unión Europea donde la crisis obligó el año pasado a una disminución del gasto en -2.8% (bastante menos que lo que los programas de ajuste en varias potencias –como el Reino Unido- requerían desde la perspectiva exclusivamente económica).
En cambio, en el Medio Oriente, antes de las grandes revueltas internas de este año, el gasto volvió a crecer en el 2010 2.5% (US$ 111 mil millones) bastante por encima de la tasa global de 1.3%, la tasa más baja desde el 2001.
Finalmente debe decirse que siendo el promedio global entre el 2001 y 2009 de gasto militar 5.1%. éste está en línea con el promedio suramericano del 2010.
