A la luz de los extraordinarios problemas que embargan a Bolivia -y en menor medida a Perú-, éstos no son tiempos para la “diplomacia de gran diseño” sino de solución de problemas concretos que afectan los términos de sobrevivencia de ambos Estados. Sin embargo, “gran diplomacia” es lo que tendremos el 3 y 4 de agosto con la suscripción de un acuerdo de integración profunda peruano- boliviano y de una carta de intención para la exportación del gas de ambos países por puertos peruanos.
En efecto, asumiendo en apariencia que el acuerdo de libre comercio vigente entre ambas partes ha generado intensa interdependencia (cuando el intercambio bilateral no llega al 5%) y que se han superado instancias intermedias de integración (cuando las partes no conforman una unión aduanera), Perú y Bolivia han decidido organizar un mercado común (que, en teoría, supone libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas).
Ciertamente hoy tenemos más comercio, pero más contrabando (el que concierne a Iquique-Bolivia-Juliaca se estima en US$ 600 millones). Y también un flujo mayor de personas (50 mil peruanos en El Alto), pero más migraciones indeseadas (núcleos delincuenciales peruanos y brumosos cocaleros e indigenistas bolivianos). Y en cuanto al flujo de capitales, la sana inversión peruana en Bolivia encabezada por el sector bancario (que no tiene reciprocidad) puede ser superada por el flujo de divisas provenientes del narcotráfico. Que se sepa, esta creciente interdependencia negativa –que genera vulnerabilidad y que requiere de acciones depuradoras específicas- no es materia de estos acuerdos. Como tampoco lo son las correcciones a las alarmantes señas de fragmentación que emite nuestro vecino.
Parte del problema del predominio de la diplomacia de “gran diseño” sobre la que soluciona problemas se debe a que el sobredimensionamiento de la relación peruano-boliviano no es circunstancial sino tendencial. Si miramos sólo el pasado cercano, aquélla ha sido la constante de los últimos 30 años mientras los resultados concretos, la excepción (como, p.e. la excelente Autoridad Autónoma que maneja la cuenca del lago Titicaca). En efecto, si el Programa de Acción de Puno fue el gran intento sistematizador de la relación bilateral de la segunda mitad de lo 80, los acuerdos de Ilo lo fueron en los 90. Pues bien, del primero queda un registro burocrático cuya mejor expresión son excepcionales e ineficaces reuniones entre los respectivos gabinetes. Y de los segundos, se ha heredado una excelente carretera (Ilo-Desaguadero-La Paz que ha dinamizado el comercio de Matarani) pero también la herrumbre de la zona franca industrial y turística concedida a Bolivia hace una docena de años.
Es que el muy largo plazo parece ser el término aceptado por las partes para cumplir (e incumplir) compromisos vitales. En materia de infraestructura, los acuerdos sobre interconexión ferroviaria de los años 50 seguían discutiéndose en los 80 (el Corredor de los Libertadores) sólo para ser desechados posteriormente. Y de lo logrado, allí están los centros de gestión aduanera conjunta que, luego de grandes negociaciones sobre la construcción de un puente en medio del Altiplano, siguen sin funcionar.
Por ello es que lo que se concrete este 4 de agosto en materia de eficiente integración fronteriza y de integración energética entre los dos países para asegurar el aprovisionamiento del sur resulta más entusiasmante que el anunciado “Tratado General”. Lo mismo ocurre con la organización del flujo turístico entre dos países que comparten circuitos complementarios pero cuyos operadores, como en el caso peruano-brasileño, han insistido en vivir de espaldas.
Menos esperanzadora, sin embargo, resulta la carta de intención para exportar gas boliviano por Ilo. La decisión está tomada dice el vecino, pero el gas sigue siendo un instrumento de negociación con Chile; su uso, pendiente de la aprobación de una ley de hidrocarburos que las complejidades del Congreso boliviano densificará; su implementación, un imponderable que las empresas multinacionales no han resuelto; y su destino, un mercado mexicano que no asegura contrato sino una licitación. En este negocio, la lógica económica inmediata y la política de largo plazo tiende a seguir favoreciendo a Chile (cuyo vicecanciller se reúne el 2 con su par altiplánico) en tanto el gobierno boliviano no termina de decir su última palabra.
El Perú debe suscribir con Bolivia todo acuerdo que ate a ese vecino a la compartida realidad altiplánica y que compense el creciente arraigo boliviano en el Cono Sur. Pero al mismo tiempo debe comprometer con la contraparte medidas específicas para estabilizar política y socialmente la zona alta boliviana y cohesionar la zona baja favoreciendo al Perú (estimulando, p. e., circuitos económicos entre el Perú y el autonomista oriente boliviano ). Y si se quiere plantear de verdad un “gran diseño”, el Perú debe convencer a Bolivia y Chile de las bondades de un diálogo trilateral que promueva la solución de sus respectivas problemáticas bilaterales y promueva la viabilidad del más débil.
