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  • Alejandro Deustua

Núcleos de Dominio y de Poder en Torre Tagle

29 de diciembre de 2022



Las burocracias arraigadas no están integradas sólo por servidores públicos rutinarios o, digamos, responsables. En ellas florecen también los que no carecen de ambición o interés particular. Si la pertenencia a la entidad está asegurada, este último tipo de servidores puede conformar núcleos de predominio que, eventualmente, devienen en núcleos de poder decisorio.


Ello ocurre especialmente en entidades burocráticas amplias y complejas en las que la competencia burocrática puede llegar a tener más incidencia en los resultados que quienes persiguen un interés corporativo razonable. Ese proceso puede complicar la evolución institucional de la entidad de que se trate y la realización del interés público superior. Éste es el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y del Servicio Diplomático.


Esta fenomenología puede ser normal en las grandes burocracias pero deviene en anómala cuando los núcleos de predominio decisorio pasan a servirse a sí mismos o se ponen a disposición de los gobiernos antes que del Estado que les da sentido. Desde hace algún tiempo, mucho de esto está ocurriendo en la diplomacia peruana.


En el Servicio Diplomático esta problemática se manifiesta tanto en el ámbito interno de la institución como en el “externo” encargado de la representación.


En el ámbito interno “normal”, los núcleos de predominio o de poder se han desarrollado promoviendo servicios de amparo útil del funcionario singular, de cohesión institucional y hasta de construcción de racionalidad ideológica de la organización. Estos servicios se retribuyen en reconocimiento y legitimidad de esos grupos y también en ganancias de eficiencia corporativa y lealtad del afiliado subordinado.


Esa externalidad deviene en disfuncional cuando el grupo de predominio se convierte en grupo de poder con capacidad de influir fuertemente en las decisiones de alto nivel, de modificarlas o truncarlas al margen de los patrones del interés nacional. Especialmente cuando esa capacidad de influencia trasciende a la Cancillería y accede a la esfera de la presidencia de la República (donde, en alguna ocasión, estos grupos se han arraigado o encontrado cobijo).


En su versión menos constructiva los grupos de predominio son insensibles a la separación que debe existir entre sus servicios legítimos (diversas formas de amparo de los servidores, por ejemplo) y los que no lo son (la protección singular o colectiva cuando la burocracia incurre en malas prácticas o pierde noción del destinario de sus servicios -el Estado o la sociedad-, por ejemplo).


Este fenómeno es manifiesto hoy en Cancillería donde se ha consolidación un grupo de diplomáticos cuyos servicios parecen prestarse más a los requerimientos del gobernante que a los criterios que corresponden a sus funciones tradicionales. Por lo demás, el servicio a un patrón cambiante (el gobierno) los lleva a una seria distorsión perceptiva expresada en la creencia de que el interés nacional es definido por ellos o que la política exterior es variación o producto automático de la política interna (lo que justifica su involucración en la política partidaria como razón de ser en la expectativa de beneficios) o que su influencia puede seguir ejerciéndose oscura e informalmente desde el retiro en lugar de la alternativa formal de consultoría colectiva (que la ley establece).


En el ámbito “externo” de la función diplomática estas anomalías son aún más visibles y pueden ser más dañinas cuando su práctica es sistemática. Especialmente cuando los funcionarios en el exterior pasan de recibir órdenes a interpretar los deseos del gobernante y actuar en consecuencia sin importar el costo de unos resultados más o menos inmediatos y “excepcionales”.


El caso más extremo de esta fenomenología ha ocurrido recientemente en la OEA cuando el representante diplomático peruano contribuyó a orientar la racionalidad del Secretario General de esa entidad y la del Consejo Permanente en la reacción inmediata de éstos (muchos de ellos, ideológicamente predispuestos) a la solicitud de la Cancillería de aplicar la Carta Democrática al Perú. La disposición a “servir” al mandatario llevó a que el funcionario se convenciera de su propia distorsión de la realidad (o de su interés) ligada al desconocimiento de infracciones de la ley cometidas por el gobernante y, en consecuencia, prescindiera de orientar debidamente al Jefe de Estado.


Su irresponsabilidad fue de tal grado que una vez logrado el resultado con la visita de la Comisión Especial al Perú de apenas 48 horas y la presentación de un diagnóstico parcializado con el gobierno denunciante (que prescindió del reporte de hechos fundamentales como la denuncia constitucional de la Fiscalía), el eventual favorecido (Castillo) perpetró un golpe de Estado. El representante, que había contribuido a la distorsión de los hechos y a azuzar a sus colegas predispuestos a ser permeables a la percepción parcializada de los mismos, apenas atinó a quejarse públicamente del ridículo en que la Comisión había incurrido y, a pesar de que renunció como lo manda la ley del Servicio Diplomático, no reconoció su responsabilidad personal.


Lo mismo ocurrió con otros diplomáticos que, en setiembre pasado, facilitaron la “denuncia” de Castillo frente a la Asamblea General de la ONU de que en el Perú se preparaba un nuevo tipo de golpe de Estado (¡que él mismo realizó!). Y en mayo de este año cuando, en el Foro Económico Mundial, los diplomáticos en cuestión no aconsejaron a la autoridad peruana que se concentrara en promover la imagen del Estado en lugar de quejarse en público del rol de la oposición.


En el ámbito bilateral ha ocurrido otro tanto si se considera que un embajador en funciones que, habiéndose desempeñado como canciller de Castillo, difícilmente pueda cumplir adecuadamente con las obligaciones propias de un gobierno de transición democrática. Lo mismo sucede en relación a algunos embajadores políticos quienes, a pesar de provenir de las filas de un gobierno ilegítimo y de carecer de calificación adecuada, no han sido retirados del lugar de su destaque (esto es especialmente dañino en el caso de un país vecino cuyas autoridades no han inhibido el afán trasnacional del partido de gobierno en perjuicio del sur peruano).


Ahora que el gobierno de transición está procediendo al retiro de autoridades subnacionales indebidamente designadas por el Sr. Castillo y ha insinuado que depurará a los miles de funcionarios que, sin las capacidades profesionales requeridas, fueron nombrados para copar las instituciones del Estado, esa labor debe realizarse, con otra perspectiva pero mayor prioridad, en las instituciones con mayor arraigo nacional como el Servicio Diplomático.


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