Un letal ataque contra fuerzas bolivianas encargadas de llevar a cabo operaciones de erradicación de coca ilegal en la localidad conocida como “Apolo” ha resultado en la muerte de cuatros efectivos, catorce heridos y otras bajas de las fuerzas del orden de ese país vecino y en la desarticulación de la operación aludida.
En la confusión del momento, autoridades bolivianas ordenaron “cerrar la frontera” en un zona donde esa orden es de imposible cumplimiento (en realidad casi toda la frontera peruano-boliviana es una zona abierta insuficientemente resguardada). Simultáneamente se atribuyó a fuerzas locales y extranjeras (deslizándose una responsabilidad peruana) una acción que, por sus resultados, no pudo ser improvisada.
Este grave incidente debe ser inmediatamente esclarecido por las autoridades a ambos lados de la frontera teniendo en cuenta que, si bien es obra del crimen organizado, el carácter transnacional del mismo no inhibe que el ataque haya sido implementado por agentes locales (peruanos y/o bolivianos) de la más alta peligrosidad. La violencia con la que han actuado parece, por lo demás, directamente proporcional al impacto sufrido por el renovado impulso que en Bolivia y el Perú ha cobrado el esfuerzo de erradicación de cocales ilegales en el último par de años.
En el lado boliviano, “Apolo” es el apelativo de una localidad que forma parte de la provincia de Franz Tamayo a unos 20 kms. de la frontera peruano-boliviana y que, junto con las localidades de Muñecas y Bautista Saavedra, forman parte de la Zona Norte del Departamento de La Paz.
Esta zona, junto las zonas de Yungas y del Trópico de Cochabamba es una de las tres áreas donde la Oficina Nacional Contra las Drogas y el Delito de del Estado Boliviano concentra la supervigilancia de las actividades contra la coca ilegal (1).
La producción de esa zona, como la de las otras dos provincias, es orientada principalmente al Brasil. Y esa producción había mermado para el conjunto boliviano en -7% en el 2012 (y en -12% en el 2011) frente a la inercia anterior (no sabemos si la cifra incluye o no la resiembra). Es más, en “Apolo” (que no es un área de gran producción de coca ilegal) ésta había caído -14% en el 2012 duplicando el promedio nacional según la UNDOC.
Del éxito relativo de las operaciones de erradicación en “Apolo” y de la estadística boliviana de erradicación se concluye que, quienes estén beneficiándose local o trasnacionalmente del narcotráfico de ese origen tenían suficiente motivo para confrontar con violencia extrema a la autoridad boliviana. Y lo han hecho de la manera más salvaje.
Del lado peruano la zona de la frontera sur complicada por la coca ilegal es la cuenca de Tambopata que, con la cuenca de Inambari, en Puno complementa, con San Gabán en Cusco, una unidad de producción cocalera que, al revés que la zona boliviana aludida, no constituye parte del centro principal de atención de las fuerzas de erradicación peruanas.
Las zonas que concentran la actividad coactiva contra la siembra ilegal de coca en el Perú son las del Alto Huallaga, Aguaytía y el VRAE (de la que San Gabán-Inambari-Tambopata es periférica). En aquél gran trípode la erradicación de coca ilegal ha cobrado nueva fuerza generando un impacto en el total nacional erradicado neto (el que incluye la resiembra) de -3.4% en relación al 2011 luego de siete años de crecimiento ilegal continuo (2) (aunque el total erradicado en el 2012 fue 14234 has en relación a las 60.4 mil has existentes).
Es muy probable que los cocaleros y otros agentes golpeados por el CORAH (la agencia de erradicación peruana) en esa gran zona en el centro del Perú hayan migrado hacia el sur complicando el área fronteriza de Sandia (Puno) y contribuido al incremento de la producción ilegal en ese Departamento.
Al respecto debe tenerse en cuenta que lo mismo ha ocurrido en el norte en la zona fronteriza de Bajo Amazonas cercana al triángulo de Leticia (fuertemente influida por las FARC) en el departamento de Loreto; y en el centro (el complejo Pichis- Palcazú-Pachitea) donde la producción de coca legal también se ha incrementado a pesar de la reducción neta a nivel nacional (3).
Por lo demás, debe tenerse es cuenta que en ambos lados de la frontera peruano-boliviana el narcotráfico no es la única actividad ilegal poderosa: la minería ilegal, la tala ilegal de bosques, el tráfico de armas, el contrabando, la migración ilegal y otro tipo de actividades delictivas caracterizan a la zona de Sandia y del Norte de La Paz.
En el lado peruano, puede haber contribuido además el conflicto actual entre cocaleros y campesinos que siembran café por su valor intrínseco (especialmente la variedad Tincu que fue considerado en 2011 como el de mejor café peruano) y como alternativa a la coca ilegal que genera violencia en Cusco y Puno.
Por lo demás, luego de la caída de los mandos militares de Sendero Luminoso en el VRAE no es imposible esbozar un escenario en el que esa agrupación terrorista, que se alimenta del narcotráfico, esté actuando transnacionalmente.
Lo mismo ocurre con los operadores de las FARC desplazados por la ofensiva del la fuerza armada colombiana y las negociaciones de paz establecidas por el presidente Santos. Por lo demás, podría haberse creado en la zona una nueva unidad narcoterrorista.
Por estas razones parece indispensable una mayor cooperación peruano-boliviana en la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico en particular (como ya ocurre con otros vecinos en otras fronteras del Perú).
Para ello es necesario despojar del carácter de símbolo nacional a un hoja que transita en Bolivia como suma facilidad entre lo legal y lo ilegal, que su Presidente desista de seguir liderando a los sindicatos cocaleros (que, por lo demás, convertidos en fuerza política, tanta presión ejercen sobre él) y que ambos Estados tomen la decisión de extraer a Perú y Bolivia del circuito letal de la coca.
UNDOC-Estado Plurinacional de Bolivia, Monitoreo de Coca 2012. Julio de 2013
UNDOC-DEVIDA: Perú, Monitoreo de Cultivos de Coca 2012. Setiembre de 2013
IDEM.
