Anticipándose a la renovación totalitaria del dictador Maduro en la farsesca ceremonia del 10 de enero último, Occidente (el Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos) la denunció e insufló vida a la debilitada Asamblea Nacional (AN) venezolana reconociéndola como única autoridad legítima.
Luego, el intento de secuestro del presidente de la AN potenció el élan vital de la Asamblea y su presidente, aludiendo a la Constitución, reclamó la “encargaduría” de la presidencia para, con su cámara, devolver a Venezuela a la democracia.
Después de ser reconocido en ese cargo por Brasil, el resto de países del Grupo de Lima mantuvo el apoyo institucional a la Asamblea Nacional mientras Estados Unidos meditaba al respecto. La personificación del Estado venezolano se mantiene en cuestión.
En una situación en la que Venezuela carece de autoridad clara, su capacidad jurisdiccional es tenue, su población se desarraiga, la inflación proyectada es 10 millones por ciento y ha perdido en 5 años 50% de su PBI, el país puede inclinarse en tres direcciones: hacia un diálogo adicional (Maduro ha tomado contacto con la ONU al respecto), hacia un entendimiento con el sector menos comprometido con el dictador (al que la AN ofrecería amnistía) o desembocar en un enfrentamiento violento.
Teniendo en cuenta que el primer escenario, nunca descartable, ha probado ser uno de cooptación por la dictadura, éste quizás sea el preferido de la diplomacia formalista y de López Obrador (encarnando la versión anacrónica del principio de no intervención), pero el menos eficiente. La opción real parece encontrarse en el segundo escenario.
Para que éste fructifique, el presidente de la AN Juan Guaidó y la Asamblea deben recibir algo más que apoyo político de terceros. Necesitarán medios para extraer a los medrosos maduristas de sus madrigueras y para ofrecer a la población alternativas de alivio de necesidades básicas (alimentos y medicamentos).
En este caso, como en el tercero, la comunidad internacional debe aplicar el principio de responsabilidad de proteger establecido por la ONU para prevenir delitos de lesa humanidad contra las comunidades.
Además de su dimensión asistencialista, este principio no evade el recuso a medios coercitivos (que no se limitan al impedimento de ingreso al Perú de un centenar de funcionarios o a las prohibiciones de negociar financieramente con ellos).
Como aquéllos no podrán aplicarse a través del Consejo de Seguridad por el probable veto ruso y chino, los americanos podríamos negociar con ese par de potencias para que desistan de su apoyo a Maduro haciéndoles sentir el riesgo de su relación con América Latina y hasta el peligro del bloqueo comunicacional y petrolero.
Esta opción –que incluye la decisión de aflojar el puño cubano sobre Caracas- debe estar entre las opciones a considerar por una sencilla razón: Maduro no va a rendir el poder en una negociación blanda.
La tradición diplomática ha consentido a Maduro desde el 2013. Es hora de rectificar.
