No habían pasado dos meses desde que el Presidente Felipe Calderón asumió el la jefatura del Estado de México cuando en febrero pasado tropas mexicanas incursionaron en Tijuana para recuperarla de la influencia de los carteles del narcotráfico. El Presidente debía restaurar la autoridad del Estado no sobre la oposición del PRD, que la cuestionaba, sino sobre el crimen organizado que amenazaba seriamente la integridad del Estado mexicano.
Esa acción, considerada de alto riesgo en tanto suponía el compromiso de la fuerza armada contra una amenaza que en el Perú es confrontada policialmente, no sólo se mantuvo sino que se extendió en México. Y lo hizo en proporción al alarmante dominio con que los carteles instalados en el norte de ese país desarticulaban su soberanía en la frontera con la primera potencia. La acción de la fuerza pudo sustentarse, en consecuencia, no sólo por su intensidad sino por su fundamento: la recuperación territorial de un escenario donde el crimen organizado actuaba con considerable discrecionalidad.
Hoy ese esfuerzo ha justificado la disposición de seguridad estadounidense a cooperar con México en el marco de una alianza estratégica para enfrentar la amenaza del narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas y otras similares.
Ello ocurre en un marco regional cuyo ámbito va desde la frontera mexicano-estadounidense hasta Panamá e implica la solicitud de la Casa Blanca al Congreso norteamericano de US$ 500 millones de un total de US$ 1400 millones para afrontar en México esa amenaza y de US$ 50 millones para fines equivalente en Centroamérica (incluyendo la desarticulación de las pandillas juveniles).
Esa cooperación no implicará presencia de tropas norteamericanas en México sino adquisición de equipos, capacitación y fortalecimiento institucional en México y Centroamérica.
Al margen de la interminable discusión sobre si la estrategia antinarcóticos debe enfatizar cierto enfoque sobre otro, he aquí una muestra de que la voluntad de lucha contra el narcotráfico no ha sido vencida en ciertos Estados Y si ella requiere del uso legítimo de la fuerza, pues a ella se debe recurrir con los recaudos que establece la ley.
Esa decisión indica una tendencia adicional: la lucha contra el narcotráfico ha llegado al límite de su desplazamiento de sur a norte en la región. Si ésta no tiene el éxito relativo que se espera, ella retornará tarde o temprano a los países que la están debilitando.
Ello no implica hoy la deposición del Plan Colombia que ha consumido un promedio de alrededor de US$ 700 millones anuales desde su puesta en marcha en 1999. Pero podría ocurrir en el futuro. Especialmente si luego de los extraordinarios esfuerzos desplegados en la erradicación de coca ilegal y de incautación de droga en ese país, la extensión de cultivos nuevos mostraba el año pasado un saldo favorable de apenas 15%. Mientras tanto, Colombia sigue siendo el primer exportador de cocaína (80% del total) la mayoría de la cual es exportada a Estados Unidos.
Por lo demás, el esfuerzo regional antidrogas podría debilitarse adicionalmente si la reducción de la demanda en Estados Unidos (que es de 23.2% desde el 2002 entre los jóvenes) no se acelera.
De allí que el Perú y Bolivia deberían incrementar su disposición a erradicar la coca ilegal que complica el dominio territorial de nuestros Estados en el marco de un adecuado programa de sustitución de cultivos. Lamentablemente esa voluntad se ha revertido en Bolivia y desea involucionar en el Perú.
Oficialmente para estos países sigue siendo relativamente evidente que la acción contra el narcotráfico debe combinar adecuadamente el desarrollo alternativo, la interdicción, la erradicación y la prevención. Lo que no puede hacerse es minimizar el empleo de alguna de esas variables ni menos pretender neutralizar la lucha mediante ardides jurídicos para legalizar el cultivo de la coca ilegal.
Si México ha fortalecido la variable de interdicción como le corresponde, el Perú debe incrementar el esfuerzo en erradicación una vez resguardado el consumo tradicional en lugar de diluir el empeño de una difícil interdicción priorizando a costa de otros esfuerzos, por ejemplo, la de precursores. Por nuestra propia seguridad, el esfuerzo del Presidente Calderón debe ser mejor acompañado.
