Cuando en octubre pasado la presión popular boliviana obligó a renunciar al presidente Sánchez de Lozada, y el presidente Mesa, en un contexto de fragmentación interna y beligerancia externa, radicalizó el reclamo de la reivindicación marítima, los peruanos estábamos sobradamente al tanto de la ampliación de la brecha estratégica con el vecino del sur derivada de un desequilibrante programa de compra de armamentos. El malestar trinacional -que Cancillería procuró controlar y revertir con su par chilena- se incrementó además por el público despliegue de la sensación de "aislamiento" con que los medios de comunicación santiagueños caracterizaron el clima de seguridad que vivía su país.
Cuatro meses más tarde encontramos una relación boliviano-chilena en vías de normalización (aunque la tensión y volatilidad no ha desaparecido), la peruano-chilena orientada a un necesario sinceramiento en el acápite militar y la peruano-boliviana en proceso de redefinición con propósitos renovadores. El cuadro de situación ha mejorado en apariencia.
Pero los actores no han evolucionado correspondientemente.
En efecto, Bolivia tiene una gobierno legitimado, una reforma constitucional en marcha y ha relanzado su empresa gasífera, pero las fuerzas de fragmentación continúan presentes (la agresividad de los líderes irracionales sigue amenazando al gobierno, el programa económico es fuertemente contestado, y hasta el estamento empresarial ha atizado la división entre La Paz y Santa Cruz). Y el Perú no sólo ha perdido la calidad del país más estable de la subregión andina sino que la continuidad de su gobierno ha sido cuestionada abiertamente por la clase política, mientras el malestar social se expresa en movilizaciones laborales y hasta empresariales que, de no parar ya, podrían adquirir una vida propia. Si sólo Chile emite signos de estabilidad, la brecha estratégica se seguirá ampliando a su favor... pero con ayuda nuestra.
En esta perspectiva, los esfuerzos estabilizadores externos adquieren una importancia mayor. Entre ello se encuentra la reunión técnica entre los vicecancilleres de Bolivia y Chile realizada en Santiago a mediados de mes que ha reabierto el contacto institucional entre ambos países. Si en ella Bolivia no tocó el problema marítimo -postergándolo para una eventual reunión de cancilleres o de presidentes- y acudió en el entendido de que se parlamentaría "sin condiciones ni exclusiones", se limitó a discutir la privatización del puerto de Arica (que, a su juicio, podría complicar las facilidades de libre tránsito establecidas en el tratado de 1904) y de las aguas del Silala (Bolivia desea cobrar por su uso en el entendido de que se trata de un manantial canalizado, mientras Chile considera que es un río de curso sucesivo). Las reuniones continuarán en marzo y abril, posiblemente incluyendo el tema comercial (Bolivia no desea un tratado de libre comercio y Chile sí). Estas conversaciones son buenas para los tres países.
E igualmente positivo es el hecho de que el gobierno del Perú se haya decidido a comprar dos fragatas Lupo con opción a dos más y a recuperar parte de la flota de la FAP en un contexto de explícito reconocimiento de que existe una brecha estratégica con Chile que es necesario equilibrar (lo que no implica necesariamente paridad). A estos efectos falta uniformizar el lenguaje y la percepción del problema entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa (la metáfora de la "brecha tecnológica" no sirve al respecto) y cambiar la política en la materia (hasta ahora basada en la generación de medidas de confianza sustentadas sólo diplomáticamente), teniendo en cuenta que las partes no se encuentran en una carrera armamentista.
A su vez, Cancillería y Palacio no pueden desconocer que el equilibrio militar forma parte de las relaciones internacionales aun entre países pequeños y que la seguridad consecuente permite liberar fuerzas para la cooperación. Una buena relación con Chile -que se puede consolidar en la próxima reunión de ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de la que el Cosede puede resultar fortalecido- pasa por el campo operativo de la lucha conjunta contra el narcotráfico, el contrabando, el patrullaje marítimo, el desminado, maniobras con terceros y la participación de misiones de seguridad colectiva en Haití o Chipre, por ejemplo. En este contexto de equilibrio bilateral, estabilidad regional y cooperación podremos tratar mejor nuestros diferendos.
