Refundación del CNI

El servicio de Inteligencia es una institución fundamental del Estado en tanto que la gestión de información sensible es vital para su existencia y para la adecuada administración gubernamental. Vinculado generalmente al estamento de seguridad ­aunque no sólo a él­ el servicio de inteligencia puede ser utilizado para el bien público previniendo amenazas a la Nación y el Estado o para servir perversamente al régimen.

Luego de una década en que la razón de Estado necesaria para la defensa interna fue sustituida por la corrupción gubernamental y sus excesos como racionalidad del SIN, este gobierno no ha podido devolver al CNI una razón de ser indispensable para su adecuada vigencia. Siete jefes de inteligencia en apenas dos años de administración democrática, indescifrables pugnas internas, pérdida sustancial de logística y financiamiento, remanencia de funcionarios del régimen autocrático, incorporación de personal sin conocimiento ni experiencia e incapacidad en la dirección y la gestión son algunos de los factores que han hecho de este servicio un peligro público.

Si el límite de la tolerancia con el CNI fue superado hace ya bastante tiempo, el escándalo derivado del complot contra un miembro destacado del gabinete (el ministro del Interior), la interacción perversa con los medios de comunicación (a los que se ha filtrado información, tendenciosa o no, en cantidades probablemente superiores a las dadas a conocer), la manipulación y porosidad de la organización de imprevisibles consecuencias y la incapacidad de sus jefes, indican que su clausura temporal es el mal menor que debemos sufragar en el entendido de que la institución va a ser efectivamente reestructurada.

Y acentuamos esta condición porque el Perú, siendo un país chico, es objeto de amenazas manifiestas, como las provenientes del terrorismo y del narcotráfico, que hacen de la eficiente reestructuración del CNI una prioridad nacional de la más alta urgencia. A estos efectos, el esfuerzo de cuatro respetables ciudadanos entre los que quizás sólo dos tienen conocimiento profesional de inteligencia y seguridad será insuficiente. Por ello la convocatoria de la asistencia externa puede ser determinante pero sólo para dar los primeros pasos reestructuradores.

Esa insuficiencia es más evidente si se entiende que la reestructuración del CNI debe suponer su refundación. El esfuerzo a emprenderse no concierne sólo al diseño y reglamentación de sus tareas sino a la convocatoria y entrenamiento de nuevo personal y al reequipamiento indispensable. En medio de la emergencia, ello supondría el largo plazo.

En este dilema está el gran desafío estratégico: ¿deben apurarse los trabajos renovadores con el propósito de lograr un servicio de inteligencia nacional en los 90 días programados o, atendiendo a los requerimientos de largo plazo, debemos confiar en la capacidad de los servicios de las fuerzas armadas y policiales en ese mismo horizonte?

Si tenemos en cuenta que el mayor apremio de las amenazas que confronta el Estado son de naturaleza interna y global, los servicios militares no serían los más apropiados para asumir la posta en un término superior al corto plazo. En tanto su cometido es la defensa ­y aunque esa fuerza entiende que hay elementos de la misma que son de carácter interno­, su racionalidad está volcada hacia fuera. De otro lado, los servicios policiales están más dedicados al orden interno que a controlar la amenaza global, como lo es la proyección del narcotráfico, del terrorismo, el tráfico de armas, la amenaza económica, entre otras. Si se atiende sólo a la función tradicional, ninguna de estas fuerzas serían las más apropiadas para sustituir al CNI en el mediano y largo plazo.

Pero quizás esa es demasiada disquisición para una realidad precaria como la nuestra: el CNI era un forado para la seguridad nacional y, nominalmente, ya no está operativo. Por lo tanto, la opción temporal por las fuerzas armadas y policiales es la única. Los riesgos, sin embargo, no sólo son funcionales. Los ministerios de Defensa y del Interior adquirirán una fuerza inusitada al tiempo que las fuerzas armadas y policiales ­que no están satisfechas con su situación actual­ se convierten en el soporte de un régimen con menos de 10% de aprobación y sin base política suficiente.

Si se opta por la refundación del CNI (el mediano y largo plazo), el Ejecutivo tendrá que incrementar el control democrático de la fuerza y, simultáneamente, asegurar términos de cooperación de la misma que incrementen la confianza ciudadana en momentos de inestabilidad regional y global. Ello implica incrementar la capacidad de mando del Ejecutivo, la demostración cotidiana de la predisposición cívica de la institución militar y una mayor conciencia ciudadana de su responsabilidad nacional. Si se opta por la refundación del CNI, como se debe, entraremos a una nueva etapa de la vida nacional.