En las inmediaciones del rescate de parte del sistema bancario español mediante fondos institucionales de la eurozona, Moody ´s ha degradado la deuda española tres escalones de A3 a Baa3 con una perspectiva negativa. Con ello esa agencia calificadora ha retroalimentado la desconfianza en el sistema financiero español y en la sustentabilidad del euro más allá de la incertidumbre griega y coadyuvado a neutralizar la medida de la UE.
No es la primera vez que este tipo de advertencias oportunistas y redundantes agravan la situación de la eurozona. Ello ocurrió con Grecia en el primer trimestre del año consolidando el pesimismo sobre esa economía de la que hoy se extraen millones de divisas cotidianamente. Y ocurrió también con Portugal cuando las instituciones de la UE evaluaban el rescate correspondiente el año pasado. En esa oportunidad las agencias calificadoras complicaron el escenario al punto que la Comisión Europea se vio obligada a recordar que la UE tenía su propia información. Pero los organismos comunitarios no dieron el paso anunciado: crear agencias europeas que dieran su versión de los hechos para contrapesar la influencia de las norteamericanas Fitch, S&P o Moody’s.
Con ello estas organizaciones evaluadoras de riesgo actuando en el pico de las crisis reiteran su impacto procíclico. Ese efecto multiplicador se traduce en incremento de la volatilidad, aumento de la desconfianza y agravamiento de la incertidumbre proclive al pánico. El resultado es el incremento de los reclamos de los agentes del mercado de más garantías (lo que neutraliza el rescates como en el caso español), el debilitamiento adicional de la acción del Estado (el caso de Grecia cuya situación de anarquía ya es alarmante) y la neutralización de cualquier medida de confianza que no sea la más extrema.
Pero el rol desestabilizador de estas agencias no se limita a la publicación de su “opinión” cuando las crisis financieras ya están desatadas. En efecto, también contribuyen a crear desorden y riesgo exponencial como cuando otorgaron sistemáticamente la más alta calificación a los activos tóxicos vinculados al mercado hipotecario norteamericano (los que, como se sabe, constituyeron factores centrales de la crisis financiera norteamericana de 2007-2008 tan estrechamente ligada a la europea de hoy) y a muchos de los bancos europeos cuya quemante cartera, hoy castigada también por las calificadoras, está hoy en el centro de la crisis.
Es más, estas agencias –que debieran servir de mecanismos de alerta temprana y no de instigadoras del riesgo que pretenden retratar- han revelado extraordinaria ineficacia al no prevenir el desborde de una situación financiera complicada como ha ocurrido en el caso de las crisis asiática de 1997 y la europea de hoy.
Este comportamiento disfuncional no sólo complica los problemas decisorios de los agentes del mercado que, ubicados fuera del marco de la racionalidad y adentrados en la “exuberancia”, tienden al “comportamiento rebaño”. En ese escenario de busca desesperada de seguridad para minimizar pérdidas un sistema financiero puede efectivamente colapsar.
En ese marco, la especulación razonable que es propia de los mercados de capitales evoluciona hacia lo que el Congreso norteamericano ha denominado alguna vez, con exceso de prudencia, “especulación excesiva” erosionando fuertemente la calidad de las transacciones.
Lo extraordinario es que, a diferencias de las instituciones que corren riesgos, las agencias calificadoras sobreviven a estas catástrofes. Una explicación a esta curiosidad puede deberse a que el perjuicio que causan siempre es compensado por persistencia de la necesidad de sus servicios (o la percepción de esa necesidad) en otros mercados y por otros agentes.
La resistencia a la pérdida de credibilidad por estas instituciones, que las coloca por encima de los avatares del sistema, es un fenómeno a estudiar teniendo en cuenta su larga existencia (algunas de estas calificadoras están vigentes desde principios del siglo XX) y la concentración de las más influyentes en Wall Street.
En este caso se trata de reforzar el marco de supervisión financiera y bancaria de Basilea II que establece los parámetros normativos de esa actividad y de mejorar el rol de las calificadoras como proveedoras de información oportuna y apropiada a acreedores y deudores para determinar la sustentabilidad de aquéllos y la capacidad de pago de éstos.
La reunión del G20 que empieza este lunes 18 de junio en México bien podría considerar este acápite fundamental de la crisis a pesar de la urgencia de su recargada agenda de corto y largo plazo.
