Como buen heredero de los hermanos Castro, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel sólo ha podido recurrir a la represión de sus conciudadanos que, en masa, protestan en la isla. Esta reacción es una muestra más de que el Estado totalitario no tiene otra respuesta al descontento popular con la sistemática privación de medios de subsistencia y de libertades.
Esa respuesta no tendría por qué llamar la atención si pertenece al modus operandi establecido en la isla desde hace 62 años. Pero ahora está dirigida contra la mayor movilización popular desde 1994 y, en lo que hace al Perú, contra la impronta política del jefe de Perú Libre.
De otro lado, si el totalitarismo cubano sobrevive gracias a la represión y está bien organizado para ejercerla, por qué el Sr. Díaz Canel se vio en la necesidad de dar explicaciones públicas al respecto y expresar que ésta se realizaría discriminando entre los “revolucionarios” y la población engañada por “contra-revolucionarios” (un ejercicio de dividir y vencer a la masa inerme). O por qué esgrimiría el lugar común de que la “contra-revolución” sería resistida con toda la fuerza de la dictadura teniendo en cuenta que la protesta es causada, según él, por el “bloqueo”, el imperialismo y los “infiltrados”.
Estos elementos permiten adelantar una respuesta: el Estado totalitario advierte un peligro mayor, se siente débil para afrontarlo y su carencia de alternativas, propia de la más dura ortodoxia comunista, no se atreve a ofrecer alguna reforma real ni alivio social relevante.
Por ello Raúl Castro acude a la precaria Venezuela en procura de salvaguarda y de alguna estrategia de defensa que incluya quizás a regímenes afines. En ese marco, es probable que muy pronto tengamos también alguna reacción estratégica, abierta o encubierta, de Rusia y China.
Teniendo en cuenta el arraigo comunista del partido Perú Libre y su vínculo con otros totalitarismos latinoamericanos (Venezuela, Nicaragua) esa respuesta puede pasar también por el Perú si ese partido es empoderado próximamente y si éste persiste en rendir pleitesía a su cuna matriarcal.
Especialmente en momentos en que el embate de la pandemia, de la crisis económica y de los movimientos sociales, está debilitando la capacidad de respuesta de los Estados democráticos en la región y en el Perú añadiendo presión a la acumulada por protestas previas.
Frente a ello, es posible plantear dos escenarios. El primero parece vinculado con la derrota del totalitarismo comunista en el área. Ello es posible pero no probable por la capacidad de resistencia regional y extra-regional de ese tipo de régimen y su fracasado intento reformista.
En cambio el segundo, que se asienta en el debilitamiento de la corriente democrática en el mundo y el incremento de la tendencia autoritaria, encuentra mayor viabilidad. En la región, a la resistencia combinada de Cuba y Venezuela (que aspira a la consolidación de un sustancial cambio de orden regional) se añade la de los Estados autoritarios que han cruzado el umbral de las formas democráticas (Nicaragua, Bolivia). Y en el escenario extra-regional la evidencia de que los Estados democráticos pierden capacidades (menores libertades, debilitamiento o quiebra institucional) es una tendencia que Freedom House reporta como nacida hace 15 años. De ello tenemos evidencia en México como hecho casi consumado y en proceso en Chile, Colombia y Perú.
En nuestro país la erosión y/o perversión de los partidos políticos confirmó esa propensión hace tiempo. Ella convive ahora con el mayor deterioro institucional que ha sumado a la falta de compromiso del servicio público y de una burocracia arraigada y eficiente (salvo excepciones), la creciente confrontación entre poderes y el embate multidimensional de la última ola de la corrupción (si la expansión de la podredumbre generada por Odebrecht se arropó en las corporaciones con clara influencia política, la que es propia de la informalidad se materializa ahora en el copamiento del poder a través de organizaciones criminales que financian partidos políticos como Perú Libre).
En ese marco el deterioro del Estado es una evidencia cotidiana que desampara al ciudadano. Mientras tanto, los conflictos interinstitucionales exceden todo rasero y complican la existencia del Estado (la fricción entre el Ejecutivo y el Congreso, responsable del desprestigio presidencial y de la disfuncionalidad parlamentaria; el Poder Judicial como topadora que destruye el Estado de Derecho; el Ministerio Público que confunde celo con notoriedad e ineficacia; y el JNE, convertido en centro estratégico del destino político del Perú, que es el reino de la arbitrariedad hasta ahora impune e intocable).
Este escenario no puede ser más proclive al ejercicio del autoritarismo, a su deriva totalitaria o a la involución anárquica que cualquiera puede encabezar de manera apenas limitada por las envolventes ramas de un poder fragmentado y, eventualmente, feudal.
Si esperamos que los cubanos abrevien su apertura a la libertad o que produzcan reformas en ese sentido, los peruanos debiéramos asegurarnos que la reconstrucción del Estado liberal (que incluye a la social-democracia) sea un compromiso aunque para ello hoy hubiese que negociar la derrota de los totalitarios si es que aspiramos a un futuro civilizado.
