11 de Octubre de 2006
La reciente visita del Presidente del Perú a su colega norteamericano ha tenido un resultado que ciertamente supera la dimensión promocional de un simple acuerdo de libre comercio. En efecto, la visita ha hecho explícito entre las partes el fundamento de ese instrumento y de sus antecedentes: el entendimiento común de que un vínculo estratégico existe entre el Perú y Estados Unidos en función de intereses complementarios objetivos.
Así lo ha declarado el Presidente García (quien en entrevista televisada por la CNN hizo pública la “convergencia estratégica” entre ambos países), lo ratificó la Secretaria de Estado Condolezza Rice (quien aseguró al Presidente García que el Perú es para Estados Unidos un “importante aliado estratégico en la región y el mundo”) y lo dejó entrever el Presidente Bush en la Casa Blanca (quien recibió a un “amigo” con el que espera mantener una buena relación de trabajo). Por cierto que no es ésta una alianza formal militar que suponga el otorgamiento mutuo de garantías de seguridad y ni siquiera una económica que suponga emprendimientos conjuntos frente a terceros. Pero sí es una relación política que supera el nivel ordinario al materializar en el TLC los presupuestos establecidos en el ATPA y el ATPDEA: los beneficios económicos que se comprometen se asientan en una base de seguridad que tienen como sustento la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El reconocimiento específico de que el TLC tiene esas características (que ahora se amplían al logro de la seguridad democrática en nuestro país, la facilitación de la lucha contra la pobreza y la ampliación de la frontera del comercio) confirma el punto. Éste tiene valor en sí mismo y frente a los demás.
Tiene valor en sí mismo en tanto que el Perú confirma su pertenencia al grupo de Estados liberales que adhieren a los principios democráticos y de mercado en momentos en que éstos están siendo cuestionados en la región. Así está reconocido en el comunicado conjunto emitido luego del encuentro presidencial en Washington.
Pero este documento no se limita a confirmar la identidad política de quienes lo suscriben. También compromete sus secuelas prácticas: la promoción de la democracia con desarrollo (la provisión de servicios básicos), de gobernabilidad (fortalecimiento de capacidades y del Estado de Derecho) y lucha contra el terrorismo y el crimen trasnacional (a través de la presencia del Estado en zonas amenazadas, extradición de miembros de carteles delincuenciales y de lucha contra el narcotráfico en áreas específicas). Los beneficios económicos del libre comercio, siendo vitales, son también funcionales a esos propósitos estratégicos.
Y lo son también en función de terceros en tanto el Perú confirmó el compromiso, adquirido regional y hemisféricamente hace más de una década, de fortalecer la democracia y la economía de mercado en la región. Especialmente ahora en que, como reconoce el Presidente García, la economía mundial continúa en expansión. Al hacerlo, el Perú renovó un rol hemisférico. Si bien éste no ha sido negociado ni ha supuesto delegación de poder alguno o de especial liderazgo en el área, sí ha confirmado su vocación mediante la señalización de dos riesgos que deben ser revertidos: la emergencia de una suerte de “fundamentalismo andino” (que el Presidente García ha reconocido correctamente en los movimientos que, a través de la exaltación de la coca, pretenden configurar una suerte de nacionalismo de los pueblos para llegar al poder) y la emergencia de un movimiento neoestatista (que, sustentado en la renta petrolera o de otros recursos, pretende expandir la influencia de modelos semiautárquicos en la región). Aunque la referencia a los modelos venezolano y boliviano y sus respectivos conductores no pudo ser más alusiva sin que sus titulares no fueran mencionados, es claro que el Perú ha trazado una línea distintiva frente a ellos. He aquí la dimensión política de un acuerdo que fue negociado con excesivo e irresponsable sigilo tecnocrático impidiendo un mejor resultado. Y aunque aún no hay certeza de cuándo será aprobado por el Congreso norteamericano, sí hay certidumbre del compromiso del presidente de los Estados Unidos y confianza en él.
Ahora que se ha esclarecido la ruta (que es la occidental en un país suramericano), el Perú debe persistir en ella salvando eventuales períodos de tránsito de un acuerdo a otro y corrigiendo en el camino lo que haya que corregir.
