El Canciller de Rusia Serguéi Lavrov acaba de realizar una visita oficial al Perú como parte de la gira que ha realizado a Cuba, Nicaragua y a Chile.
La visita de cualquier Canciller ruso es bienvenida en el Perú. Pero sus motivos deben ser claros. Especialmente en tiempos de beligerancia y cuando la unidad territorial de un Estado (Ucrania) ha sido vulnerada bajo condiciones que implican nuevas formas de uso de la fuerza o de amenaza de la misma.
En efecto, la amenaza del uso de la fuerza rusa ha sido un factor determinante en la creación de un hecho ilegítimo en Ucrania: la anexión de Crimea a Rusia mediante un referéndum ilegítimo y un procedimiento ruso de anexión de esa península estratégica extraordinariamente expeditivo.
Ello ha sido realizado mediante un modus operandi que combina la coacción común, el uso abierto de rebeldes internos –los rusófilos-, el empleo encubierto de agentes rusos y una cobertura jurídica extraordinariamente expeditiva y eficaz. Con un elemento adicional: la declaración de la defensa de extranjeros de origen ruso como si fueran ciudadanos rusos como un interés nacional ruso. Ese argumento (que no es nuevo) es extraordinariamente peligroso y desestabilizador.
Al respecto nuestra Cancillería y el Canciller ruso se han limitado a afirmar que la materia debe resolverse conforme al derecho internacional y en el marco de la Carta de la ONU. Así consta en la Nota de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lo demás (el aniversario del 45º aniversario de las relaciones diplomáticas con Rusia y la discusión de acuerdos de cooperación y de un eventual acuerdo de libre comercio) es un innecesario complemento para explicar una visita que quizás tenga por motivo señalar que Rusia sigue teniendo libertad de acción en áreas que esa potencia percibe como pertenecientes a una zona de influencia norteamericana, que piensa incrementarla o que la entrevista del Canciller y Presidente peruanos con el representante ruso es una muestra de la legitimidad que los anfitriones conceden al huésped ruso en Ucrania.
Ello no es así. Primero, porque hasta donde se sabe el Perú no ha avalado la posición rusa (como sí lo han hecho Cuba y Nicaragua) ni el establecimiento de bases rusas en Suramérica es bienvenido (con excepción, quizás, de los países del ALBA). Por lo demás, la cooperación que pueda prestar Rusia a Estados como el peruano no viene atada a este tipo de facilidades.
Segundo, porque aunque la percepción extra-regional pudiera ser la de que América Latina es una indiferenciada zona de influencia norteamericana, es evidente que esa percepción no corresponde a la nueva realidad suramericana (aunque la cooperación propia del sistema interamericano siga siendo un instrumento fundamental que define la cooperación hemisférica).
Tercero, porque la cooperación de seguridad del Perú con Estados Unidos sí es una realidad en acápites concretos no convencionales (p.e., la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico) y convencionales mientras que los vínculos más latos de cooperación de seguridad siguen vigentes.
Y cuarto porque el compromiso peruano con el punto 6 de la Resolución 1544 recordada por El País (“todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”) sigue vigente. Aunque ese principio forma parte de una Resolución sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, éste tiene una clara especificidad de alcance universal.
Pero sobre la materia al Perú (que a diferencia de Chile no forma parte, de momento, de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, aunque que podrá ser electo nuevamente a ese cargo) no le basta una reiteración de afinidad con el derecho internacional o con la Carta de la ONU. Su posición en contra de la anexión de Crimea debe ser conocida y, si no la tuviera, deberá adoptarla (especialmente luego de la visita del Canciller Lavrov).
El hecho de que una de las principales fuentes de aprovisionamiento militar peruano sea ruso no puede determinar una posición estratégica que comprometa la orientación de una política exterior que no avala la partición de Estados y menos el uso de la fuerza que usa subterfugios militares (agentes de combate desprovistos de insignias) y jurídicos (el desconocimiento de la ley internacional porque la autoridad interna del Estado intervenido está en cuestión).
Por lo demás, si el Perú no puede oponerse a través del ejercicio del poder a una decisión rusa de redefinir su zona de influencia, sí puede evaluar las serias consecuencias de esa decisión y expresar su posición de que ese empeño no debe vulnerar soberanías ajenas ni amenazar a entidades occidentales que el Perú reconoce como legales, legítimas y políticamente próximas.
En cualquier caso, la visita del Canciller ruso, bienvenida en cualquier momento siempre que tenga propósitos pacíficos, vuelve a mostrar hasta qué punto está fragmentada la región en términos de asociaciones, visiones del mundo y principios.
Es bueno que tengamos esa realidad en cuenta en lugar de pasarla por agua tibia ahora que una visita diplomática de fuerte connotación estratégica da cuenta de cuánto se está acelerando la emergencia de un nuevo orden mundial.
