Precisión y Prudencia en el Escudo de Las Américas

21 de julio de 2026

En el marco de las prioridades inmediatas de su futuro gobierno la presidenta electa Keiko Fujimori ha expresado su disposición a promover el ingreso del Perú al régimen regional de combate contra el crimen organizado denominado Escudo de las Américas. La dimensión y naturaleza trasnacional de esa amenaza y los altos índices de inseguridad ciudadana localmente percibida indican que la cooperación hemisférica para luchar contra ese tipo de criminalidad es necesaria. Sin embargo, sus términos deben ser precisados. Especialmente si ésta implica el uso de la fuerza militar.

Veamos primero el origen del régimen. Patrocinado por Estados Unidos, el Escudo de las Américas se configuró en una cumbre presidencial de trece países americanos realizada en Florida en marzo pasado con el propósito más específico de confrontar a los carteles del narcotráfico declarados como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno norteamericano.

A este esquema se incorporará también Colombia (cuyo presidente no asistió a la reunión) según lo anuncia el presidente electo Abelardo de la Espriella. México y Brasil, países en los que, con la mayor intensidad, operan los carteles no han acompañado hasta ahora a los suscriptores originales: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad Tobago.

De otro lado, al margen de la influencia incontrastable de Estados Unidos en la forja del régimen y de la magnitud de la amenaza, la masa crítica de intereses convergentes que congrega a esos países encuentra un factor congregante en el sesgo político de sus gobiernos (la nueva derecha que se arraiga en la región).

Esa filiación ideológica puede ser útil para el impulso inicial del régimen, pero puede devenir en un factor disgregante si contribuye a consolidar la auto-exclusión de México y Brasil y si el régimen se muestra vulnerable a un cambio eventual del ciclo político en Estados Unidos y en la región. Dada la importancia estratégica del compromiso de los estados participantes, el peso del componente ideológico del Escudo de las Américas debe atenuarse.

Lo mismo debe ocurrir con la dimensión hegemónica del régimen tan marcada por el “corolario Donroe” de las doctrinas de seguridad y defensa de Estados Unidos. Como se sabe, ese corolario implica la primacía del interés norteamericano en el área y la exclusión de competidores extra-regionales.

Atenuar la magnitud de esa influencia es aún más necesario si esa primacía no se limita a la iniciativa fundacional del régimen sino que se refleja también en la definición de objetivos. Al margen de los sensatos propósitos generales de destrucción de carteles y de recuperación de la soberanía perdida por acción de esas entidades, las condiciones de la cooperación militar (movilización y entrenamiento norteamericanos según el propio presidente Trump) no alude a los requerimientos específicos que cada país pueda reclamar según sus necesidades e intereses. Estos requerimientos deben ser atendidos si la cooperación estratégica va a ser real evitando excesos de una autoridad externa dominante.

Especialmente si, además de la doctrina de seguridad en que se enmarca la cooperación (definida como coordinación), el concepto de estabilidad regional a generarse está permeado por la explícita propuesta norteamericana de lograr la “paz a través de la fuerza”. El recurso legítimo al uso de la fuerza es ciertamente necesario en esta materia pero debe estar regulado por un marco legal y sometido a las prevenciones requeridas para evitar el empleo arbitrario de esa atribución en los estados suramericanos. Éstos no requieren del tipo de interdicción con la que Estados Unidos opera en el Pacífico del norte subregional y en el Caribe. Y mucho menos de prácticas de “decapitación” y empleo de fuerza aérea sobre objetivos urbanos que se evidencia en otras regiones (como el Medio Oriente).

Si el concepto de “paz a través de la fuerza” parece razonable en casos extremos, su contenido operativo debe precisarse. Esta precisión no se ha realizado en la reunión de los ministros de Defensa convocada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos en Florida (5 de marzo) antes de la cumbre presidencial. En aquella reunión, a diferencia de la cumbre de mandatarios, sí participó el ministro de Defensa peruano señalando una aprobación anticipada del concepto mencionado.

En ese marco se expresó, de manera extremadamente general, la necesidad de que cooperación dentro de la “coalición” se oriente a combatir el narco-terrorismo y a propósitos de seguridad fronteriza, de infraestructura y otras áreas a determinarse. Si bien el concurso de las fuerzas armadas es necesaria en esos emprendimientos, la militarización del esfuerzo anti-carteles y anti-narcotráfico es asunto a evaluar con mayor prudencia.

Especialmente si, al respecto, se deja al margen la labor de los ministerios del Interior y programas necesarios de desarrollo alternativo y de reducción de la demanda de narcóticos como complementos de la erradicación de cultivos ilegales.

Por lo demás, si en ese contexto militarizado Estados Unidos propone una nueva alianza contra el terrorismo político de extrema izquierda sin establecer los límites con el esfuerzo anti-narcoterrorista del Escudo de las Américas la precaución al respecto debe incrementarse.

Finalmente, si las indispensable reuniones hemisféricas de ministros de Defensa parecen haber adquirido vida propia (las instituciones surgidas de la conformación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca -TIAR- como la Junta Interamericana de Defensa -JID- han sido relegadas a labores secundarias), es indispensable que las respectivas fuerzas armadas procedan a informar adecuadamente sobre su aparente nuevo rol no convencional en la región.

La presidente electa debe proceder a incorporar al Perú al Escudo de las Américas con la prudencia que exige una adecuada cooperación interamericana de seguridad, la participación la fuerza armada en la lucha contra el crimen organizado y la necesaria recuperación de la soberanía sustraída por los carteles.