14 de diciembre de 2005
Es verdad que las negociaciones comerciales multilaterales liberalizadoras de los intercambios globales suelen tardar más de lo que originalmente se plantea, que su evolución no se caracteriza por la fluidez y que la fricción consecuente genera frustración antes de que los participantes puedan disfrutar de los beneficios del incremento de las transacciones. Pero la ronda Doha lanzada el 2001 agudiza estas inconveniencias no sólo porque debió culminar el 2004 sino porque debía orientarse a beneficiar especialmente a los países en desarrollo.
En lugar de ello, la actual reunión ministerial que se realiza en Hong Kong podría culminar apenas con un acuerdo de ayudas y concesiones de acceso que los países desarrollados ofrecerían sólo a un grupo de países de menor desarrollo y con promesas de progreso a ser redefinidas más adelante. De esta manera el “relanzamiento” esperado en Hong Kong podría estar destinado al fracaso si se mantiene el plazo del 2006 para lograr éxito. Si bien esta reunión debía contribuir a establecer los lineamientos para rebajar sustancialmente aranceles y subsidios al comercio de bienes agrícolas, industriales y de servicios, el sector de referencia ha sido el agrícola. Aunque no todos los países en desarrollo son grandes exportadores agropecuarios, el entendido era que la reducción sustancial de obstáculos al comercio en el área tendría efectos redistributivos entre los países en desarrollo y que contribuiría fuertemente a la lucha contra la pobreza en ellos. Para progresar en ese camino se requería un compromiso básico entre Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón. Lamentablemente ese compromiso no se ha logrado. Mientras Estados Unidos propone una reducción de aranceles de entre 55% y 90% dependiendo del grado de protección de los productos implicados y una gradual pero defintiva eliminación de los subisidos a la exportación (aunque mantendría ciertas ayudas internas), la Unión Europea propone un promedio de reducción arancelaria menor (alrededor de 47%) y no está dispuesta a reducir más subsidios que los ya realizados en una reforma reciente de la PAC. A su vez, la UE condiciona la oferta de una reducción de subisidios mayor a la apertura del mercado de bienes industriales y de servicios por parte de los países en desarrollo (especialmente de los grandes, como Brasil). En tanto éstos se han negado ha proceder en esa dirección, esa posibilidad continúa clausurada mientras Japón sigue tan silenciosos como inactivo en la materia. Como resultado, los países en desarrollo no sólo no recibirían beneficios adicionales de una mayor liberalización del comercio global sino que, de tener éxito la reunión de Hong Kong, éstos serían menores a lo originalmente estimado. En efecto, el Banco Mundial calcula ahora que las ganancias derivables de una mayor apertura comercial añadirían sólo US$ 86 mil millones hacia el 2015 mientras que un resultado parcial incrementaría las ganancias en US$ 15 mil millones para la misma fecha. En consecuencia, la reducción de expectativas es grande y proporcional a una reducción de estímulos a un mayor esfuerzo liberalizador si se considera que el cálculo de beneficios estimados por el Banco en el 2002 fue de US$ 200 mil millones (The Economist) incluyendo los derivables de la liberación del comercio entre países en desarrollo. Si, bajo las actuales condiciones de creciente interdependencia y de prolonganción del ciclo expansivo de la economía mundial (aunque a tasas decrecientes) no hay razón para dudar de que el comercio global seguirá creciendo por encima del incremento del PBI, una postergación de la ronda Doha puede incrementar las tendencias proteccionistas que ya se palpan en Estados Unidos y en otras potencias. Y también a aumentar las dudas sobre los beneficios adicionales derivables del sistema multiltaral. Ello contribuirá a potenciar el privilegio de los acuerdos bilaterales (como el TLC con Estados Unidos) cuya proliferación no pocos consideran como vulneratorio del orden de la OMC y de su lógica creadora de comercio. Pero además, el impulso que recibirán los postulantes del nacionalismo radical emergente en los países en desarrollo (especialmente en Suramérica) será ostensible. Mientras tanto, los que consideramos que el incremento del bienestar derivado del aumento de los intercambios debe plantearse en el terreno de lo posible antes que en el ideológico, deberemos revisar la dimensión del cambio de actitud de las potencias mayores antes de avalar aperturas adicionales.
Así por ejemplo, si bien consideramos que el TLC con Estados Unidos es beneficioso en general, ahora deberá considerarse adicionalmente cuál es el impacto en él de una eventual cancelación de las posibilidades de reducción de subsidios que los países desarrollados se comprometieron a lograr en el ámbito multilateral en lugar de negociarlo bilateralmente con un país que no es exportador importante de productos agrícolas. La respuesta probablemente será que el impacto será menor. Pero, si las premisas del acuerdo quedaran afectadas, éste deberá ser un criterio de evaluación adicional para establecer el costo-beneficio del mismo. Si este problema se multiplica en la negociación de futuros acuerdos bilaterales, es claro que deberá exigirse a las potencias mayores que procedan a reducir los obstáculos al comercio que ellas se interpusieron entre sí y extender ese desmantelamiento a todos.
