1 de Diciembre de 2006
El desconocimiento de los resultados de las elecciones de julio pasado por Andrés Manuel López Obrador ciertamente incrementó el poder de las fuerzas fragmentadoras que hoy cercan a México. Pero el impune desafío al Estado de Derecho perpetrado por ese ciudadano ha llevado la inestabilidad política en ese país a extremos no vistos desde la primera mitad del siglo XX.
En efecto, la autoproclamación de López Obrador como “presidente legítimo” no dejaría de ser un gesto histriónico si no fuera porque ha sido acompañado por la movilización de masas y por la probable comisión de un delito constitucional: el intento de los parlamentarios del PRD de impedir físicamente la juramentación del presidente Felipe Calderón que es mandada por la Constitución mexicana. Sin embargo la incursión en el delito de usurpación del poder por el líder del PRD y lo que podría denominarse intento de golpe de Estado preventivo llevado a cabo por sus partidarios congresales parecen haber sido considerados como una “seria” pero legítima demostración de oposición a un presidente reconocido por la autoridad electoral mexicana, por la mayoría de los ciudadanos de ese país y por la comunidad internacional. Esta percepción del problema ha llevado al presidente Calderón a una infraestimación del mismo en una transmisión del mando que hubo de llevarse a cabo al estilo de una maniobra militar. En efecto, en una exitosa intrusión el presidente de México apenas pudo expresar que “no ignoraba la gravedad de la situación” mientras reservaba las propuestas de diálogo para el día siguiente en un acto que ni siquiera se llevó a cabo en la sede del Ejecutivo, como corresponde a una autoridad de su jerarquía, sino en el Auditorio Nacional.
Ello demostró no sólo la magnitud de la amenaza planteada por López Obrador sino la fragilidad del gobierno legítimo de México y la subestimación por el mandatario de su propia autoridad.
Es cierto que al asumir el cargo en un contexto de extraordinaria polarización, un Jefe de Estado debe intentar el diálogo y proponer la recomposición de la unidad nacional como lo hecho el Presidente Calderón. Pero al hacerlo también debe reconocer públicamente cuál es la situación que encuentra (especialmente cuando ésta es evidente en las pantallas de TV) y no dar señales de que su autoridad puede ser recortada con impunidad al punto de que se le impida el uso de sus capacidades. Si es claro que éstas no se limitan al uso de la fuerza, el reconocimiento de que esa autoridad puede ser recortada (p.e. a través de la denegación ajena del uso de los centros físicos del poder) recuerdan lo ocurrido con el Presidente Calos Mesa que, al adelantar que no emplearía la fuerza, incrementó la disposición al desafío por quienes luego obligarían a su renuncia desde la calle. Ello trae a la memoria también las consecuencias de inestabilidad que luego padecieron los vecinos de Bolivia.
A pesar de ello, es probable que el Presidente de México logre recuperar, con el apoyo ciudadano y el respaldo internacional, parte del terreno perdido en beneficio de los generadores de inestabilidad. Esa tarea, sin embargo será ardua y de largo plazo porque esos agentes no se limitan a la oposición del PRD. Éstos son múltiples y violentos (el caso de las mafias narcotraficantes que llevan 3000 muertos en su haber), están agresivamente agazapados (los grupos guerrilleros no erradicados) y en otros casos ya han conquistado baluartes territoriales de poder (Oaxaca).
Mucha de esa dinámica fragmentadora se aliviaría si otro de los actores responsables –el sistema interamericano- asumiera al respecto las obligaciones que competen a sus miembros. Éstas han sido establecidas en la Carta Democrática que permite que el Secretario General de la OEA y el Consejo Permanente se preocupen activamente por la seguridad democrática de un Estado americano cuando el proceso institucional de ese Estado esté en riesgo o cuando peligre el legítimo ejercicio del poder por las autoridades correspondientes.
En este caso es el propio Jefe de Estado amenazado el que podría solicitar la evaluación del caso y ciertas medidas estabilizadoras (p.e. una mediación). Como el Presidente de México no lo hará porque quizás considere que su país no ha llegado a ese extremo, porque confesaría mayor debilidad y porque la tradición de la defensa del principio de no intervención en la conciencia colectiva se lo impide, la comunidad interamericana podría empezar emitiendo una no intervencionista declaración en la que expresara su preocupación por las actividad desestabilizadora de López Obrador y de sus seguidores. Pero, a la luz, del debilitamiento del régimen de protección colectiva de la democracia representativa en la región, los mandatarios americanos probablemente tampoco darán ese paso.
Es posible que tal inacción se ampare en los requerimientos que dictan de prudencia. Pero si la lectura de esa cualidad es errada, la posibilidad de que la inestabilidad que genera México se entronque con la propalan otros socios hemisféricos (p.e., Venezuela) es clara y visible. Si ella evoluciona hasta convertirse en el nuevo statu quo regional, los ciudadanos que hemos demorado en acceder al Estado de Derecho y a la democracia lamentaremos, en imposible inercia, la llegada de un nuevo ciclo de anarquía y estancamiento en la región.
