La relación mutuamente influyente entre política exterior e interna es una realidad cotidiana pero su práctica es circunstancial. El ejercicio de esa práctica suele ser crítico cuando el interés nacional involucrado es primario y la política exterior se entiende como una función de la interna borrando todo límite entre una y otra.
Para demostrar el punto, allí está la interrelación entre la dinámica electoral norteamericana y la guerra en Irak o la dramatización externa del reclamo mediterráneo boliviano como resultado de la renuncia forzada del presidente Sánchez de Lozada. Si en el Perú el avance en el intento de solución de la controversia marítima con Chile no obedece a esos parámetros, sí se da en un marco de debilidad interna y la oportunidad elegida está marcada por la crisis de la relación chileno-boliviana absorbiendo esa influencia, lo que contribuye a determinar la respuesta del vecino.
Sin embargo, una vez expuesto el interés nacional sólo queda defenderlo colectivamente con la mayor responsabilidad. Y ésta pasa por fortalecer la posición jurídica peruana adhiriendo a la ley universal que rige la materia –la Convención del Mar-, procediendo prudentemente a restabler un equilibrio estratégico cooperativo en el Pacífico sur suramericano e intensificando la interdependencia en términos mutuamente beneficiosos para las partes.
Si el segundo requerimiento depende del Ejecutivo y el tercero de la eficiente complementariedad de los sectores público y privado, el primero depende del Congreso. Sin embargo, si la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo ya tiene listo un dictamen “favorable” a la adhesión pero cuya realización dependerá de un referendum, la Comisión puede estar cumpliendo con la ley pero no con sus responsabilidades.
Si la Comisión opina a favor de la adhesión a la Convención debe proceder a la modificación constitucional necesaria en dos legislaturas. Si opta, como desea, por delegar su responsabilidad a una consulta nacional estará promoviendo un debate pasional entre los defensores de una anacrónica soberanía absoluta que piensan que el Perú debe ser el único país en el mundo ostentador de un mar territorial de 200 millas y los que sostienen que la soberanía y jursdicción en el mar peruano, siendo relativa y modal en ese espacio, se ejerce sobre todos los recursos pero sobre un menor territorio según lo reconoce la Convención y la voluntad económica expresada en 1947.
En circunstancias de inestabilidad interna y en un contexto vecinal que ya ha probado que la política exterior puede ser secuestrada por la interna, la apelación al referendum es una invitación a que sectores irracionales aprovechen la buena fe de los sensatos y la carga nacionalista de la materia para impulsar su propio protagonismo inflexibilizando la posición peruana e impidiendo, en consecuencuencia, el fortalecimiento de la posición jurídica nacional en el tema delimitatorio. El Congreso, y, por ende, los partidos políticos, tienen acá una responsabilidad inescapable si no desean deteriorar más la democracia representativa ni distorsionar adicionalmente los fundamentos de nuestra política exterior confundiéndola con la interna.
