Aun en el ámbito del disenso sobre las motivaciones, la legalidad y la eficacia con que se ha conducido la guerra en Irak, el reciente traspaso del poder a una autoridad local aprobada por la ONU debe contribuir a la estabilización del área y a afirmar la convergencia en la solución de este conflicto. La condición para que ello ocurra es la rápida evolución de la ficción jurídica de la devolución de la soberanía hacia su ejercicio efectivo por la autoridad iraquí, aunque fuera de manera parcial, y la presencia eficaz de la fuerza multinacional.
Entre los países árabes, la reacción no ha sido unánimemente aprobatoria, pero el inicio del cumplimiento de la Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de la ONU, ha estimulado en algunos de ellos una disposición a la cooperación militar (Jordania), o política (Egipto, Kuwait) que atenuará las diferencias con países como Siria.Y, en tanto, la Resolución de la ONU llama explícitamente a las organizaciones regionales a cooperar con la nueva autoridad iraquí y a luchar contra las fuerzas terroristas que llegan Irak, la Liga Árabe no podrá regatear por mucho tiempo su apoyo formal. Mientras tanto, gobiernos como el de Arabia Saudita tendrán un estímulo adicional para luchar contra Al Qaeda a la que han financiado. Y, dentro de Irak, los beligerantes que no provienen de organizaciones terroristas o del crimen organizado, como las fuerzas remanentes del régimen de Hussein o de las facciones que desean compartir el poder, tendrán un incentivo para facilitar el proceso de transición que conduzca a la la elección de un gobierno soberano a fines del 2005 aun en el marco de la violencia.
A este efecto estabilizador se añade el incremento de la participación de las organizaciones de seguridad colectiva. Entre ellas destaca el propio Consejo de Seguridad de la ONU cuya vocación consensual se ha expresado por unanimidad en la Resolucíon 1546 que aprueba al gobierno iraquí, establece los términos de la transición democrática, devuelve los recursos naturales y financieros –bajo supervisión- y procura la reconstitución de las fuerzas de seguridad iraquíes. Ello incluye la aprobación del rol de la fuerza multinacional predominantemente norteamearicana presente, esta vez, “a solicitud” del gobierno local.
Los mecanismos regionales de seguridad colectiva han encontrado, a su vez, un rol adicional dependiendo de su capacidad. La expresa solicitud de cooperación a estos organismos otorga una nueva responsabilidad a la OTAN. Ésta ha tenido que deponer sus divisiones para comprometerse con el entrenamiento de la fuerza iraquí (lo que ocurrirá,eventualmente, en el terreno). Los efectos indirectos de ese llamado se sentirá en otros organismos regionales –como el interamericano- estimulando la participación en operaciones de mantenimiento de la paz (como en el caso de Haití, donde participarán fuerzas peruanas entre otras latinoamericanas bajo liderazgo brasileño).
El traspaso de poder en Irak ha inducido también la reducción de los precios del petróleo. Aunque éstos no regresen a la banda US$24-US$28 establecida por la OPEP, la seguridad de la mayor oferta iraquí si se protegen las líneas de suministro, reducirá la presión inflacionaria y amortiguará el proceso de incremento de las tasas de interés en que se ha embarcado el FED. Ello sin contar aún las posibilidades que se abren en el Medio Oriente si fluye la cooperación económica prometida y si la reforma estimula el mercado regional.
En el largo plazo, las posibilidades de que la reforma política se extienda en el Medio Oriente han renacido. Ello dependerá de que el actual gobierno transitorio tenga éxito, que la fuerza multinacional se mantenga en el sitio por el tiempo que sea necesario y de que se reemprenda las negociaciones palestino-israelíes sin cuya avance no se habrá logrado demasiado.
Sin embargo la variable principal seguirá siendo la presencia norteamericana en la zona que, aunque no se retraerá, ingresará a una fase complicada por las elecciones de fin de año y por la necesidad de explicar las gruesas fallas de inteligencia y estratégicas que llevaron a la decisión de desactivar una amenaza que no correspondió finalmente a la presencia de armas de destrucción masiva y que condujo a la sobrestimación de la capacidad de la fuerza expedicionaria y la subestimación de las complicaciones en el terreno. A explicar la primera falla deben contribuir también la ONU y las grandes potencias cuyos sistemas de inteligencia mantuvieron hasta el final (Resolución 1441) la hipótesis de la existencia de dichas armas. Ciertamente el mundo está mejor con la deposición de un genocida que ejerció sistemáticamente el terrorismo de Estado, pero la implementación militar de la seguridad colectiva no puede llevarse a cabo sobre premisas falsas sin pérdida de legitimidad por el organismo que la ampara y la potencia que lo lidera aunque ésta no tenga reemplazo.
