El Congreso norteamericano ha aprobado una ley de reforma financiera que por su complejidad, cobertura e impacto en la economía de la primera potencia tendrá influencia global. Y también consolidará el fin del proceso de desregulación del mercado financiero iniciado en la década de los 80 del siglo pasado.
Sin embargo, el anuncio de que el Estado ha regresado a ese mercado puede ser todavía una evidencia sólo regulatoria antes una indicación de cambio del sistema. Este escenario se clarificará cuando las 2315 páginas de la ley que el Senado aprobó por 60 votos contra 39 (luego de un proceso similar en la Casa de Representantes) sea objeto de mejor esclarecimiento público e ingrese a la fase de implementación.
Por lo pronto, la Casa Blanca ha indicado que esa ley es la de mayor alcance desde la ley Glass-Steagall que, en 1933, separó las actividades de la banca comercial de la banca de inversión (y que formó parte del New Deal mediante el cual Franklin Roosevelt organizó la recuperación económica norteamericana y fundó el estado de bienestar norteamericano).
Ese entusiasmo referencial no es unánime, sin embargo. En efecto, de un lado, los “radicales” norteamericanos afirman que la ley en cuestión no se acerca a los principios de la ley Glass-Steagall (y ni siquiera a la sustancia de las recomendaciones de Paul Volcker, el ex -director del FED, quien patrocinó una versión actualizada de esa norma). En consecuencia, opina este sector, la nueva ley mantiene intacta la supremacía del capitalismo financiero norteamericano y sus excesos especulativos sobre la inversión productiva y la economía norteamericana. Según este sector, poco se ha aprendido de la turbiedad financiera que generó la crisis económica del 2008 en Estados Unidos y, luego, en el mundo.
De otro lado, los voceros mediáticos de la banca de inversión (que patrocinan un status quo mejorado) no han guardado silencio. Según ellos, los costos de implementación de la ley serán inmensos tanto para el Estado como para las organizaciones financieras privadas. Ellos, sin embargo, tampoco piensan que el modelo de negocios de Wall Street (el corazón del sistema) vaya a cambiar. Así opina J.P. Morgan, el segundo banco de inversión y el mayor agente en transacciones over-the-counter (un mercado que, según el patrocinador de la nueva ley, el Senador Christopher Dodd, creció de US$ 91 trillones –millones de millones- en 1998 a US$ 592 trillones en 2008). Según ese banco de inversión, citado por Reuters, el impacto se reflejará en una disminución de ingresos, de márgenes y de volumen de negocio.
Al margen de la opinión de estos sectores, el hecho es que la ley norteamericana afectará el comportamiento del sistema financiero global. Ello ocurrirá, económicamente, a través de los mecanismos de interdependencia financiera global y, políticamente, en el ámbito del G-20, donde el presidente Obama insistió en que los socios contribuyeran a la reforma de sus sistemas nacionales. Por lo demás, a la luz del nuevo rol regulatorio que la ley concede al FED, ésta podría involucrar al régimen que gobierna a los bancos centrales según los acuerdos de Basilea.
De otro lado, si es cierto que mientras los términos de la ley no sean adecuadamente esclarecidos no se puede pronosticar la intensidad de su impacto, sí es posible anunciar que éste será complejo si se tiene en cuenta la dimensión y cobertura de la misma: ésta afecta a la banca, a los múltiples operadores financieros (fondos de cobertura, gestores de derivados, operadores de transacciones over-the-counter), a agencia calificadoras de riesgo, brokers hipotecarios, corporaciones financieras, al FED y a inversionistas y consumidores.
En relación a la protección de estos últimos la ley patrocina la supervisión de información transparente especialmente en el sector hipotecario, de tarjetas de crédito y de productos financieros complejos. Y continúa luego con los bancos para prevenir que su crecimiento lleve implícito el riesgo sistémico (en consecuencia promueve la regulación de su conducta por el FED, formas seguras de liquidación y el aumento los requerimientos de capital y de apalancamiento). De ello no está divorciado un sistema de alerta temprana (a cargo de un Consejo) que prevendrá el riesgo sistémico ni la transparencia y mayor responsabilidad en el manejo de instrumentos financieros “exóticos” (que tendrán un control legal más estricto en vez de ser prohibidos).
A ello se agrega la supervisión de la banca en general por el FED (y por un par de instancias más) en lugar de la multiplicidad de actores a cargo hoy de esa responsabilidad de manera segmentada. Esa supervisón será amparada por un fondo cuyo financiamiento provendrá de impuestos al sector bancario. El propósito es lograr transparencia y, además, proteger a los bancos comunales.
De otro lado, las compensaciones a los ejecutivos de grandes corporaciones financieras se otorgarán luego de escuchar a los accionistas que tendrán derecho a voto no vinculante. Ello será complementado mediante un complejo sistema de protección a los inversionistas del abuso de agentes tipo Madoff, de la oferta tramposa de productos financieros también mediante mayor transparencia y normas que apuntan a la disminución del riesgo.
Estos mecanismos de transparencia, salvaguardas contables y regulación deben contribuir también a mejorar el manejo de los fondos de cobertura, de las operaciones over-the-counter, de la agencias calificadoras de riesgo (evitando el conflicto de intereses en ellas) y el negocio de seguros financieros.
Si en 1999 un gobernante demócrata (el presidente Clinton) dio el último espaldarazo a la desregulación financiera cancelando componentes sustantivos de la ley Glass-Steagall, en el 2010 otro presidente demócrata, el señor Obama, intentará reponer alguna parte de la sustancia de esa norma. Si esta vez, sin embargo, no se separará la banca de inversión de la banca comercial debido, quizás, a la complejidad contemporánea del sistema financiero, la regulación anunciada tendrá sentido si, además de imponer orden preventivo en el sistema, promueve la fluidez del crédito en beneficio de la economía real. Los excesos del capitalismo financiero han llegado a un nivel de irresponsabilidad que su mera regulación quizás fortalezca la confianza del especulador pero no necesariamente el agente de la economía productiva.
