La presión externa y la movilización interna para que los venezolanos puedan decidir la revocación del Presidente Maduro se ha incrementado considerablemente en estos días. Esta vía constitucional para impedir que una dictadura sui generis prosiga con la destrucción del Estado y la pauperización de su sociedad es claramente preferible al definitivo conflicto civil o al golpe de Estado.
Al respecto, miembros del sistema interamericano han invocado conjuntamente al gobierno de Maduro que facilite el referendo revocatorio de acuerdo a ley y sin demora como instrumento necesario para procurar “soluciones duraderas”. Lo extraordinario de ese pronunciamiento es que se ha realizado al margen de los países del ALBA y de los Estados caribeños que votan con esa agrupación.
Ello indica que los quince países que se han pronunciado no estarían dispuestos a aceptar el chantaje paralizante de los aliados venezolanos y habrían decidido un curso de acción concordante con el informe sobre Venezuela presentado por el Secretario General de la OEA en aplicación de la Carta Democrática.
Dado que la separación de ese país del sistema interamericano por quiebra no revertida del orden constitucional (que otros refieren como ruptura del contrato social) no es viable sin el concurso de todos los miembros de la OEA, la invocación de este grupo de países sensatos, que siguen optando por un “diálogo eficaz”, sólo podría ser seguido por medidas de presión singulares. La pregunta al respecto es si están dispuestos a hacerlo.
Por lo demás, esta acción colectiva cuestiona implícitamente la decisión del UNASUR de facilitar la permanencia de Maduro en el poder mediante un farsesco diálogo promovido por socios ideológicos al amparo de la siempre malentendida solidaridad suramericana.
A esa decisión se ha sumado los miembros del MERCOSUR (salvo en un caso) que desean impedir que la presidencia del grupo sea asumida por Venezuela (cuya membresía fue patrocinada por Brasil y Argentina cuando eran gobernados por las señoras Rousseff y Fernández). Esos países sin embargo no han aplicado a Venezuela la cláusula democrática que permite su separación.
Finalmente, el Perú ha cambiado de posición al respecto conforme cambió el gobierno cuando el Congreso (que emitió un pronunciamiento de solidaridad con la oposición venezolana) y el Presidente Kuczynski recibieron al líder opositor Henrique Capriles. El Presidente reiteró a Capriles su voluntad de ayudar en la solución de la crisis venezolana en clara diferencia con el ex –presidente Humala que no sólo no lo recibió sino que su Canciller, siendo el Perú presidente rotativo de UNASUR, dio pase a diálogo incondicional que es hoy parte del problema.
En este marco de mayor presión externa se realizará en Venezuela la marcha del 1º de setiembre a favor de la realización oportuna del referendo revocatorio de Maduro que implique la discontinuidad de su gobierno. De ese gobierno militarizado y enroscado en el poder depende que no haya violencia.
(Publicado en Gestión).
