7 de Junio de 2006
A pesar de que el Canciller del Perú solicitó ante la reciente Asamblea General de la OEA un pronunciamiento afirmativo del principio de no intervención especialmente en proceso electorales, ni el proyecto de Declaración de Santo Domingo (sede de la reunión) ni las noticias oficiales sobre sus resultados recogen la solicitud peruana fundada en el reclamo por la sistemática injerencia del Presidente Hugo Chávez en nuestro país.
De otro lado, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, se ha referido apenas indirectamente al requerimiento peruano. Y lo ha hecho en términos que le parecieron incómodos (señaló que en la región hay disputas que no ayudan a la unidad hemisférica). La minimización del reclamo está a la vista. Este resultado evidentemente no constituye una victoria de la diplomacia peruana. Menos aún cuando, con anterioridad, en el Consejo Permanente, el desarrollo del pronunciamiento peruano sobre la materia fue bloqueado por Estados vinculados a Venezuela.
Es más, el resultado emite una señal de renovada mutación de la OEA: este organismo parece estar reingresando en un ciclo de relativización de sus principios constitutivos como es la defensa colectiva de la democracia representativa y el derecho de los pueblos a establecer su orden interno sin injerencia externa en un marco democrático generalmente aceptado. A estos efectos se ha obviado, además, el carácter hostil de la injerencia que bien puede constituir un acto de agresión.
El caso es aún más grave si se considera que la posición peruana estuvo avalada por la opinión del jefe de la Misión de Observación Electoral en el Perú, el señor Lloyd Axworthy, en el sentido de que la injerencia venezolana vulnera las normas interamericanas. Y la gravedad se transforma en irresponsabilidad colectiva cuando, según los medios, el reclamo peruano recibió el apoyo de la primera potencia (Estados Unidos), de “países grandes” (Canadá, México y Brasil) y de influyentes países centroamericanos (Guatemala –que postula a un sitio no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU-, Nicaragua y El Salvador) sin que ello sirviera demasiado. Es verdad que los documentos que coronan las reuniones de la Asamblea General de la OEA (el órgano hemisférico de mayor jerarquía) se producen por consenso (es decir, sin veto que en este caso pudo provenir de Venezuela). Pero ello no debiera haber sido obstáculo para que los Estados Miembros ratificaran hoy la vigencia de un principio que ellos mismos suscribieron ayer. Ni para que el Perú dejara constancia multilateralmente recogida de su reclamo.
De otro lado, también es verdad que el Canciller trató el tema bilateralmente con sus colegas en reuniones informales previas que pudieron resultar en apoyo silencioso al reclamo peruano (que se reportó a través de los países mencionados). Pero lo que la Cancillería buscaba era un pronunciamiento multilateral, no apoyos bilaterales más o menos explícitos ni el magro registro notarial de una inconformidad nacional. Y menos cuando la posición oficial de Venezuela ha consistido en definir el problema precisamente como sólo bilateral y fundado en la afirmación de que su hostilidad es defensiva en tanto el desestabilizador sería nada menos que el Presidente Toledo. Por lo demás, el presidente electo Alan García ha expresado que se propone establecer relaciones normales con Venezuela siempre que los gobernantes de ese país procedan con respeto. Luego de la beligerante respuesta del candidato García a la intromisión del presidente Chávez esta declaración sólo puede entenderse en la necesidad del nuevo gobierno de eliminar todos los obstáculos posibles a la nueva administración que se inicia el próximo 28 de julio. Pero ni las necesidades del consenso interamericano en una reunión convocada para tratar el mejor acceso de los pueblos a los servicios informáticos, ni los minoritarios apoyos bilaterales al reclamo peruano, ni la necesidad del próximo gobierno de asumir el poder sin fricciones remanentes justifican que una cuestión de Estado que afecta el interés nacional sea silenciada en el foro hemisférico.
Y menos cuando la cuestión de fondo –la hostilidad venezolana sustentada en una revisionista alianza con Cuba- persistirá manifestada en su vocación regionalmente fragmentadora y desestabilizadora sin importar las promesas de apaciguamiento que sus representantes planteen. Si la OEA ha renovado recientemente sus principios liberales, el cuestionamiento de los mismos por uno de sus miembros sin que se haga algo al respecto ciertamente atenta contra la aspiración a la cohesión hemisférica que aquellos postulados debieran promover.
Si se trata de minimizar los riesgos de una contienda que verá nuevas formas de ejercicio del poder y novedosos alineamientos en la región, la OEA es el foro que debiera contribuir a su contención. Pero el silencio multilateral al respecto sólo favorece al Estado hostil, intensifica la dimensión bilateral de la contienda e incrementa, en consecuencia los ulteriores riesgos colectivos de la misma.
Luego de la Asamblea General de la OEA en Santo Domingo ni el intervencionismo venezolano ha sido contenido ni muchos de los Estados miembros parecen dispuestos ha procurar su reversión. Ello quedará librado ahora al fuero de cada país. La responsabilidad del Secretario General de la OEA y de aquellos Estados impasibles está a la vista. Todos queremos estabilidad en la región, pero no a costa del predominio del desestabilizador.
