7 de Julio de 2006
La República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) es un estado totalitario, extraordinariamente militarizado y sistemáticamente hostil. Organizado en torno a un cerrado formato estalinista, gasta 25% del PBI en seguridad y compromete a 20% de su población con una las fuerzas armadas más numerosas del mundo.
Si sobre esta plataforma brutal, que condena a su población al hambre, busca un reconocimiento de su poder a través de la amenaza externa, Corea del Norte es objetivamente un Estado peligroso al margen de cualquier clasificación ideológica que quiera otorgársele. Y si, en consecuencia, la inestabilidad que genera tiene un potencial de riesgo mayor, la evaluación de ésta debe partir de la condición estructural del Estado que la promueve. Por lo tanto sus intenciones (¿llamar la atención?, ¿humillar a la superpotencia en su día nacional?, ¿provocar sin objetivo preciso?) no pueden ser consideradas como meros atenuantes estratégicos por provenir de un Estado “irracional” (que no lo es). En consecuencia, luego de que las autoridades norcoreanas procedieran al lanzamiento de un misil de largo alcance (y de seis más de otro calibre) que es potencialmente capaz de impactar en Rusia, China, India, Canadá o Estados Unidos (y que la comunidad internacional en su conjunto, incluida China y Rusia, intentara prevenir), el Consejo de Seguridad de la ONU no puede dejar de tratar el tema bajo el capítulo VII de la Carta. Luego de que Corea del Norte abandonara las obligaciones del Tratado de No Proliferación, se opusiera al trato con la Organización Internacional de Energía Atómica, adquiriera un arsenal misilístico de corto, mediano y largo alcance y lo probara vulnerando el territorio de sus vecinos, la amenaza que ese Estado acaba de lanzar no puede ser tratada sólo como un asunto diplomático –que también lo es- en el ámbito de la solución de controversias a que se refiere el capítulo VI de la Carta de la ONU. Menos aún cuando los escenarios diplomáticos propuestos a Corea del Norte han sido rebasados deliberadamente por sus autoridades. Ello ocurrió con las negociaciones bilaterales con Estados Unidos sobre aprovisionamiento de infraestructura nuclear para usos pacíficos en la década pasada y con las negociaciones plurilaterales con cinco países (la República de Corea -Corea del Sur-, Japón, China, Rusia y Estados Unidos) que intentan buscar, con Corea del Norte, una solución al problema de seguridad que ésta plantea hoy.
Si, como es evidente, la resolución que al respecto pueda producir el Consejo de Seguridad no busca agredir a Corea del Norte sino hacer frente a la crisis al tiempo de establecer un nuevo piso para negociaciones que puedan contribuir a la apertura de ese régimen y su incorporación plena y pacífica a la comunidad internacional, la ausencia de una posición firme en la materia sólo contribuirá a la rigidización de la dictadura que lo gobierna. Y, por lo tanto, promoverá su hostilidad e incrementará su capacidad de agresión.
Lamentablemente el consenso para ello no existe entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero por lo menos ellos sí coinciden en la evaluación del problema.
En tanto la crisis abarca a la Cuenca del Pacífico, esos Estados tienen el apoyo de los países americanos ribereños. Ello, sin embargo, no ocurre con Venezuela. En una prueba más de lo peligroso que sería para la comunidad internacional que ese Estado accediera a un sitio entre los miembros no permanentes del Consejo, el gobierno de Chávez es el único país suramericano que se ha pronunciado a favor de Corea del Norte.
Y lo ha hecho al día siguiente de suscribir el protocolo de adhesión como miembro pleno del Mercosur en clara y desafiante demostración de su disposición fragmentadora en la región. En un momento de prueba para la seguridad colectiva global, la posibilidad de articular un consenso suramericano sobre la materia ha sido quebrado por ese gobierno que pretende una alianza con Corea del Norte desviando la atención del problema hacia las complejidades que presenta el Tratado de No Proliferación. Al margen de Venezuela, el Perú, como miembro no permanente del Consejo, está en la obligación de lograr el apoyo de los Estados suramericanos responsables para producir una respuesta racional al serio desafío planteado por Corea del Norte.
