El diálogo como instrumento de política exterior puede servir para resolver un conflicto sin recurrir a la fuerza o para postergar su solución mientras los que lo patrocinan salvan su responsabilidad en la materia.
El apoyo brindado a la dialogante e infecunda intermediación de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos en Venezuela por los cancilleres americanos durante la 46ª Asamblea General d la OEA (Santo Domingo, 13-15 de junio) sin otra alternativa explícita de acción parece más cercana a la segunda alternativa que a la primera.
Si bien es cierto que la agenda de esa reunión, de manera poco comprensible dada la extrema crisis política, económica y social venezolana, no incluía la preocupación por la situación en ese país, la enormidad del problema y su dimensión catastrófica no podía evitar ser considerada aunque fuera de manera general.
Menos cuando el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ya había tomado la iniciativa, inusual pero legítima, de recomendar la aplicación de la Carta Democrática sustentada en un voluminoso informe sobre la realidad que se vive en ese país mientras el gobierno venezolano lograba que se evaluara más bien el comportamiento al respecto de ese alto funcionario.
En ese marco los cancilleres emitieron un pronunciamiento antes de que se vea el caso en Washington el próximo 23 de junio en el Consejo Permanente de la OEA (conformado por los representantes de los países ante la entidad interamericana).
En ese documento los cancilleres apenas invocaron el contenido del artículo 1 de la Carta Democrática que establece el derecho de los pueblos americanos a la democracia y la obligación de defenderla. Y omitieron cualquier consideración sobre la ruptura del orden constitucional en Venezuela que es la causal por la cual el Secretario General, o cualquier Estado miembro, pueden solicitar una reunión del Consejo Permanente para evaluar esa situación.
En lugar de ello se hizo alusión a la Constitución venezolana que consagra la separación de poderes, el respeto al estado de Derecho y a las instituciones democráticas para enmarcar la invocación al diálogo que promueven los expresidentes mencionados (y que es considerado por la oposición como ineficaz y progubernamental).
La alusión excluyente a ese marco constitucional sería sensata si hubiere alguna posibilidad de que el gobierno venezolano, mediante una simple invocación, respetara sus propias normas fundamentales. Pero no la hay en tanto la crisis ocurre precisamente porque ese gobierno no respeta su propia carta magna. Es frente a esa evidencia que el complemento normativo hemisférico disponible para demandar ese respeto no na sido recurrido.
Con esta posición ambigua se aproximará el Consejo Permanente a la consideración de la crisis en cuestión el próximo 23 en Washington. La posibilidad de que aquella cambie proviene hoy menos de la iniciativa de los gobiernos regionales que del rol más activo que ha comprometido el Secretario de Estado John Kerry y del efecto que haya tenido la reunión de uno de los líderes de la oposición, Henrique Capriles, en su gira por el Cono Sur.
Pero si esa posibilidad despierta expectativas de mayor presión colectiva sobre el gobierno del señor Maduro quizás éstas deberían empezar a desescalarse por dos motivos. Primero, porque el gobierno norteamericano ha aceptado la iniciativa venezolana de normalizar la relación diplomática a nivel de embajadores (evento que puede atenuar el comportamiento beligerante del gobierno venezolano pero no cambiarlo sustancialmente como ocurre con Cuba) al tiempo que favorece el diálogo en el que participan los expresidentes Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos.
Y segundo porque el Canciller Serra del Brasil ha anunciado, luego de su entrevista con el señor Capriles, que al tiempo que considera que Venezuela no vive hoy bajo democracia, que el principio de no intervención debe ser respetado. El Canciller Sera no ha deseado recordar que la Carta Democrática se basa en el cuestionamiento de ese principio en el exclusivo caso de que el orden democrático en un país sea quebrado y que la comunidad interamericana está obligada actuar al respecto.
Por lo demás, si el Secretario de Estado Kerry ha expresado la convicción de su gobierno sobre la necesidad de que el referéndum revocatorio se convoque y se desarrolle en Venezuela de acuerdo a lo que contempla su propia ley, también ha afirmado que su ánimo no es presionar ni aislar al gobierno del señor Maduro.
Esto último puede ser sensato (el gobierno de Maduro ha mostrado una tendencia a escalar su respuesta frente cualquier desafío sin importar el efecto de ese comportamiento en su población). Pero indica también que el gobierno norteamericano podría apoyar la posición del Ejecutivo venezolano que consiste en que ese ese referéndum se realice el próximo año cuando no haya posibilidad de revocar al ineficiente y dictatorial presidente.
A esa posición parece haberse sumado el mediador Rodríguez Zapatero quien ya ha expresado su opinión contraria a la revocación del mandato presidencial como opción.
Mientras tanto, ninguna acción colectiva se ha tomado para atajar los efectos extremos de la crisis en la población venezolana (el Canciller brasileño ha indicado su disposición a ayudar con medicinas sin encontrar eco en el gobierno venezolano).
Esta situación no cambiará en el transcurso de la semana que media hasta el próximo 23 cuando el Consejo Permanente de la OEA evalúe la situación venezolana. En esa oportunidad los americanos veremos hasta qué punto sus gobiernos pueden ser espectadores del derrumbe de un Estado y bajo qué circunstancias, distintas a las actuales, estarán dispuestos a actuar.
