Está claro que la segunda vuelta electoral ha sido fundamental e imprácticamente ideológica (allá los que piensan que las derechas e izquierdas han desaparecido). Pero ciertamente no se ha guiado por los principios de libertad y justicia que debieron gobernarla.
Y hoy se ha tornado en una contienda burocrática entre autoridades que parecen no entender que deben “velar por el respeto y cumplimiento de la voluntad popular” (art. 2 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, JNE) mientras los candidato presentan gravísimos y contradictorio reclamos y las potencias occidentales e instituciones regionales ejercen gran presión sobre autoridades y ciudadanos locales.
En el centro de esa contienda están ahora las negativas del JNE a esclarecer las justificadas dudas ciudadana sobre la pulcritud del proceso y un gobierno que se niega a solicitar una auditoría procesal externa y técnica a expertos que no sean los que concurrieron sólo a una observación genérica.
Y, agregando insulto a la injuria, sin importar el sustancial incremento de la incertidumbre causada por la “declinación irrevocable” al JNE del representante del Ministerio Público (entidad encargada de la “defensa de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos”) ni su afirmación de que el proceso no ha sido pulcro, potencias occidentales avalan lo realizado hasta ahora por la autoridad electoral.
Para fortalecer ese aval (es decir, con intención de que éste sea reconocido por los peruanos) Estados Unidos ha categorizado al proceso como “un modelo” para América. Felizmente, y para curarse en salud, también ha subrayado que la etapa final del proceso debe ser tratada en tiempo razonable y de acuerdo con la ley peruana reconociendo, indirectamente, que hay impugnaciones pendientes.
Lo primero puede obedecer a dos razones. Primero, Estados Unidos desearía prevenir un desborde que derive en conflicto abierto entre peruanos que produzca un quiebre definitivo de la democracia en el país (todos deseamos lo mismo y también no perder lo avanzado en tres décadas de modernización económica). Además, la primera potencia no desearía la inestabilidad regional que pudiera derivarse derivada de una nueva etapa de violencia en el Perú. ¿Es esto mera especulación?
Segundo, el particular entendimiento de la promoción de la democracia por el presidente Biden no puede sufrir mengua en una zona de influencia de Estados Unidos que, sin embargo, Estados Unidos ha descuidado irresponsablemente. Y menos cuando el presidente norteamericano acaba de hacer cuestión de Estado de ese punto en su primera cumbre con el presidente Putin. Esa reunión se enmarcó en las cumbres del G7 y de la OTAN que sellaron el mensaje principal de Biden: “America is back”. Un pequeño país, como el Perú, simplemente no puede arruinar ese resultado.
Pero más allá de estas razones parece claro que estamos frente a una intromisión en asuntos internos (y también que la primera potencia no colaboró o simplemente no realizó ningún trabajo previo en el terreno para evitar el resultado presente).
El caso europeo es más escueto y menos preciso en la calificación del proceso hasta ahora: si éste ha sido “libre y democrático” según la UE, esa entidad se abstiene de calificar cuán “justo” le ha parecido.
Y si su calidad intromisoria pudiera ser discutible, especialmente porque recuerda que es necesario que la autoridad electoral resuelva los “litigios pendientes” (un reconocimiento expreso de que existen cuestionamientos que absolver), es claro que el posicionamiento europeo implica presión que se suma a la norteamericana. Ello ocurre de manera extraordinariamente sincronizada.
Es en ese contexto, en que aparece el comunicado de la OEA afirmando que sigue los acontecimientos que, sin embargo, acaba de avalar. Y procede criticarlos. Pero en lugar de preocuparse por las consecuencias del tendencioso y superficial examen realizado por su Misión ad hoc en el Perú, califica de “insólita” la “declinación” del juez Arce al JNE sin preocuparse por los hechos punibles que esta declinación expone.
En este caso, parece claro que el Secretario General Almagro no va a contrariar a un presidente del partido Demócrata que busca renovar prácticas políticas perdidas. Como es también evidente que la burocracia del organismo no va a debilitar la “autoridad” de su propia misión de observación aunque ésta no hubiera cumplido con su tarea de la manera adecuada.
En este escenario, la Cancillería debería notificar a las potencias occidentales de su protesta por intromisión en asuntos internos y convocar a que la OEA y la UE para que realicen una auditoría técnica sobre lo actuado. Y también asegurar al mundo que, una vez escuchados a todos los actores relevantes –incluida la Fuerza Armada-, el gobierno redoblará esfuerzos para lograr una salida democrática al actual entrampamiento sin descartar un entendimiento entre los candidatos confrontados ni la realización de un nuevo ballotage si fuera éste necesario.
