El fuerte debilitamiento del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC colombianos no es la única amenaza que ha generado el retorno al alzamiento armado del “congresista” alias Iván Vásquez.
Si bien el más alto jefe del grupo narcoterrorista que suscribió el acuerdo mencionado a fines de 2016 se reincorpora hoy a un disminuido sector militar del grupo armado (los combatientes apenas superarían los 2 mil), el despliegue estratégico de esa agrupación, su tradición bélica y su naturaleza narcoterrorista cambia la correlación de fuerzas que mantiene la precaria estabilidad interna colombiana y altera el escenario regional.
Aunque analistas influyentes sostienen que la capacidad de las FARC de alterar la seguridad interna del vecino es escasa y el Presidente Iván Duque ha subrayado que no ha nacido un nuevo grupo terrorista, lo cierto es que autoridades colombianas han expresado que una amenaza a la seguridad regional se ha restablecido en ese país.
Ésta se potencia con el desafío convencional que ha montado el dictador Maduro desplazando un numeroso contingente de tropas a la frontera, ordenando ejercicios militares y anunciando el emplazamiento de misiles en ese espacio orientados hacia Colombia.
Y teniendo en cuenta la injerencia de las fuerzas armadas cubanas en su par venezolano, parece evidente que la renovación de la tensión fronteriza es innovada esta vez por la presión de una alianza militar antidemocrática. Esa amenaza convencional se agudiza aún más si el gobierno venezolano alberga al ELN y guarece a los remanentes de la FARC en un espacio proclive a la alianza narcoterrorista.
Aunque el Presidente Duque ha advertido que no caerá en ninguna provocación, el entorno estratégico mencionado tiene el potencial de alterar la paz y estabilidad continental.
Si tal es la situación, no basta, como ha ocurrido como la reacción de la Cancillería peruana, con reiterar la práctica condenatoria de todo hecho terrorista en el mundo. El estado de alerta militar en los vecinos de Colombia debiera ser una consecuencia natural y prudente frente a los hechos mencionados.
Especialmente si la naturaleza trasnacional de las organizaciones del narcotráfico en la región no ha cancelado el predominio de delincuentes colombianos en ellas y si el territorio de los vecinos es claramente apto para un in cremento de esa actividad en nuestros países.
En otros tiempos, alguna reunión de la OEA habría sido convocada para evaluar la amenaza y su potencial agresión. Si hoy ese grado de interrelación interamericana ha disminuido, no debiera haber acabado con la cooperación de seguridad en el área.
Ésta debe ser activada de manera preventiva y no limitarse a una simple reacción diplomática de condena.
Más aún, cuando el gobierno colombiano deberá realizar esfuerzos extraordinarios para mantener un acuerdo de paz que fue rechazado en referéndum (la mayoría fue mínima, es verdad) y cuyo patrocinio por Noruega, Cuba y Chile no fue suficiente para lograr un consenso nacional al respecto (la polarización política en Colombia ha crecido al respecto). Y menos cuando el acuerdo se logró a base de un exceso de pragmatismo (la “justicia transicional”) más allá de la buena voluntad externa que lo exaltó (el Premio Nobel al presidente Santos).
Así lo planteamos en diciembre de 2016 y lo reiteramos hoy pero reconociendo que la situación ha evolucionado hacia una reinserción de los ex-combatientes que debe ser consolidada.
Al respecto ha hecho bien el gobierno de Colombia en exigir a los diputados del partido FARC (originalmente 10) que reiteren sus compromisos con el rechazo de la violencia en su país y que cambien de denominación partidaria.
A ello debería seguir una reforzada labor de protección de los desmovilizados (alrededor de 10 mil) e incentivos para mantener el esfuerzo de reinserción sabiendo que la alternativa no sería los tribunales “de justicia y paz”, cuya jurisdicción deriva del muy ambiguo principio de “justicia transicional”, sino juzgados ordinarios.
Además de la tragedia impuesta por los grupos alzados en armas en Colombia (más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos), la seguridad en América del Sur está siendo adicionalmente desafiada por una amenaza híbrida en un contexto de inestabilidad política y de inseguridad ciudadana crecientes.
No se puede cerrar los ojos a esa realidad mediante simples comunicados condenatorios.
