Recientemente el FMI y el G20 consideraron en Riad que algo de optimismo para este año no era insensato (3.3% de crecimiento global) salvo por el apremio de riesgos, como la expansión del coronavirus (y disloques geopolíticos). La ponderación del caso se tradujo en incertidumbre.
Después de todo la deuda pública global supera al producto global y los augurios de una recesión en el mediano plazo se asienta en vulnerabilidades reales (considérese la reciente contracción de 6.3% de la economía japonesa, el parco crecimiento de la Eurozona o la perfomance china que este año bordearía más el 5% que el 6%) sin que queden suficientes municiones de estímulo monetario y fiscal.
En ese contexto, la Directora Gerente del FMI sostuvo públicamente que para las economías emergentes fuertemente insertadas en los mercados de capitales, la flotación del tipo de cambio puede intensificar los choques externos antes que amortiguarlos y que el Fondo estudiaría una nueva aproximación al respecto.
Esta afirmación no tuvo efecto conmocionante en los mercados (pero el riesgo subió) porque se trata de una alteración de instrumentos de política, no del régimen monetario en su conjunto. Además, ese cambio no es producto de una incapacidad sustancial sino de la búsqueda de una nueva aproximación en procura de estabilidad global considerando el impacto del cambio climático, la desigualad socio-económica y la reducción del volumen de comercio en ese empeño.
Con esta nueva apertura de mente el FMI se adentró en casos concretos. Así, no sólo declaró que la deuda argentina, que el Fondo contribuyó a crear con un préstamo de US$ 56 mil millones, es insostenible sino que brindaba su apoyo a la preocupación social y de crecimiento del presidente Alberto Fernández ya traducido en normas superiores al servicio de la deuda.
El júbilo en la Casa Rosada no debió haber sido sólo peronista sino setentero y cepalino. Más aún cuando autoridades del Fondo declararon que, si bien el principal de la deuda pública no podía rebajarse, el de la deuda privada era otro asunto. Así, la “quita” futura del valor de bonos argentinos apareció eventualmente legitimada (y la del 2002 de hasta 65% también).
Y si es cierta la insinuación de que el FMI podría desempeñar un rol intermediario en el trato con los bonistas, el Fondo habría agregado una nueva función profundizando in extremis el cambio dentro del régimen. Especialmente si esa facilidad podría ser reclamada por otros países en problemas (como el dolarizado y endeudado Ecuador).
En términos generales esto es una buena noticia para los países en desarrollo que se han sobreendeudado ortodoxa o heterodoxamente y para sus sociedades que pagan el ajuste tradicional.
El riesgo es una pérdida adicional de orden financiero global acorde con la reemergencia estatal, la protesta social, la erosión del multilateralismo y los intentos de ciertos regímenes internacionales en recuperar legitimidad (especialmente cuando, como en el caso argentino, son corresponsables de la crisis).
