Aunque la diferencia entre una visita oficial y una de Estado es muchas veces arbitraria, la que acaba de realizar el Presidente del Perú a Chile no deja dudas sobre la realidad de la segunda: la historia no registraba, hasta hoy, una visita de los presidentes de los tres poderes del Estado peruano al vecino. Tal es la implicancia diplomática de ese encuentro en Santiago cuya dimensión no puede ser disminuida por la ausencia de consenso pleno en ambos países ni por la liviandad de ciertos comentarios expresados durante su ejercicio.
A ese status correspondió un equivalente objetivo estratégico compartido por las partes: asegurar que la solución de la controversia marítima será implementada; prevenir, en consecuencia, cualquier rebeldía al respecto; reiterar que, en el proceso, la agenda gruesa de intereses convergentes no revierta y adelantar algunas grandes iniciativas. Estos objetivos se resumen en los términos empleados en la Declaración Conjunta: confianza y optimización.
Si ello requirió la reiteración documental de los principios generales que organizan la relación peruano-chilena faltó, sin embargo, añadir que el principio de solución pacífica de controversias es aplicable específicamente al diferendo que se procesa. La consecuencia de esa precisión hubiera reforzado la disposición de las partes a someterse a lo dispuesto por la Carta de la ONU al respecto (es decir, quien incumpla luego de una eventual revisión de la sentencia puede ser denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU). Las garantías de seguridad que buscaba la visita se habrían perfeccionado.
En ese acápite, por lo demás, pudo incluirse alguna referencia a la reciprocidad en la apertura económica (las rigideces en el mercado financiero chileno se mantienen) y a la disposición a la convergencia (es decir, admitir que la disminución de asimetrías estratégicas, cuya existencia es evidente los ámbitos militar, bursátil o de transporte naviero, no debe ser motivo de fricción).
Sobre esto se puede avanzar cuando se recupere la mutua generación de confianza. Al respecto debe tenerse en cuenta que la homologación de la medición del gasto militar es un compromiso que tiene casi una década de atraso, que el diálogo político-estratégico es menos dinámico que el que procuran grandes rivales sistémicos como Estados Unidos y China y que ciertas tareas de seguridad se han escamoteado en la Declaración (el caso del desminado fronterizo aparece subordinado al cumplimiento del tratado global sobre minas antipersonales).
Por ello el mejoramiento de las relaciones militares debió ir acompañado de la reactivación del mecanismo 2+2 como mecanismo institucional de manejo de crisis y foro de discusión de preocupaciones bilaterales y de cambios del entorno. Pero la Declaración no mencionó el punto mientras que insistió en una propuesta de protocolo de paz, seguridad y cooperación en el marco de UNASUR que no puede considerarse seria sin una cláusula de activo compromiso colectivo contra la agresión narcoterrorista en el área.
De otro lado, para lograr una mejor inserción interamericana y en el Asia-Pacífico la iniciativa de integración profunda o de espacio ampliado (hay que precisar los términos del compromiso) entre Perú, Chile, Colombia y México es central. Por ello la Declaración plantea bien la organización de una hoja de ruta. Pero lo hace sobre una idea inacabada. A la necesidad de mejorar inserción debió añadirse la necesidad de competir mejor con el Asia y el requerimiento de mejorar el status de la ribera latinoamericana en la cuenca (hoy bastante disminuido frente a la ribera asiática).
Ello implica un rol multilateral que se planteó, correctamente, de un modo práctico en la Declaración (protección de los recursos marinos en la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur –OROP- y avanzar en el acuerdo estratégico transpacífico base del futuro acuerdo de libre comercio de la APEC) y comprometido (apoyo a la Ronda Doha), pero también circunstancial (compromiso con la cumbre Suramérica-Países Árabes cuando Chile ha reconocido al Estado Palestino y el Perú cuya dimensión será mayor a la luz del reconocimiento del Estado Palestino por Chile y Perú y los países del MERCOSUR).
La precisión de áreas y tareas fue en este capítulo necesaria porque éste se enmarca en principios generales con que se abordarán estos trabajos. Pero esa precisión postergó dos escenarios fundamentales: el G20 (donde, a la luz de la incertidumbre económica global, Perú y Chile deben plantear a los miembros de ese agrupación -no necesariamente a través de Brasil y Argentina que participan en ella-, sus requerimientos y aspiraciones) y la CPPS (el principal organismo de cooperación funcional en el Pacífico sur suramericano del que Perú y Chile son partes fundamentales, cuya mención era necesaria si la entidad subregional mencionada es una menor: la OROP). La Declaración es generosa en carencias importantes también en la referencia al proceso de integración bilateral (especialmente en los requerimientos de integración física). En efecto, aquí sólo se hace mención a la interconexión eléctrica en el marco de UNASUR. Si bien ha sido acertado no incluir a los hidrocarburos hasta que en el Perú no haya certeza de sus exactas reservas, sí era imprescindible comprometer la cooperación peruano-chilena en el desarrollo de energías renovables, incluyendo la nuclear bajo las limitaciones comprometidas. A la luz de las necesidades de ambos países no hay explicación razonable para esta omisión.
En lo demás hay en la Declaración menciones aisladas, asuntos pendientes y asuntos en marcha que se hizo bien en recordar. Entre los últimos, la adecuada inserción de los migrantes es un tema de seguridad humanitaria que requiere actualización y entre los primeros la cooperación cultural es un lugar común mientras que la facilitación de trámites fronterizos parece tan inercial como preocupante. En cambio la cooperación judicial y la cooperación policial en la lucha contra el narcotráfico son asuntos pendientes que pudieron merecer mayor atención pero que por lo menos han sido reconocidos.
En tanto la Declaración reitera y define una agenda con propósitos concretos cuya realización justifica el trato jurídicamente paralelo de la controversia marítima, debió ser más detallada. A compensar su imprecisión ayuda, sin embargo, la clasificación sectorial de los compromisos. De otro lado, no hay nada en la Declaración que prevenga el enriquecimiento temático de la agenda.
Teniendo ello en cuenta, la visita de Estado a Chile ha sido un claro y necesario paso adelante en la política vecinal del Perú bajo circunstancias que obligan a la prevención, al adecuado cumplimiento de una sentencia de delimitación marítima y a no sacrificar el progreso conjunto.
