La tiranía libia ha caído aunque el Secretario General de la OTAN, Andres Fogh Rasmussen, exprese que aquélla está aún derrumbándose. Al respecto, los hechos relevantes son que el dictador Gadafi ya no gobierna, que ha perdido el control sobre la capital del país -Trípoli, su último bastión- y que, aunque hay aún resistencia, él ha escapado. Si bien alguna sorpresa puede aún esperarse, es difícil que la ofensiva de las masas de rebeldes pueda ser revertida salvo que su propia desorganización produzca esa involución.
Sin embargo, no es improbable que, mientras no se capture a Gadafi y a su entorno inmediato, o éste no se rinda, su latencia política genere dificultades adicionales a las inmensas que ya tiene el Comité Nacional de Transición para establecer el nuevo orden y para emprender la reunificación y la reconstrucción nacionales. Si ese obstáculo no se supera e interactúa con los conflictos latentes entre los diferentes grupos o tribus que componen la sociedad Libia, la anarquía consecuente tendrá la capacidad de devorarse a quienes, habiendo destruido un régimen dictatorial, se muestran incapaces de establecer un gobierno efectivo.
La superación de ese obstáculo no se logrará sólo con el reconocimiento externo de la legitimidad de la nueva autoridad libia. En efecto, esa acción externa no puede suplir los requerimientos de un liderazgo efectivo y legítimo que hoy es ejercido por un oscuro cuerpo colegiado (el CNT), del acceso rápido a medios suficientes (que los libios carecen, a pesar de su riqueza), de expertas capacidades administrativas (que luego de 42 años de tiranía sólo parecen ostentar hoy los ex-funcionarios del régimen derrotado) y de legitimidad social (que es una función de la superación de la rivalidad generada por el dominio de las tribus del oeste libio y sobre las del este).
Según el CNT ese gobierno (una comisión de transición) se formará luego de la elección de un Congreso en un plazo de 240 días y de que éste sea sometido a un referendum. Mientras tanto, los vitales asuntos de orden interno deberán resguardarse de la fricción liberada por la caída de la tiranía entre las facciones señaladas.
A disminuir ese riesgo contribuirá la ausencia de conflicto religioso en una población mayoritariamente suní pero no la carencia de instituciones de un país cuyo pasado reciente ha transitado de un régimen colonial ineficiente a una monarquía escasamente arraigada y, finalmente, a una dictadura originalmente nacionalista y panárabe que, en manos de Gadafi, terminó convertida en una peligros y exuberante satrapía. La carencia de instituciones legítimas y operativas será un obstáculo mayor para la gestión del Estado libio cuya condición hoy es la de un Estado fallido.
En el ámbito económico el descongelamiento de los fondos libios en el exterior (aproximadamente US$ 37 mil millones en Estados Unidos, US$ 20 mil millones en el Reino Unido y US$ 10 mil millones en Alemania), la recuperación de los mercados tradicionales de las exportaciones de petróleo (Francia e Italia equivalen al 80% del total), el incremento de la producción de hidrocarburos generado por el interés de empresas extranjeras y la ayuda financiera que pueda emerger de la Unión Europea (hoy menor debido a la crisis), de Estados Unidos, de Qatar, Bahrein y alguno de los Emiratos Árabes Unidos puede hacer que la economía libia alcance niveles de sobrevivencia. Pero, de momento, no más que ello.
En principio, esta situación de capitis diminutio debió ser consecuencia de la “situación sostenible y pacífica” como solución a la crisis que buscaba la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU mediante la facilitación del diálogo entre las partes en conflicto. Éste, a su vez, debiera haber permitido la implementación de las reformas políticas necesarias. Con ese propósito y especialmente, el de proteger a los civiles del enfrentamiento interno, la Resolución patrocinó una zona de prohibición de vuelos y el embargo de armas.
Pero la zona de protección aérea fue empleada para realizar operaciones hostiles contra las fuerzas de Gadafi y el embargo de armas ciertamente no se aplicó a los rebeldes que recibieron pertrechos y entrenamiento de potencias occidentales y árabes. Estas violaciones del mandato de la ONU, adoptado sin unanimidad, no fueron producto de las circunstancias sino de una convicción estratégica reconocida por lo menos por Francia, el Reino Unido y Estados Unidos: los objetivos de la ONU no se alcanzarían con la presencia de Gadafi y, por tanto, éste debería ser derrotado o derrocado (cambio de régimen). La revolución y la guerra fueron, por tanto, los medios predominantes.
Para esos efectos, sin embargo, ni la ONU ni las potencias concernidas consideraron necesario la presencia de fuerzas en el terreno indispensables para procurar un cese de fuego. Teniendo en cuenta el objetivo estratégico de los rebeldes y de las grandes potencias, además de la sobre-extensión de la OTAN en los escenarios de Afganistán y el proceso de retiro en Irak, el despliegue de esas fuerzas en el terreno fue evitado. Esta decisión incrementó la dinámica de la beligerancia en Libia.
Fue en este escenario que actuó la fuerza aérea de la Alianza Atlántica lanzando la Operación Protector Unificado. Si su rol nominal ha sido el de proteger la vida de los ciudadanos libios, mucho más real y evidente ha sido su patrocinio del “cambio de régimen” que, como es evidente, ha elevado el costo en vidas que ya estaba produciendo la brutalidad de las fuerzas de Gadafi. En este caso la revolución y la guerra se han complementado para producir la caída del tirano. Si éste no merece protección alguna (y que quizás pudo ser retirado por otros medios), sí llama la atención sobre la extralimitación del uso de la fuerza autorizada por Consejo de Seguridad en aplicación del Capitulo VII de la Carta de la ONU.
Este conflicto entre derecho y guerra –que ha ganado la segunda- ha producido un resultado que tiene una doble dimensión estratégica. Si el gobierno libio logra establecerse -y lo hace democráticamente-, estará contribuyendo a la fundación de un núcleo liberal en el África del Norte retroalimentando el desarrollo de las revoluciones tunecina y egipcia (cuya dimensión ideológica, sin embargo, está aun por esclarecerse). Ello tendrá un impacto cualitativo, quizás de naturaleza pro-occidental, en el Norte de África y en el Medio Oriente.
Pero si el gobierno fracasa, el vacío de poder generado incrementará la inestabilidad que ya se ha instalado en el área y, por tanto, se intensificarán los niveles de fricción que tienden a generar conflicto externo sea a través del terrorismo o de la guerra convencional. Si la Libia de Gadafi tuvo amplia experiencia en esos menesteres sus operadores querrán echar mano a su experiencia remanente.
Hoy toca a la ONU procurar el éxito del gobierno libio. Los Estados latinoamericanos podrán cooperar con ese empeño, mediante el esfuerzo político inicial: el reconocimiento, a la brevedad que mande la prudencia, del nuevo gobierno en tanto éste confirme que éste respetará las libertades fundamentales. Y también mediante la redefinición de los términos de las cumbre entre países árabes y suramericanos tan pomposamente convocados y tan ausente de racionalidad estratégica y de convicción ideológica.
