Si la democracia se define, entre otras características, por la separación de poderes el gobierno chavista no ha sido nunca democrático. Su tendencia a concentrar el poder del Estado y a crear otros medios de control social además de la subordinación ideológica de la Fuerza Armada, lo sitúan en el ambiguo rango de los autoritarismos contemporáneos.
Paradójicamente la posición del gobierno del señor Maduro se ha inclinado más, en ese rango, hacia la dictadura ahora que la oposición ha ganado una fuerte mayoría en la Asamblea Nacional (una situación que en situación de normalidad debiera ser sinónimo de apertura democrática). El uso sistemático por el Ejecutivo de un Poder Judicial repleto de funcionarios chavistas (especialmente a partir del 2004 cuando el Tribunal Supremo se amplió a 32 miembros) para descalificar las decisiones del Legislativo lo demuestra.
Esta situación, que implica una seria alteración del orden constitucional, concierne al ámbito del artículo 20 de la Carta Democrática que faculta al Secretario General de la OEA o a cualquier Estado Miembro a solicitar la convocatoria del Consejo Permanente de esa organización para que adopte las decisiones apropiadas.
Ello no ha sido posible porque ni el Secretario General (que, a diferencia de su antecesor, se ha mostrado proclive a recordar al gobierno del señor Maduro su continua violación del sistema democrático) ni ningún Estado Miembro se ha atrevido a convocar al Consejo Permanente sin el apoyo claro de una sustancial mayoría o de un consenso previo.
Ello era explicable cuando el bloque bolivariano sostenía su influencia en el liderazgo venezolano tan abundante en recursos ideológicos y económicos y en el amparo que les brindaba el gobierno brasileño. Pero hoy, cuando ese liderazgo ha decrecido, la cohesión de los antiguos socios se ha debilitado y la política exterior brasileña está cambiando de dirección en el área, la pasividad de los Estados americanos en relación al desafío democrático venezolano parece extraordinaria.
Si esa inhibición quisiera explicarse por un extraño el cálculo estratégico (algunos estiman que la evaluación interamericana de la situación venezolana podría radicalizar más, si cabe, al señor Maduro), ese escenario debería considerar el costo de permitir que lo que queda de las instituciones del Estado se diluya en una dinámica dictatorial que deberá confrontar a una oposición, esta vez mayoritaria, en las calles. Ésta, cargada de frustración política, está inflamada por el impacto de la extraordinaria crisis económica que el gobierno ha generado y que está empeñado en no corregir adecuadamente.
Por lo demás, la inhibición de la OEA a considerar la situación venezolana en el ámbito de la Carta Democrática es aún más clamorosa hoy que el Ejecutivo de ese país insiste en aplicar el estado de excepción en su versión extendida a pesar del dictamen de la Asamblea Nacional que considera esa medida ilegal.
Peor aún, la persistencia de la pasividad interamericana se torna irresponsable cuando el gobierno del señor Maduro, además de declarar fraudulentas ex ante las firmas recaudadas para iniciar el proceso de un referéndum revocatorio (para lo cual actúa a través del sumiso Consejo Nacional Electoral), acaba de cambiar las normas de su contabilidad. Al respecto debe recordarse que la oposición ha recabado más de las 1.8 millones de firmas que hoy evalúa ese Consejo cuando son necesarias sólo 1% del registro electoral para iniciar el proceso administrativo (198 mil aproximadamente).
Para superar esa inercia Human Rights Watch ha enviado al Secretario General de la OEA un documento instándolo a que actúe sobre bases jurídicas obvias (que son las mismas que muchos hemos destacado con anterioridad). Pero ello tampoco parece ser suficiente.
Quisiéramos creer que ello se debe a la capacidad de bloqueo que, careciendo de influencia, aún ostentan los socios bolivarianos o a que alguna negociación aún es posible entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Pero de lo último no hay noticia y tampoco señales de que el resto de los Estados americanos estén dispuestos a superar el bloqueo albista. Al final todo parece reducirse a la “falta de voluntad política”.
Si esa fuera la conclusión, los Estados Miembros estarían evidenciando que están dispuestos a solventar el creciente riesgo estratégico que emana de la situación venezolana. Esa disposición puede tener un gran costo en una región debilitada. En efecto, la dinámica de ingobernabilidad venezolana se complementa con la incierta situación brasileña y con el riesgo de que el gobierno colombiano no logre concluir un acuerdo de paz con las FARC. La proyección regional de la pérdida de poder legítimo en el norte y oriente suramericanos está conformando una amenaza a la paz y estabilidad regionales y puede erosionar las bases democráticas de los Estados que se consideran al margen.
