Cuando en marzo pasado peruanos y chilenos culminaron las tareas de medición de las coordenadas del límite marítimo que estableció la Corte Internacional de Justicia, la atmósfera que envolvía ese acto era aparentemente diáfana y ejemplar. Perú y Chile, se dijo, daban muestra al mundo, al contrario de los rebeldes vecinos colombianos, de su respeto por el Derecho Internacional Público, sus instituciones y las decisiones de los tribunales.
No podía ser de otra manera si los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países se habían reunido, luego de un largo paréntesis generado por el proceso judicial y apenas una semana después del fallo, para instruir que la ejecución se llevara a cabo sobre la marcha y bajo los términos de un cronograma preciso y conciso al tiempo que aseguraban que los derechos y obligaciones consecuentes se ejercería de conformidad con la Convención del Mar.
Por lo demás, ambos Estados concordaron en que, conforme lo mandaba la sentencia, adecuarían su legislación interna a ese mandato incluyendo la modificación a los regímenes internacionales SAR y FIR (las zonas donde los ribereños son responsables de las operaciones de búsqueda y rescate de personas en peligro en el mar y del servicio de alerta para la navegación aérea), el reposicionamiento de una boya así como las modalidades para liberar a los navegantes artesanales peruanos y sus botes o barcos retenidos en Arica.
A estos compromisos operativos se agregó uno más político: continuar con la creación de medidas de confianza mutua además de la celebración de reuniones institucionales a las que, bajo otro formato, han concurrido en dos oportunidades los vicecancilleres de ambas partes.
En ese contexto amable llevado a cabo para cumplir con un mandato jurisdiccional, el ex –Presidente de Chile, Sebastián Piñera, agregó una dimensión de conflicto. Con irresponsabilidad, provocación y crudeza calculada, el Sr. Piñera reiteró en Lima que el límite terrestre entre Perú y Chile era el paralelo que pasa por el Hito No. 1. De esta manera el Sr. Piñera no sólo obviaba la vigencia del Tratado de 1929 sino que hacía caso omiso a los pronunciamientos de la Corte sobre la vigencia de ese Tratado.
Por lo demás, quizás motivado por no haber logrado cumplir en La Haya sus objetivos y para paliar la debilidad política que ello le generaba, el ex –presidente sólo reiteraba el reclamo de un límite unilateral que el gobierno de Chile había procurado contrabandear en 2006 en un proceso que el propio Tribunal Constitucional chileno declaró inconstitucional (la referencia al paralelo del Hito 1 para crear la XV región) y que antes textos militares chilenos habían establecido como “mar chileno” (mencionado ese Hito 1 como referencia) mientras instalaban una caseta de observación en el “triángulo terrestre” que tuvieron que eliminar aunque sin abandonar la aspiración de avanzar sobre territorio peruano. Al respecto, el Sr. Piñera no deseó percatarse siquiera que la Corte había establecido el punto de inicio marítimo no era el del Hito No. 1 (que está en tierra) sino que se genera en la intersección del paralelo que pasa por ese Hito con la baja marea.
El realismo chileno estaba de regreso mientras el Perú jugaba las cartas de un idealismo liberal. Como ninguna de las partes pudo poner fin a este dilema, la política de “cuerdas separadas” ha continuado actuando implícitamente.
Así, una agrupación de empresarios peruano-chilena sigue dando rienda suelta a su entusiasmo comercial destacando los beneficios del comercio bilateral sin reparar en los daños que causa la desmesura política chilena. Y sin tomar nota tampoco de que el comercio bilateral ha menguado en los últimos tres años al margen de que la integración comercial peruano-chilena es una de las menos arraigadas entre los núcleos del área.
En relación a lo primero, el comercio bilateral alcanzó un pico de US$ 3.3 mil millones en el 2011. Pero cuando la crisis de 2008-2009 afectó seriamente el contexto de esa relación (es decir, al comprimir los precios de las exportaciones), el comercio bilateral ha venido decayendo a US$ 2.9 mil millones en el 2013 y US$ 2.5 mil millones el año pasado.
Como consecuencia el superávit peruano también ha retrocedido aunque no se ha revertido en la última década, con la excepción del 2009 cuando la crisis internacional golpeó seriamente el comercio global. En el resto de esa década, el comercio con Chile ha sido favorable al Perú en términos de valor.
Ese pequeño superávit, sin embargo, puede constituir sólo un beneficio nominal subordinado a las condiciones estructurales del comercio peruano con vecinos económicamente más diversificados: el Perú vende a Chile esencialmente materias primas (en este caso, concentrados cobre, petróleo y molibdeno) y compra productos con mayor valor agregado (en este caso, nitrato de amonio, papel de prensa y hasta gasolinas). Si bien las asimetrías no son mayores, como en el caso de Brasil, si marcan un patrón de valor que no se ha revertido.
Sin embargo, la asimetría mayor ocurre menos en el ámbito comercial de bienes que en el intercambio de servicios y en el monto y destino de las inversiones. Al respecto debe reconocerse primero, que estas últimas, padecen de un serio problema de contabilidad y registro que, luego de décadas, ni el Perú (especialmente) ni Chile han querido resolver. Ello genera serias distorsiones en la evaluación estratégica de los flujos, el stock y el destino de las inversiones que favorece, en general, a Chile.
Así, mientras Proinversión establece que la inversión chilena en el Perú corresponde al 6% del total del stock mientras la estimaba en los alrededores de US$ 1 mil millones, la Embajada de Chile en el Perú cuantificaba el año pasado esa inversión en la vecindad de los US$ 13.5 mil millones mientras el Capítulo Peruano del Consejo Empresarial Peruano Chileno estimaba que la inversión peruana en Chile sumaba alrededor de US$ 7 mil millones.
De otro lado, la asimetría cualitativa es también importante: mientras la inversión chilena se concentra en el sector servicios (con una participación del 56%), ahora se ha expandido fuertemente a otros sectores como construcción y, con “presencia decisiva”, en el transporte aéreo (LAN), servicios portuarios, financieros y energía (Fairlie) algunos de los cuales podrían ser considerados estratégicos en cualquier país desarrollado (como en el caso de la aviación civil).
El Perú no puede exhibir en Chile, en cambio, una presencia decisiva sino apenas importante en el sector construcción (cemento) y alimentos y no mucho más (si se hace al lado la culinaria a la que se adjudica un valor quizás sobredimensionado y seductor).
En lugar de acortarse, es posible que, en el ámbito financiero, la asimetría peruano chilena (que, además de la propiedad del capital implica control de sectores económicos y regionales) se vaya ampliando en los “espacios emergentes” que, como la sierra, ofrece el Perú.
Si la integración implica eliminación de la discriminación y distribución equitativa de beneficios, estos dos factores esenciales, reflejados más bien en posiciones de dominio e inadecuada participación nacional, no cumple con los requisitos integracionistas. En lugar de ello, quizás se esté generando en este sector una interdependencia bastante desequilibrada. Ello no asegura estabilidad en el largo plazo si el capitalista peruano no participa más (con inversiones propias) y mejor (mediante asociaciones empresariales de trascendencia).
Sin embargo, la integración comercial entre Perú y Chile ciertamente debe incrementarse si en el Pacífico suroeste se va a consolidar un núcleo interactivo en la cuenca del Pacífico.
Para ello está la Alianza del Pacífico y el TPP que aún se negocia. Pero estos indispensables regímenes pueden ser parte del problema también si el escenario de integración en consideración es el continental en tanto aquéllos retroalimentan la propensión peruana y chilena a comerciar extrarregionalmente (situación que mejora su inserción global). Si no se actúa con prudencia al respecto, ello puede debilitar la condición suramericana de ambos países.
Para empezar, los intercambios bilaterales no sólo se han atenuado (como todos los demás en el ámbito suramericano afectados por un contexto externo que debilita los mercados internos) sino que ese escenario está catalogado como uno bien por debajo de la ineficiente pero profunda inserción regional de Paraguay y Bolivia (que concentran más del 50% de su comercio en el área) y de la inserción regional de segundo nivel de Argentina, Uruguay y Ecuador (que comercia entre 20% y 40% dentro del área). El escenario peruano-chileno es parte de los que componen los países con menor participación intrarregional (Perú, junto con Chile y Colombia, que con México, conforman la Alianza del Pacífico, y que colocan sólo entre 10% y 20% de sus intercambios en Suramérica según el BID). Si lo global prima sobre lo regional entre peruanos y chilenos la postergación regional es ciertamente un problema mayor.
Y si se trata de status comercial en el área, debe recordarse que las exportaciones totales peruanas tienen apenas una participación en la región de 7.1% mientras Chile apenas sobrepasa el 12%, en extraordinario contraste con Brasil (39.8%) y Argentina (13.1%), países que conforman el núcleo comercial suramericano más potente (BID).
Es más la participación peruana en las exportaciones dirigidas a la región es de apenas 5.3% y la de Chile de 9.5% (en las proximidades del 7.2% colombiano) según cifras del 2011 evaluadas por el BID.
Ello se debe a la fuerte inserción externa de las exportaciones peruanas y chilenas que están más vinculas a las exportaciones extrarregionales de minerales y a la integración en la cuenca del Pacífico a través de los flujos ya existentes, del APEC, del TPP y de la Alianza del Pacífico. La consecuencia es un escaso grado de integración intrarregional a pesar de que Chile sea nuestro primer destino exportador en Suramérica.
Es por ello –y no por razones derivadas del litigio limítrofe- que la integración comercial peruano- chilena debe fortalecerse. Para ello se dispone del marco institucional adecuado (p.e., el ACE 38, que es en realidad una zona de libre comercio) pero no aún de los bienes y servicios suficientes que deben intercambiarse para constituir masa crítica de integración que atraiga a terceros con capacidades y capitales para una mayor creación de comercio.
Esta problemática podría empezar a tratarse dentro de la Reunión de la Comisión Administradora de Libre Comercio que se realizará en Lima en el primer semestre de este año.
De otro lado, está el gran potencial de cooperación que surge de la migración. Según el Embajador de Chile en el Perú los migrantes peruanos a Chile suman alrededor de 200 mil (Andina, 1 de octubre de 2014). Según nuestra Embajada en Santiago, en realidad son 206 mil, de los cuales 167 mil aproximadamente son residentes. Éstos se concentran principalmente en la Región Metropolitana (128 mil aproximadamente en Santiago y alrededores) y en las regiones de Tarapacá y Antofagasta (24 mil aproximadamente sin incluir a los 6 mil peruanos que residen en Arica y Parinacota).
Estos compatriotas son en general bien tratados según reportes de ambos gobiernos, su aporte cultural es elogiado oficialmente, tienden a incorporarse a la vida económica chilena sin generar grandes complicaciones, una proporción importante tienen grado de educación apreciable o útil y tienden a ser vistos como un factor de integración. Más allá de los comportamientos irregulares de ciertos peruanos en Chile, de la las demostraciones de algunos chilenos en contra de estos migrantes y de las consideraciones raciales que están implícitas en las sociedad, las líneas generales de trato se enmarcan, oficialmente, en lo ya expresado.
Ello ha derivado en un acuerdo de seguridad social que permite la cobertura de derechos previsionales a peruanos y chilenos pensionados que han trabajado en uno u otro Estado, el tránsito de turistas sin más requisito que el de presentación de la carta de identidad (DNI) y la cobertura de otros temas en el Consejo de Integración Social de Chile y el Perú (2013). Éste debe desarrollará una agenda de experiencias de cooperación e inclusión social (con énfasis en salud, educación, género, trabajo, poblaciones vulnerables y asuntos migratorios) para lo que ha comprometido el principio de no discriminación en el trato.
Sin embargo, otros problemas más concretos, como la demanda de trabajo de mano de obra calificada en muchos sectores (p.e. en minería) no ha sido aún adecuadamente satisfecha.
De la misma manera, la cooperación sectorial trata de ser normada en otras áreas aunque la materia que se debe desarrollar sea aún incipiente. Con esa vocación se han constituido grupos de trabajo para promover el roaming fronterizo, la ciencia y tecnología, la minería y temas energéticos (un ámbito de inmensa capacidad integracionista aún en el ámbito de la competencia). Sobre este último punto el ministro de Energía y Minas del Perú acaba expresar la conveniencia de que se reinicien negociaciones de integración energética la que ocurrirá, en el sentido de la interconexión y provisión de emergencia, sólo cuando la demanda local esté satisfecha.
En resumen, la integración con Chile deriva menos de una vocación ideal que de una necesidad práctica. Los países del Pacífico necesitan adquirir masa crítica para interactuar intra y extrarregionalmente. Para hacerlo deben evitar la discriminación como principio y fomentar la mejor la distribución de beneficios. Mientras tanto, la creciente cooperación en sectores sociales no debe confundirse con integración.
Para que esas dinámicas se desarrollen adecuadamente es necesario resolver bien la cuestión de límites. Si así ocurre, esa solución retroalimentará la integración. De lo contrario, eventualmente la socavará por la sencilla razón de no tendremos relaciones de paz. Chile, que continúa expandiéndose territorialmente, aunque en escala menor, debe comprenderlo.
