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  • Alejandro Deustua

Perú-Ecuador: Una Década de Paz

Desde que en 1998 Perú y Ecuador suscribieron los acuerdos de paz de Brasilia, una nueva etapa de relación constructiva ha prevalecido entre ambos Estados. Ésta se ha mantenido a pesar de serias alteraciones del orden interno en ambos países y de que las respectivas políticas económicas no fueran necesariamente convergentes.


Ello demuestra que el interés nacional común de progresar en el camino de la estabilidad, la cooperación y de la integración pragmática se ha consolidado. La versión contemporánea de ese empeño se demuestra ahora en la segunda reunión intergubernamental que los presidentes y gabinetes de Perú y Ecuador sostienen en Machala este fin de semana siguiendo una pauta inaugurada en Tumbes en junio del año pasado.


Aunque aún no se conoce la agenda (salvo por la prioridad que ocuparán las medidas de cooperación en la lucha contra la pobreza), es evidente el empeño bilateral de no revertir lo avanzado no es ayudado por el embate de la crisis económica global. De allí que la conciencia del realismo que debe ilustrar esta reunión se resuma en el fortalecimiento de intereses convergentes y en el intento de que la densidad de los mismos sea superior a las fuerzas que empujan en sentido diferente.


Estas últimas son generadas por la diferente orientación ideológica de los gobiernos peruano y ecuatoriano, por la fuerte erosión del consenso liberal en la región y por el grave deterioro económico y estratégico del contexto internacional. Tal situación difiere sustancialmente de la que enmarcó, hace una década, los acuerdos de Brasilia.


Si aquel escenario se fortaleció con las reformas democráticas y económicas que ordenaron la región desde la crisis de 1982, éste alcanzó su cumbre con la aproximación argentino-brasileña de 1988. La disposición de las dos potencias regionales a terminar con la fricción entre ellas redujo considerablemente el clima de contienda interestatal en el área. Ese momento fue antecedido por los acuerdos chileno-argentinos de 1985.

Sin embargo, el clima de distensión fue fuertemente desafiado por el conflicto peruano-ecuatoriano de 1995. Pero una vez resuelto éste en 1998, ese clima se consolidó en el área hasta la emergencia regionalmente hostil del internacionalismo venezolano.


Evitar que esta atmósfera se arraigue en los nacionalismos emergentes, las tendencias al proteccionismo y el malestar natural que surge en crisis económicas globales como las que vivimos no sólo es un deber de los gobernantes peruano y ecuatoriano sino que debiera sustanciar el interés nacional de los dos Estados.


Por ello la reunión de Machala debe progresar en el fortalecimiento de las medidas de confianza ya generadas (que se articulan en torno a las reuniones periódicas de los cancilleres y ministro de Defensa, el 2+2, y que se manifiestan en las actividades de desminado de la frontera), en la intensificación de la integración fronteriza que gira en torno del Plan Binacional correspondiente (cuyas metas de inversión de US$ 1500 millones por lado aún falta alcanzarse) así como en la integración física que falta perfeccionar, y en la implementación progresiva del resto de los acuerdos de Brasilia (incluyendo la instalación de los centros de comercio y navegación ecuatorianos en la Amazonía).


Estas tareas deben fundamentarse en una actividad económica que, habiendo mejorado sustancialmente en valor y volumen, tienen aún un amplio techo de crecimiento. En efecto, a pesar de la evolución estratégica que implica el hecho de que el Perú se haya convertido en el principal socio comercial del Ecuador en el área (los US$ 14715 millones que Ecuador exportó el año pasado al Perú superan seis veces las exportaciones de 1998), 85% de ellas son petróleo. Ello supone un fuerte déficit comercial para el Perú que, teniendo en cuenta la reducción de la demanda extrarregional de productos no tradicionales, bien podría disminuir si las importaciones ecuatorianas crecen como ocurre con Venezuela.


Por lo demás, si la inversión ecuatoriana en el Perú ha crecido sustancialmente, ésta apenas llega a US$ 54 millones (la cifra pudiera ser mayor debido a las condiciones de registro de la inversión en el Perú). Ese stock podrá incrementarse fuertemente con la implementación del TLC con Estados Unidos cuando se supere la crisis y, eventualmente, con la formalización del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea si Ecuador no desea negociar el sector inversiones.


Aunque ello no implica que Perú y Ecuador superen hoy el nivel de integración que define la zona de libre comercio existente, ciertamente el incremento de la interdependencia bilateral puede obligar a mejorar los términos de aquélla.


En tiempos difíciles, ello reclama responsabilidad de ambos gobiernos así como atención responsable de los intereses bilaterales sustantivos de ambos Estados.



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