Aunque la acción militar contra Siria ha sido diferida la amenaza de una intervención, con o sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, se mantiene. Si lo primero da un respiro al sistema internacional, la incertidumbre sigue siendo más que latente generando tensión general. Especialmente cuando se considera la escala que podría implicar el eventual ataque.
En efecto, el gobierno norteamericano ha hecho saber que la decisión de proceder aún no ha sido tomada (pero no ha anunciado un debate al respecto en el Congreso).
Y el Reino Unido ha decidido seguir un proceso previo que implica la consulta con el Parlamento y la discusión de una resolución ad hoc en el Consejo de Seguridad de la ONU. Al respecto, la iniciativa británica ya ha sido anunciada pero el Consejo de Seguridad no ha dado cuenta aún de su admisión mientras que Rusia considera que su consideración ahora es inapropiada en tanto la misión de la ONU en Siria no emita el debido reporte. Mientras tanto, la OTAN ha condenado el uso de armas químicas en Siria y ha decidido aguardar el informe de la ONU. Al respecto ha deplorando las dificultades que esa misión ha recibido del gobierno sirio pero sin acusarlo del uso de esas armas de destrucción masiva. De otro lado, la misión de la ONU en Damasco ha dejado saber que no ha culminado su tarea (algún reporte sugirió que lo haría el sábado) al tiempo que el gobierno sirio le ha solicitado que investigue también otros ataques químicos atribuidos a la oposición. Por lo demás, el enviado especial de la Liga Árabe y de la ONU a Siria, Lakhdar Brahimi, acaba de confirmar que cualquier acción punitiva requiere de la autorización del Consejo de Seguridad. Esa autoridad no ha contribuido al adelantado esclarecimiento del caso al no indicar qué agente químico dio muerte a cientos de personas en Siria y al referirse apenas a una sustancia aparente. De manera complementaria, el Sr. Brahimini declaró su preferencia por una solución política. Ello implica un cambio de énfasis de la Liga Árabe que originalmente había responsabilizado a Siria por el ataque del 21 de agosto. Este conjunto de hechos indica que la identificación de la sustancia material y del atacante es aún materia de discusión, que nadie aún (salvo Siria y quizás Rusia) consideran la posible implicancia de un agente de la oposición probablemente vinculado con el jihadismo y/o a Al Qaeda (situación que deberá considerarse tarde o temprano), que la racionalidad de una medida punitiva sobre Siria carece aún de sustento fáctico y jurídico y también de objetivo político o estratégico (el gobierno norteamericano ha aclarado que no pretende un cambio de régimen en Siria sino una punición que inhiba a ese gobierno de hacer uso “nuevamente” de armas químicas, pronunciamiento del que nos felicitamos porque la solución debe ser política).
En el marco de la incertidumbre, la racionalidad de la seguridad colectiva está adquiriendo una nueva fisonomía. Ello no se debe únicamente a la importancia de los aspectos morales y jurídicos en la materia sino a una mejor evaluación de cuáles serían las implicancias de un ataque a Siria bajo las actuales condiciones.
Entre ellas se contempla el costo de una nueva y eventual vulneración de la autoridad del Consejo de Seguridad bajo premisas aún opacas en momentos de fuerte activismo estratégico de potencias emergentes y reemergentes. La mayor pérdida del régimen central del sistema internacional es extremadamente peligrosa.
Por lo demás, entre esos factores, la pérdida de capacidad ordenadora de la única superpotencia no es asunto menor. Pero el proceso de progresiva anarquía regional implícito en el desborde del conflicto en el Medio Oriente quizás la supere. Éste conllevaría que los actores en el área puedan pasar de la fricción a la confrontación con mayor facilidad. Entre los aliados norteamericanos, éste es el caso de Turquía que desea la deposición de Assad y de Egipto que apoyaría a Siria. De otro lado, los principales financistas de la oposición siria en el Golfo (Arabia Saudita y Catar) serían confrontados por Irán.
En el peor escenario, este eslabonamiento de alianzas y contra-alianzas podría llevar al Norte de África, al Medio Oriente y a los países del Golfo a un tipo de dinamismo bélico semejante al que desencadenó la Primera Guerra Mundial. El proceso de escalamiento podría conducir a la involucración rusa en apoyo de Siria (que ya ha enviado buques de guerra al Mediterráneo adicionales a los que ya tenía apostados allí como lo ha hecho Estados Unidos) y contra Arabia Saudita en un ambiente de enorme predisposición a la militancia beligerante. En ese proceso, el compromiso de Egipto del lado de los “aliados de Occidente” podría inhibirse (si es que ello no ha ocurrido ya).
Este escenario catastrófico, que es perfectamente evitable, opera en el marco de otro que es inevitable (o, peor, ya realizado): el reacomodo de los alineamientos en el Medio Oriente y Norte de África no sólo es radical sino religioso y no está desligado del intenso faccionalismo que define la conflictividad interna en esos países algunos de los cuales, como Libia y Siria, obviamente son ya estados fallidos.
Ese proceso de anarquía, en el que las facciones emergen como agentes superiores de poder (el Hezbollah, el Hamas, los jihadistas egipcios, los distintos miembros de la oposición siria como antes lo fueron los de la oposición libia), se agudizaría con un ataque meramente punitivo a Siria. En ese marco, las conversaciones entre palestinos e israelíes –que busca una solución en base a dos Estados, pasarían de su fase retórica actual a su desvanecimiento. De allí la importancia de que cualquiera que sea la acción futura, ésta conduzca a una negociación para restablecer el orden interno en Siria y luego, en los demás Estados del área.
De otro lado, el antagonismo ruso-norteamericano en la zona escalaría implicando el uso de armas de superior tecnología (especialmente, de sistemas antiaéreos) activando el conflicto en otras regiones y reinstalando en el mundo una nueva contienda estratégica. A diferencia de la Guerra Fría, esta vez América Latina quedaría activamente afectada por la conducta de Estados asociados a Cuba y Venezuela al tiempo que la división en la región se acentuaría. Un ataque precipitado acentuaría también la fricción sino-norteamericana con efectos extremadamente peligrosos el Norte y Sureste asiáticos cuando Estados Unidos “pivotea” hacia esa zona (en tránsito que pudiera resultar fallido).
Por ello es indispensable que el Consejo de Seguridad decida el caso del ataque químico en Siria. Esto es, que identifique a los autores reales (entre los cuales no puede descartarse de antemano a Al Qaeda que, de manera fortalecida, es miembro de la oposición siria), que esclarezca el conjunto de hechos similares que podrían haberse realizado y determine el curso a seguir.
Si el Consejo de Seguridad se declara impotente en la materia, el derecho de proteger podría ser invocado involucrando a gran parte de la comunidad internacional. En ese marco, la convocatoria podría ser liderada con mayor legitimidad por Estados Unidos y Occidente. El Perú debería participar en esa acción como un país estratégica y legalmente interesado en la no proliferación química ni biológica. De no hacerlo, el Perú (y otros en igual situación) haría sitio a las consecuencias de la beligerancia islámica en la región que adquiriría mayor intensidad y presencia en el área.
A la luz del fraccionamiento latinoamericano, la participación de los países del área en las organizaciones de la ONU debería ser, en este caso, singular y en asociaciones organizadas por intereses y convicciones realmente convergentes.
