La crítica razonable a la proliferación de reuniones cumbre de Jefes de Estado en América Latina está dejando de ser un lugar común para empezar a sucumbir ante la persistencia de éstas.
En efecto, a su ineficacia en la concreción de los vagos objetivos que se plantean los diferentes organismos que las reclaman se añade ahora la yuxtaposición cronológica de las mismas. Como consecuencia, la rapidez con que se desenvuelve la compleja problemática internacional no sólo sigue ganado la batalla por la atención de los Jefes de Estado, sino que éstos pierden capacidad de evaluación serena, de pronóstico razonable y de respuesta práctica con un complemento: ahora se añade la desatención presidencial de sus agendas internas en momentos eventualmente críticos.
El más grave caso de esta última característica la acaba de sufrir el Presidente de México que debía asistir a la cumbre de la APEC mientras que en su país la protesta por el desborde del crimen organizado se extendía restándole al Sr. Peña Nieto no sólo apoyo sino legitimidad interna. No ha sido éste el primer caso en la materia ni será el último.
Pero si la confrontación de prioridades externas e internas que debió afrontar el Presidente mexicano derivó de una circunstancia tan dramática como inesperada (el asesinato masivo de estudiantes a manos de narcotraficantes vinculados con autoridades locales del Estado de Guerrero), la cuasi yuxtaposición de la Cumbre extraordinaria de UNASUR en Quito con la XXIV Cumbre Iberoamericana (Veracruz) empalmó con el inicio de la COP 20 que se realiza en Lima en el marco de la ONU (la Convención Marco sobre el Cambio Climático) que si bien no es una cumbre es una importante reunión de alto nivel multilateral.
Todo ello ocurrió en menos de un par de semanas decembrinas y, por tanto, distrajo la atención de los altos participantes de otros importantes compromisos (en el caso del Perú, extrajo al Presidente de la solución de problemas que complican seriamente a su gobierno).
La conclusión es obvia: el costo político de estos excesos multilaterales quizás superen a su costo económico con el riesgo de expandir esa brecha al ámbito social si estas cumbres y reuniones no generan compensación mediante resultados de clara utilidad para las sociedades y Estados concurrentes (de esta conclusión quizás se pueda exceptuar a la COP 20).
En efecto, no parece razonable que el UNASUR haya convocado a una cumbre extraordinaria sólo para enaltecer la inauguración de su sede en las cercanías de Quito y para recordar oficialmente, de paso, que la entidad le debe lo que es a la iniciativa de Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Luiz Inacio da Silva “Lula”.
Aunque esa paternidad es reconocida por Estados que no tuvieron coincidencia con estos gobernantes, éstos hubieran preferido que se privilegiara la mención a la voluntad conjunta en esa creación regimental (además de evitar recordar que a no pocos no les quedó más remedio que adherirse o quedar aislados).
Pero al margen de la oficialización del sesgo ideológico en la creación de UNASUR (que, para ser eficiente, requiere hoy del consenso) la cumbre apenas recibió un documento de “visión estratégica” (que debe aún ser analizado por los Estados del área) y, como si hubiera plena coincidente de intereses de seguridad y defensa en la región, procedió a crear un Escuela Suramericana de Defensa en el marco del Consejo de Defensa Suramericano.
El primer resultado ciertamente no requería de la presencia presidencial y el segundo hubiera sido mejor atendido por los ministros de Defensa con una condición explícita: que esa Escuela no imparta doctrina y que se limite a cierta preparación práctica (como, por ejemplo, la reacción frente a desastres naturales –cuestión que ya fue anunciada- o a operaciones de mantenimiento de la paz -cuya preparación parece ser un patrimonio que los países del Cono Sur se han empeñado en desarrollar sin que los demás muestren públicamente voluntad para ello-).
Por lo demás, el nuevo Secretario General de UNASUR, el ex–presidente de Colombia Ernesto Samper, se ocupó de informar sobre siete proyectos adoptados en la Cumbre especialmente en materia de integración física (además de alguno sobre la producción de medicamentos genéricos).
¿Requerían estos la sanción presidencial? Quizás sí. Pero ciertamente también necesitaban de una explicación sobre cómo se adecuarán éstos al esquema IIRSA ya adoptado en Suramérica, sobre por qué se concentran ellos en el norte suramericano (con alguna excepción en el sur) y por qué el Perú no forma parte de ninguno. En tiempos de revaluación de la inversión en infraestructura en la región, este tipo de distracciones (que incluye una curiosa apertura a Centro América y al Caribe que parece más propia de la CELAC) no son admisibles en una reunión de presidentes suramericanos.
Casi sin respiro, los presidentes marcharon entonces a Veracruz (salvo en el caso de Brasil, Argentina y Bolivia cuyos mandatarios quizás no quisieron expresar solidaridad al Presidente Peña Nieto en momentos difíciles causados, adjetivamente, por la prioridad otorgada a la cumbre APEC).
Como es claro para todos, las cumbres iberoamericanas han perdido sustancia progresivamente (en realidad nunca la tuvieron en tanto España abandonó su política de “dos pilares” –el europeo y el latinoamericano-). Si su valor programático está principalmente vinculado a lo cultural, no se comprende bien por qué esa entidad no se ha concentrado en la recuperación real de los elementos formativos de una comunidad (por ejemplo, mediante el abordaje de la sustancial fenomenología del mestizaje y sus implicancias civilizacionales que aún no ha sido tocadas por ella).
En vez de ello, esta vez, como en otras oportunidades, sólo se reiteró la afirmación de una comunidad sin percatarse que sus principios y valores comunes, vinculados contemporáneamente a la democracia y el libre mercado, se han deteriorado fuertemente en América Latina (Venezuela es el ejemplo más patético entre los países del ALBA) y parcialmente en Europa ( si el estancamiento de la Unión Europea y sus consecuencias políticas no es un signo de ello, qué debe pasar para que la materia sea planteada por lo menos como curiosidad).
Ello implicó, de manera quizás inconsciente, que se considerase más su dimensión funcional (la del foro) aunque se privilegió, como correspondía, una necesidad común: el conocimiento como instrumento de desarrollo. Pero en lugar de concretarse a áreas de cooperación efectiva y de captación y absorción de tecnología, la diplomacia multilateral se empeñó en juegos geométricos: se construiría un “espacio de conocimiento” en el área con varios, digamos, sub –espacios subordinados dedicados a la movilidad de profesionales y trabajadores con el propósito de mejor sus capacidades y habilidades productivas.
En lugar de tanta metáfora, ¿no era preferible comprometerse en serio a estas tareas? En todo caso, si la Cumbre Iberoamericana, que tiene un valor civilizacional, merecía la presencia de los jefes de Estado (aunque fuera parcial) estos asuntos pudieron ser tratados por los ministros de Educación.
Este recuento no pretende demostrar lo evidente sino sugerir una conclusión práctica: es hora de disciplinar los compromisos innecesarios de los jefes de Estado que tanto la diplomacia convencional como la presidencial se inventan con creciente costo económico y político para sus países y para el cumplimento de las obligaciones presidenciales. El desperdicio del tiempo de los Jefes de Estado no puede ser racionalizado acá en términos de la obligación de representar al Estado y a la Nación que ellos han juramentado.
