El gobierno ha contratado a 85 médicos cubanos para que ayuden en la confrontación del Covid 19 en Áncash, Ayacucho, Arequipa y Moquegua. Si bien en tiempos de emergencia, carencias y mortandad toda cooperación con el país debiera ser bienvenida, en este caso surgen fundadas dudas al respecto. Especialmente si esa cooperación no tiene los mejores antecedentes en otros países, el cuestionamiento de los médicos cooperantes es real y el componente político e ideológico de su origen es manifiesto.
Para empezar autoridades del Colegio Médico del Perú consideran inapropiado que el gobierno postergue obligaciones con médicos peruanos, muchos de ellos subempleados por el Estado, cuyo número acaba de incrementarse en tres mil profesionales entre marzo y abril (Gestión).
Y la sugerencia implícita en esa argumentación (el aporte del contingente cubano podría ser supernumerario) no es tan llamativa como el origen controversial de los cooperantes.
En efecto, su reputado profesionalismo ha sido cuestionado en otros escenarios (sus contingentes ha incluido médicos no graduados y, eventualmente, aquéllos no han podido aprobar las pruebas de suficiencia profesional según Infobae). Y su origen político no sólo está vinculado a la proyección geopolítica y revolucionaria de Fidel Castro y Ernesto Guevara desde que se fundó en 1963 la organización cooperante con operaciones en Argelia, sino que ésta se sustentó en el expansionismo comunista (en el futuro “la revolución tendría el derecho a recoger los frutos que ha sembrado” decía Castro) (Cuba Debate).
Esa labor proselitista acaba de reiterarse en el Perú mediante el homenaje rendido por los médicos en cuestión al Ché Guevara, un pseudo médico y guerrillero con gran atracción por los fusilamientos como práctica política como él mismo reconoció en la ONU.
En el caso nuestro el proselitismo cubano tiene apariencia más benigna. Ésta va desde el fortalecimiento de relaciones bilaterales, la apertura de mercados farmacéuticos y de instrumental clínico hasta el reclutamiento y la actualización de lo que queda de influencia cubana en el área que no pase por Venezuela. A ello sirve bien la denominada “diplomacia médica” (Programa Cuba).
Su eficacia cuantitativa se evidencia en los 130 mil “cooperantes” que han formado parte de las “misiones” cubanas en 108 países desde que partieron al extranjero por primera vez (BBC). Esa magnitud ha sido recientemente considerada incompatible con su dimensión intrusiva en Brasil (entre 6 y 8 mil médicos), Bolivia o El Salvador de donde los galenos han sido expulsados.
Sin embargo, las “misiones” cubana están presentes hoy en 59 países con un personal total de alrededor de 29 mil profesionales y semiprofesionales (entre 2015 y 2018 su presencia bordeaba los 50 mil cooperantes en 68 países). La diferencia numérica probablemente obedece a la reducción ocurrida en Brasil y probablemente en Venezuela (DW).
Un despliegue de tamaña magnitud se explica también -y quizás fundamentalmente- por los ingresos que éste reporta al gobierno cubano. Hasta hace poco los “servicios” de su personal en el exterior eran considerados secretos. Hoy sólo son reservados. Éstos habrían rondado los US$ 8 mil millones en 2017 (Programa Cuba), han sido promovidos por alrededor de 85 empresas estatales cubanas (Archivo de Cuba) y los sueldos a los médicos se calculan entre US$ 2 mil y US$ 25 mil por cabeza (dependiendo de la especialidad y la capacidad económica del país contratante).
De allí que el Colegio Médico del Perú protestara también porque, en el agregado, esos sueldos superan los ingresos promedios de los médicos del sector público peruano.
Es más, el país que contrata servicios cubanos (en este caso, el Perú) debe hacerse cargo del traslado local e internacional de esos profesionales, de su manutención y vivienda y de todo lo que requiera su estadía (como la seguridad del personal que los propios cubanos refuerzan). Estas obligaciones se contratan de gobierno a gobierno.
Pero los problemas no acaban allí. El trato que recibe el personal cubano por su gobierno ha sido seriamente cuestionado mediante un informe ad hoc de la relatoría de la ONU sobre “formas contemporáneas de la esclavitud” de noviembre pasado. Allí se reporta serias violaciones a varios tratados derecho humanitario y a normas de la OIT en que incurren las autoridades cubanas con los médicos que recluta.
Para empezar el gobierno cubano, que es quien recibe directamente el pago del Estado “beneficiario”, retiene el 75%-80% del sueldo del médico contratado quien, además, no es poseedor de su contrato (ni de su copia) y se entera de su destino laboral poco antes de partir. Para evitar “deserciones” la familia de éste debe radicar en Cuba y en el caso de que el médico decida fugarse el Código Penal cubano castiga el acto con carcelería de entre 3 y 8 años en caso de que el “desertor” sea capturado. Para evitar ese malestar los cubanos se encargan de vigilar a los médicos mientras dure su estadía en el exterior, de entregarles un mínimo estipendio en monea local, de limitar sus movimientos y asegurarse de que trabajen más de 48 horas semanales.
El detalle de estas condiciones serviles se encuentra en un documento generado en Suiza por la mencionada relatoría y recogido por Infobae y otras publicaciones electrónicas.
Bajo estas consideraciones cabe preguntar por qué el gobierno peruano ha contratado los servicios de estos médicos cuando dispone de otras fuentes en la ONU y en organizaciones humanitarias como la Cruz Roja o Médicos Sin fronteras, entre otras. Y si el contrato es de corto plazo (3 meses, lo que equivale a una visita médica de las antiguas en relación a la magnitud del problema a tratar), cuál es la racionalidad de éste contrato que probablemente se renovará. La Cancillería y el Ministerio de Salud deben responder.
