Hace poco un importante periodista latinoamericano, Andrés Oppenheimer, se preocupaba por la fragmentación de la América Latina derivada de la reactivación de ciertas controversias limítrofes. La preocupación es sensata, pero no por las causas que Oppenheimer identifica.
La más preocupante fragmentación regional deriva de las diferentes visiones del mundo que hoy conducen a diversas agrupaciones de países y sus políticas exteriores. Éstas se materializan en intereses divergentes que dificultan seriamente la integración (una realidad que estuvo encaminada en el área), avivan la confrontación ideológica y de principios vitales (donde hubo hasta hace poco consenso o convergencia) y fundamentan gobiernos cuyos Estados, en algunos casos, ya han adoptado estructuras disfuncionales al conjunto regional. En otras palabras, la beligerancia emergente en uno o dos casos de controversias fronterizas parece más bien una función de la consolidación de intereses primarios irreconciliables porque la identificación de necesidades comunes ha pasado allí a un nivel secundario. La prueba más reciente (aunque no la más evidente al respecto) es la que emerge del reciente período de debates en la Asamblea General de la ONU. Allí, antagonistas geopolíticos e históricos como Perú y Chile han reiterado su decisión de terminar con sus diferencias limítrofes haciendo uso de los medios de solución pacífica de las controversias establecidos en la Carta de la ONU. La formulación es sencilla: sus presidentes han reiterado que cumplirán y ejecutarán la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que dirima el contencioso marítimo.
La acumulación de compromisos y expresiones al respecto expresadas al más alto nivel –es decir, el que compromete la voluntad de los Estados- está creando un régimen de principios cuyas normas se expresarán en la discusión de la agenda posterior a la sentencia. Es verdad que ese régimen se puede quebrar y que, en consecuencia, ciertas precauciones deben establecerse. Pero realizar esa eventualidad será más costoso que enunciarla si se tiene en cuenta la complejidad de los fundamentos económicos y sociales bilateralmente vinculantes (que los diversos gremios privados se han ocupado de fortalecer) y el carácter erga omnes de los pronunciamientos presidenciales que tiende a convertir en ilegítimo un incumplimiento de la sentencia de la Corte de La Haya. Y no sólo por el carácter de la sentencia –que tiene para las partes un insuperable carácter obligatorio- sino porque los compromisos de cumplimiento y ejecución están dejando de ser bilaterales en tanto hoy se realizan frente el mundo (en la Asamblea General el silencio del Presidente Piñera fue compensado por el Perú y por la reunión posterior entre ambos presidentes). Por lo demás, frente a las eventuales dificultades operativas de una sentencia que tendrá costos para ambos lados, se oponen los beneficios de la cooperación futura y las ganancias prácticas del cumplimiento del Derecho Internacional para ambos países. En este marco, los candidatos a las próximas elecciones presidenciales chilenas bien podrían reiterar ese compromiso interestatal eliminando al respecto incertidumbres remanentes. En lo que se refiere a la rebeldía colombiana en la controversia con Nicaragua, su materia parece confinada a los espacios correspondientes de Centro América y el Caribe. Y ésta tiene cuatro parapetos sustantivos: el del Consejo de Seguridad (donde debería verse la disconformidad colombiana en última instancia), la de la propia Corte (que puede aún, a petición de parte, emitir una aclaración de sentencia antes de considerar la nueva demanda de delimitación que plantea Nicaragua teniendo como referencia la extensión potencial de su plataforma continental), la del efecto de contención que genera la convergencia de intereses colombianos, panameños y costarricenses y la imposibilidad de la SIECA de funcionar adecuadamente bajo estas condiciones.
Siendo esa situación preocupante porque carece de precedentes y por su potencial efecto multiplicador, debe considerarse que la posición colombiana parece incorporar un ingrediente atípico y nacional: la necesidad prioritaria de consolidar la soberanía interna (y, por tanto, la paz) que hoy negocia el gobierno con las FARC. Si esa negociación tuviera éxito este año o a principios del próximo quizás la posición del gobierno colombiano frente a la decisión de la Corte sería menos drástica que la expresada hasta hoy.
Esta prioridad ha sido expresada ante la Asamblea General de la ONU por el Presidente Santos: lograr la paz en Colombia después de medio siglo de sangriento conflicto y aliviar el problema retroalimentador del narcotráfico fueron los dos únicos temas que ocuparon al Presidente de Colombia. En su discurso nada hubo sobre el diferendo con Nicaragua. En lugar de ello, Colombia presidió la reunión de los países de la Alianza del Pacífico que integra con Perú, Chile y México. En ella, los presidentes reiteraron su decisión de construir un escenario de integración profunda que incluya algo más que el libre flujo de bienes, personas, capitales y servicios.
Ese mercado, que es ya una zona de libre comercio (a la que le falta algún ajuste legal), que ya ha emprendido pasos para la eliminación de visas, que ya ostenta un mecanismo de integración bursátil (aunque éste tenga mucho que avanzar) y que está homogenizando normativas que faciliten la oferta de servicios comunes en diferentes áreas tiene cuatro ventajas adicionales: una misma visión del mundo de carácter liberal, una disposición a suscribir acuerdos de libre comercios con un arraigo occidental (todos han firmado uno con los Estados Unidos y la Unión Europea), una condición geopolítica de eminente carácter marítimo (que propende y facilita el contacto global) y una disposición a constituir una plataforma de proyección hacia el Asia (tres de sus miembros están en APEC y negocian el acuerdo transpacífico y alrededor de 20 Estados observadores están interesados en que tengan éxito).
Estas características han llevado al ALBA en el marco de una reciente cumbre en Guayaquil a reiterar su rol contra el “neocolonialismo”, “el imperialismo de los dólares”, el “neoliberalismo” y contra el libre comercio (Infolatam).
Algunas de estas expresiones fueron expresadas por el Presidente Correa. El Presidente de Colombia respondió que éste tenía razón porque se trata de dos modelos que compiten en el área para lograr una mejor y más rápida solución de la pobreza y del desarrollo. Tal afirmación pareció corroborada por la intervención del Presidente de Bolivia ante la Asamblea General. En un tono siempre agresivo, denunciatorio y torturado, el Presidente Morales la emprendió contra todos y contra todo (incluyendo la ONU). Todo lo contrario ocurrió con los presidentes de Perú y de Chile que explicaron su apego al derecho internacional, al cumplimiento de la Carta de San Francisco, a mostrar sus respectivos avances en los Objetivos del Milenio, a fundamentar el sentido de su crecimiento y a reiterar su convicción democrática.
De otro lado, el MERCOSUR aún se debate sobre cómo procesar la adhesión de Venezuela (que Paraguay ha reclamado) y el Parlamento Andino es desmantelado por inútil.
He allí los signos fundamentales de la fragmentación regional que superan de manera sustantiva a las diferencias fronterizas. Sin desmerecer el riesgo que estas últimas representan en sí mimas, su potencial destructivo radica en su contribución a la mayor fragmentación de la integración regional. En la Alianza del Pacífico ello no ocurrirá porque así está políticamente convenido y, en ese marco, se adoptarán las prevenciones del caso.
