Pataz

6 de mayo de 2025

Si la creciente violencia homicida de la minería ilegal en Pataz es señal del avance del crimen organizado en el país también es muestra del deterioro del control territorial por la autoridad pertinente. 

Como es claro para todos, el territorio es la base física del Estado. En él se asienta una población regida por la autoridad y las instituciones establecidas por mandato social que ordenan el marco de supervivencia y progreso nacionales. En ello reside la soberanía. Si el territorio es sustraído por terceros o por la incapacidad de establecer el orden interno, el Estado se debilita y su proyección internacional también.

El crimen organizado, a través de la minería ilegal en este caso, viene ejerciendo sobre el Perú esta amenaza de manera creciente. Como ocurrió con el terrorismo, ésta no puede explicarse sólo como expresión desbordada de la informalidad (71% de la población) ni debe ser confrontada sólo mediante normas administrativas ad hoc . Si la seguridad nacional es puesta en juego, la autoridad  tiene la obligación de responder coercitivamente mientras corrige la disfuncionalidad que alimenta la informalidad.

Esa responsabilidad es más urgente si el poder de la minería ilegal se expresa mediante la expansión de sus bases originales (Madre de Dios, Puno, La Libertad y el Sur Medio -Echavé-) hacia locaciones ubicadas en la mayoría de los departamentos del país (especialmente en la Selva) mientras consolida  núcleos de influencia y de control territorial en la Sierra (Cusco, Junín, Cajamarca), en la Costa (Áncash, La Libertad, Ica, Moquegua y Tacna) y en Madre de Dios.

En ese marco  y como sector del crimen organizado, la minería ilegal se infiltra, con capacidad de dominio creciente, en la económica y política regional y nacional, mientras presiona fronteras y puertos principales (Ilo y Matarani, Callao y quizás, ahora, Chancay). Tal conclusión no es explícita pero se deduce del estudio realizado por el IPE y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en 2024.

De otro lado, si el aporte de la minería legal es de alrededor del 10% del PBI  y representa el 66.2% de las exportaciones totales mientras la exportación de oro es sólo superada por la del cobre, las colocaciones ilegales de este metal (44%, IPE) dan cuenta de su potencial contaminador del sector. El daño no es sólo local sino que se potencia internacionalmente preocupando a importadores selectos mientras erosiona la reputación del Perú como país minero.

Esto es especialmente grave cuando el crimen organizado que interviene está ligado con el narcotráfico, el lavado de dinero, trata de blancas, uso ilegal de armas y otros delitos (Basombrío). Si esta actividad criminal afecta la cohesión social y si la inseguridad es hoy la principal preocupación de la sociedad, no hay tiempo que perder en su combate eficaz. A menos que se prefiera seguir el ejemplo del narcotráfico cuyo arraigo en el Perú lleva y más de medio siglo.