12 de enero de 2022
Hace medio siglo que Nicaragua dejó de ser el pequeño Estado centroamericano en que jóvenes sandinistas (FSLN) luchaban contra la longeva y oprobiosa dictadura de los Somoza (Anastasio hijo quien sucedió a su hermano Luis y a su padre, Anastasio). Y hace un par de días, uno de los líderes de ese grupo guerrillero, Daniel Ortega, asumió su quinto período de gobierno (y el cuarto sucesivo) siguiendo la huella somocista.
Tal redundancia dictatorial con objetivos distintos no ha podido realizarse sin protección externa. Las potencias que cumplen ese rol (Rusia y China) han reemplazado a Estados Unidos en la labor de tutela cambiando alineamientos y sustituyendo, con desafío político antioccidental, acuerdos económicos y vínculos totalitarios regionales (Cuba, Venezuela) el antiguo intervencionismo militar norteamericano.
Ese proceso también ha dejado muy atrás la época en que el gobierno triunfante del Frente Sandinista optaba por el Derecho Internacional Público para satisfacer intereses. El más claro ejemplo de ello fue la demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (1984) cuando reclamó por diversas formas de intervención norteamericana (incluyendo la paramilitar de los Contra). Nicaragua ganó el juicio aunque la primera potencia no reconociera la jurisdicción del tribunal.
De similar manera, no queda en Nicaragua huella alguna del despliegue diplomático propio y de un conjunto de países latinoamericanos que procuraron atajar una invasión adicional de la primera potencia en Centroamérica en plena Guerra Fría. Más allá del lado espectacular de la acción del Grupo Contadora (Colombia, México, Venezuela y Panamá) y de su complemento, el Grupo de Apoyo (Perú, Argentina, Brasil y Uruguay), pocos recuerdan que estas agrupaciones (luego el G8) procuraron las bases de un acuerdo de paz, desarrollo y democracia en Centroamérica (el Acuerdo de Esquipulas, 1987) de precarios resultados en el área.
Estas son muestras de que el olvido del tortuoso camino emprendido por los nicaragüenses desde la era dictatorial de los Somoza rumbo al escenario totalitario de hoy ni siquiera ha cambiado adecuadamente de ropaje.
Y si la dictadura de Ortega quisiera pasar por una especie de “democracia delegada” por el hecho de haber sido “elegida” por el 75% de los votos de un total de 65% de concurrentes, la farsa ha sido expuesta por el encarcelamiento de la totalidad de los líderes opositores, por la inmovilización de los partidos (más allá de su propia división) y la opción masiva por el exilio (más de 100 mil personas desde el incremento represivo del 2018 según ACNUR que se suman a una comunidad en el exterior de alrededor de 750 mil).
En efecto, Estados Unidos, la Unión Europea y parte de los miembros de la OEA (entre los cuales se encuentra, extraordinariamente, el Perú) han coincidido en que las elecciones de noviembre pasado en Nicaragua no fueron “ni libres, ni justas, ni transparentes”. La farsa sólo ha sido convalidada por los países del ALBA (Cuba, Venezuela, Bolivia), México (al amparo de la manoseada doctrina Estrada) y por la Argentina neoperonista.
A este punto se ha llegado con la complicidad de ciudadanos que prefieren mejorar relativamente sus niveles de pobreza (la 4ª más alta de la región) y gozar de subsidios permanentes mientras las remesas (alrededor de US$ 1500 millones en los primeros ¾ de 2021 -BCN-) y la inversión extranjera directa (US$ 632 millones en el 1er semestre de 2021 -BM-) dan cuenta de una lerda evolución económica.
Además se espera que el financiamiento externo mejore con el reciente reconocimiento de China (luego de haberse reconocido a Taiwán desde finales del siglo pasado) y con el interés de esa potencia en proyectos de infraestructura, entre otros (el canal alternativo a Panamá no se menciona -Ellis-). Y el aporte ruso no será insignificante: se esperan resultados del acuerdo de cooperación multisectorial suscrito con esa potencia (que incluye el sector nuclear para fines pacíficos).
De otro lado, si bien la posibilidad de que Nicaragua sea excluida de los beneficios del libre comercio con Estados Unidos (el CAFTA) no es descartable (Ellis), ello agregaría inseguridad adicional a la que el régimen de Ortega ya produce. Y eliminaría un vínculo central entre Estados Unidos y Nicaragua agravando el problema migratorio, la insostenibilidad regional y arruinando finalmente una antigua zona de seguridad norteamericana cuyos niveles de desatención alarman.
De otro lado, la repercusión regional del régimen de Ortega tiene vertientes nada despreciables.
La primera consiste en la mayor desconfiguración de la OEA luego del retiro de Nicaragua de ese principalísimo régimen hemisférico. Ello agregará potencia a la propensión antihemisférica de Cuba (que decidió no reincorporarse luego de la anulación de la norma que la suspendió en 1962), de Venezuela (que culminó en 2019 su retiro de la OEA) y de otros países latinoamericanos que -al margen del UNASUR- desean la consolidación de un foro político más potente que la CELAC.
La segunda gira en torno al efecto multiplicador de la dictadura de Ortega en sus vecinos cercanos. Más allá del viejo alineamiento nicaragüense con los países del ALBA, la primera secuela de la reelección de Ortega se sentirá en Honduras cuya presidenta electa, Xiomara Castro, ya ha diseñado un camino chavista para su país. Y quizás también en el excéntrico populista Nayib Bukelele podría asumir una posición de acomodamiento más que neutral.
Y si el “neorevolucionario” presidente de México, López Obrador, confirma su predilección por esa tríada en el marco de una antigua proyección sobre Centroamérica, podría conformarse allí un nuevo polo de radicalismo de izquierda antidemiocrática apuntalado por potencias extra-regionales. Las consecuencias geopolíticas de esa eventualidad debería preocupar a los escasos países liberales del área y abrir los dormidos ojos de la primera potencia.
Especialmente si ese escenario se complementa en Suramérica con potencia menos radicales, pero del mismo signo, si Lula triunfa en Brasil (octubre 2022) y si Gustavo Petro lo hace en Colombia (mayo próximo).
En ese caso América Latina ya no se dividiría entre regímenes de izquierda (el ALBA) y derecha (Uruguay, Ecuador) sino en dos matices de izquierda (la radical centroamericana con Venezuela y Bolivia), las moderada brasileña y argentina y una complementaria y débil zona liberal.
Como se puede ver, el camino la dictadura nicaragüense podría no ser precisamente solitario. La forma de reorientarlo deberá sostenerse en una renovación de la democracia representativa en nuestros países, en economías de mercado que permitan mayor inclusión e igualdad de oportunidades y en una mejor relación con Occidente entre los Estado del área que valoran ese vínculo fundamental.
