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  • Alejandro Deustua

ONU y Responsabilidad Nacional

Dominado por una serie de muy mediáticas reuniones sobre temas ambientales y de desarrollo, se inició el lunes el debate de los 172 temas propuestos al 74 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Se trata de una agenda de apariencia inabarcable pero digerible según los usos de la Secretaría General.


Por definición los primeros conciernen a las dimensiones externa e interna de los Estados en tanto sus sociedades y ciudadanos son agentes o víctimas de esas complejas problemáticas.


Su predominio en la agenda de la ONU no eludirá, sin embargo, los muy serios problemas de seguridad militar o de polaridad sistémica que fragmentan al sistema internacional.


Éstos, sin embargo, tampoco afectan sólo a los Estados. El reciente ataque a refinerías sauditas, que agrega intenso riesgo geopolítico a un escenario de conflicto ancestral, acaba de golpear seriamente mercados de productos básicos. Y la expresión más reciente de la pugna sistémica entre Estados Unidos y China –la comercial- deprime claramente los intercambios y la pefomance globales.


Por lo demás, a ¿quién se le ocurriría separar en la ONU la amenaza militar asimétrica que plantea el dictador venezolano de la naturaleza de lesa humanidad que implica la crisis que él genera? (Sin embargo, su trato en el ámbito de la seguridad colectiva americana –el TIAR- acaba de ser tan benigno como el que provee el Grupo de Lima).


A pesar de la dimensión público-privada de la agenda en la ONU la posición peruana debe ser planteada en la perspectiva pública. Por ejemplo, los escenarios globales y ambientales tienen para nosotros también una dimensión de responsabilidad soberana (la Amazonía). Y la problemática de desarrollo no se resolverá sin un mejor liderazgo político teniendo como guía la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.


Para ello el representante requiere solvencia y compromiso con el interés nacional. Si estos requerimientos son diplomáticos, ello no implica que sean patrimonio exclusivo del Servicio Diplomático.


Y menos cuando en la ONU probablemente el Perú dará cuenta de la situación crítica de nuestra democracia a la que miembros de ese Servicio han contribuido avalando en Gabinete palaciego una cuestionable propuesta de adelanto de electoral.


Dar las explicaciones correspondientes en la ONU compromete por tanto al Servicio que está encargado de representar al Estado, no necesariamente al gobierno.


Lamentablemente, asuntos de esta naturaleza han venido ocurriendo con más frecuencia desde inicios de siglo en tanto 9 de los 14 cancilleres han sido miembros del Servicio Diplomático complicando el carácter del interés nacional que representan.


En circunstancias en que la diferencia entre lo público y lo privado se ha acotado, como muestra la agenda de la ONU, los representantes institucionales de lo público debieran resguardar mejor su fuero antes que aceptar encargos políticos que los compromete, con ambición y tendencia crecientes, con el voluble interés gubernamental que quizás no corresponda al interés nacional.


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