La autoritaria “administración Trump” culmina en el intento de golpe de Estado organizado por ese gobernante. No de otra manera puede definirse la reciente toma del Capitolio por una turba extremista que quiso impedir que los representantes de las dos cámaras legislativas certificaran el triunfo electoral del Senador Biden.
Este intento sedicioso y terrorista, como lo ha calificado el Sr. Biden para distinguirlo de la simple protesta, amenazó la vida de los legisladores, tomó por asalto sus oficinas y foros, hurtó documentos oficiales y fue alentado hasta último momento por el mismo presidente norteamericano. Su carácter violento (que se cobró 4 vidas) y racista (sólo admitió gente blanca) también fue azuzado por Trump quien exigió “fuerza” en la marcha hacia el Parlamento que, como Mussolini en Roma, él mismo acompañaría.
Así, la gestión autoritaria del representante de “America First” termina con una gesta delictiva que podría merecer la destitución considerada en la Enmienda 25 de la Constitución norteamericana como lo ha planteado la Presidenta de la Cámara de Representante. Aquélla se ha sustentado en tres ejes: el copamiento efectivo de las instituciones democráticas norteamericanas con la intención principal de servirse de ellas (p.e. el Poder Judicial y la Fiscalía General o el uso del proceso electoral entendido como instrumento de perpetuación del propio mandato), la distorsión del interés colectivo por el grupal (el caso del “trumpismo” excluyente fuera y dentro dentro del Partido Republicano) y la perversión del interés nacional por el negocio propio (p.e. el condicionamiento de la ayuda a Ucrania).
A la luz de estos y otros graves entuertos el Partido Demócrata ya intentó un “impeachment” que el Partido Republicano frenó en tiempos más latos. Hoy en tiempos más limitados, Trump podría, en efecto, ser destituido. Sin embargo, a ello se oponen el inminente fin del gobierno y la necesidad de llevar a cabo una transición ordenada del poder el próximo 20 de enero.
Ello no obstante, el “legado” trumpista quedará registrado en la historia con un sello de vergüenza. Ese castigo moral podría ser el resultado fundamental de tanto abuso y desmanejo. Y lo sería porque los intentos punitivos que podrían intentarse durante la gestión del Presidente Biden podrían debilitarse debido a las necesidades del nuevo gobierno de reconciliar a una ciudadanía extremadamente polarizada y de lograr un frente unido para el combate de la pandemia que ya se ha cobrado la vida de 350 mil norteamericanos. Por lo demás, disminuir el riesgo político para evitar arruinar los términos de la recuperación económica adquirirá quizás una prioridad superior.
De otro lado, el impacto de ese riesgo político involucra también a una comunidad internacional en el que la “democracia iliberal” y el autoritarismo se incrementan sin pausa (Freedom House indica que en el período 2014-2019 las libertades democráticos en el mundo se han deteriorado sistemáticamente). En ese contexto, en el que Trump no ha hecho sino contribuir al pudridero democrático en Europa, América Latina y Asia, será difícil para la primera potencia recuperar la legitimidad externa replanteando solamente la promoción de la democracia como un interés nacional prioritario y creíble.
En estas circunstancias en que, además, el poder norteamericano es desafiado estructuralmente con perspectiva negativa, la sobrevivencia del liberalismo que ha pretendidodefinir a Occidente deberá –o debería ser- una tarea compartida por occidentales y occidentales periféricos. En ese esfuerzo los términos medios pueden triunfar o, alternativamente, los principios de esta civilización esencial tan dependiente de Estados Unidos y Europa, podrían redefinirse en serio en términos más incluyentes.
