La crisis económica y financiera generada en Estados Unidos y la Unión Europea muestra ya sus primeros efectos en América Latina. A la preocupación expresada por la CEPAL sobre el efecto devaluatorio de las reservas de la región (más de US$ 728 mil millones pertenecientes al 2º tenedor de bonos del Tesoro en el mundo) derivada del mal manejo de la elevación del techo de la deuda norteamericana (dinámica que interactúa con la tendencia a la apreciación de las monedas por extraordinario ingreso de divisas y también con globales devaluaciones competitivas), se suma ahora la alerta sobre pérdida de competitividad en el conjunto regional superando el ámbito de México y el Caribe como principal zona afectada.
Para evaluar esta situación y, eventualmente, para adoptar medidas colectivas de carácter preventivo los ministros de Hacienda del MERCOSUR se han reunido en Argentina. Sin embargo, la adopción de medidas defensivas unilaterales en el área aparece como una preocupante realidad.
Así, la solicitud de gremios de exportadores peruanos para concretar una alianza estratégica con el gobierno para procurar un entorno “que nos coloque a la par de otros países” sigue a la concreción del plan “Brasil más grande” adoptado ya por la Presidenta Dilma Rousseff.
Aunque, aparentemente temporal (varias de sus medidas han sido adoptadas con un plazo que caduca en el 2012) este plan no parece ser sólo el germen de una política industrial sino una nueva política industrial además de tecnológica, de servicios y de comercio exterior según los medios.
Al no hacer referencia a las normas de la OMC que permiten medidas antidumping (cuando los precios de los exportaciones que afectan el mercado local son inferiores a los del mercado de origen) y de salvaguarda (cuando las importaciones aumentan de manera tal que causan o amenazan causar hace daño a una rama de producción nacional), el plan brasileño de US$ 16 mil millones ha sido presentado abiertamente como un mecanismo de defensa de la industria nacional a la luz del declive sectorial en junio de -1,6%.
Ese plan, que está dirigido a prevenir daños a la industria más expuesta a las distorsiones del mercado externo (automóviles, textiles, calzado, software, etc) reducirá impuestos, controlará el excesivo ingreso de divisas sin devaluar el real y beneficiará a los productos de origen brasileño mediante compras estatales con un precio superior de 25%. Estas medias serán complementadas con líneas de crédito baratas para las pymes otorgadas por un fondo de US$ 48 mil millones que administrará el Banco Nacional de Desarrollo.
Es más, el plan tiene una dimensión estratégica adicional a la meramente sectorial: la defensa del mercado interno que ha permitido al Brasil (como a otras economías de la región) salvar exitosamente la crisis de 2008-2009. Así lo ha presentado la presidenta Rousseff.
Ello se logrará manteniendo un cierto status (no se afectará la fortaleza del real en tanto el gobierno estima que Brasil pertenece ya a los países de moneda fuerte y sanas cuentas fiscales y, nominalmente, sin afectar compromisos externos (no dañará los acuerdos de libre especialmente los suscritos con el MERCOSUR y los más específicos que Brasil mantiene con Argentina (cuestión que queda por evaluar).
Bajo circunstancias de grave riesgo cada Estado tiene el derecho -y está en la obligación- de resguardar su economía. Pero debe hacerlo procurando no afectar a los socios ni agregar inestabilidad al sistema.
Al respecto, los ministros de Hacienda de UNASUR que se reúnen en Argentina deben asegurarse que esto último no ocurra. Ello implica abstenerse de inducir devaluaciones unilaterales y de discriminar exportaciones de socios que no generan daño a la producción nacional. De lo contrario, la región podría contribuir a generar una reacción encadena que agrave la crisis. Los ejemplos de texto los encontramos en la catastrófica gestión de la crisis de 1929. Las políticas industriales deben evitar ese abismo.
