• Alejandro Deustua

La Nueva Crisis Boliviana

Cuando en octubre del 2003, el presidente Carlos Mesa asumió el gobierno de Bolivia las fuerzas desintegradoras de los movimientos cocaleros, indigenistas y autonómicos habían puesto en cuestión la viabilidad de ese Estado. El desafío a la autoridad política, al sistema jurídico y al orden territorial establecidos fue mucho más allá de la forzada renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El catalizador de las fuerzas desintegradoras fue la negociación sobre la exportación del gas boliviano por Chile y, nominalemnte por el Perú, tan mal planteada por el propio gobierno boliviano. Teniendo como fondo el malestar económico y social, la quiebra del Estado estuvo realmente ad portas de un evolución violenta y anárquica. Desafiliándose de toda vinculación partidaria, el Presidente Mesa enarboló la bandera del irredentismo marítimo como elemento cohesionador. Para confirmar su acercamiento al pueblo sin intermediarios, el Presidente prometió un referendum sobre el destino del recurso energético que debía desembocar en una nueva ley de hidrocarburos. Además se comprometió a conformar un nuevo orden interno a través de la convocatoria de una Asamblea Consituyente. El despliegue dramático de un interés nacional de política exterior, la consulta popular directa, el desapego de la democracia representativa, la redefinición jurídica de la explotación de los recursos naturales y, según algunos, la "refundación de Bolivia" debía producir el reenganche de la socidedad con el Estado y la ley. 14 meses más tarde, la diplomacia estridente en defensa de la casusa marítima se ha agotado, el referendum sobre el gas se ha producido (se votó por la recuperación de la propiedad en boca de pozo, la restauración del rol de YPFB - la empresa estatal-, la derogación de la ley de hidrocarburos de 1996, el uso del gas para satisfacer primero la demanda nacional y para implulsar la reivindicación marítima) pero sus resultados no se han implementado y la Asamblea Constituyente está aún por convocarse. En efecto, un trato más racional y silencioso de la relación con Perú y Chile se ha impuesto disolviendo el rol congregante inicial. Así mimismo, la discusión de la ley de hidrocarburos enfrenta, y no acerca aún, al gobierno con una atomizada oposición que desea el incremento de las regalías de 18% a 50%, la intervención del Estado en toda la cadena upstream y downstream y, especialmente, la adecuación compulsiva de los contratos vigentes (aproximadmente 78). Finalmente, la expectativa de una nueva Constitución ha radicalizado los reclamos autonómicos cuya satisfacción local no desea ser arriesgada nacionalmente. Los resultados de esta explosiva interacción están a la vista: el inmenso malestar del 2003 ha reemergido a principios del 2005 esta vez gatillado por un decreto que eleva el precio de los carburantes entre 10% y 23% y la autoridad del presidente Mesa ha sido cuestionada in extremis. Y lo ha sido no sólo por los cocaleros de Evo Morales (organizados en "comités de defensa") o por los indigenistas originales de Felipe Quispe (la Central Sindical Unica de Trabajadores del Campo -CSUTCP-) sino por los gremios empresariales regionales (los agropecuarios de la CAO, los industriales, comerciantes y empresarios de turismo cruceños de Cainco), por representantes de la sociedad civil (p.e., el Comité Cívico de Santa Cruz), por sindicatos nacionales (la COB) y regionales (la COD cruceña y el COR de El Alto), por los partidos políticos (el MAS de Morales, el MNR, el NFR) y asociaciones departamentales (de Cochabamba, Potosí, La Paz, Santa Cruz, Tarija, etc). Si hay caos en Bolivia, es uno multicelularmente organizado sobre un piso compartido -la acusación de "desgobierno"- encima del cual colisiona un universo de intereses sectoriales insatisfechos. En efecto, si todos desean la derogación del decreto 27599 que incrementó el precio de los carburantes entre 10% y 23%, Santa Cruz desea "autonomía ya" y crecimiento real, los campesinos quieren saneamiento de tierras y medios de producción, los habitantes del El Alto intentan expulsar a más empresas extranjeras (a la filial francesa Aguas del Illimani, con la que el gobierno ha optado por una disolución negociada del contrato de servicios, sigue el cuestionamiento de la generadora de energía eléctrica de La Paz de capital español) y enjuciar a Sánchez de Lozada, mientras los cocaleros quieren impedir que la Policía se instale en "sus" valles nada menos, y así..... (La Razón) Frente a ello, el Presidente ofreció diálogo pero amenazó con la renuncia del cargo y al ejercicio eventual del uso legítimo de la fuerza. Los reclamantes olieron y denunciaron la debilidad del Ejecutivo y volvieron a la carga. El bloqueo de caminos se replanteó como "método de lucha" entre los cocalero y la huelga de hambre pareció poca cosa a ciertas organizaciones cruceñas que acusaron a Mesa de "extremista pendular" (aludiendo al alternativo contacto del Presidente con todos los sectores sin distinguir su representatividad ni decidirse por nadie). El señor Mesa entonces logró el concurso de los alcaldes de La Paz y El Alto, promovió o aceptó la redacción de un manual de uso de la fuerza para establecer el orden interno que inhibe a la Fuerza Armada del ejercicio discrecional de la coacción (pero ata al Presidente, por escrito, a cada misión) y reanudó esfuerzos de diálogo que los empresarios paceños aceptaron (aunque se negaron inicialmente a establecerlo a través de ciertos ministros). Con el entusiasmo de haber resistido 18 días a la presión, algún ministro pareció esbozar alivio. La tentación de convivir con el desorden pareció aparecer como distante señal de victoria y quizás, por tanto, redujo los objetivos del Ejecutivo sobre el nivel necesario de recomposición de la autoridad. Después de todo, luego del bajísimo crecimiento de los años democráticos post-crisis asiática (1.8% entre 1999 y 2002), la crisis política no ha impedido una mayor dinámica económica (2.4% el 2003, alrededor de 3.8% el 2004 y una expectativa para el 2005 de 4% según CEPAL). Sería muy grave para Bolivia si este fuera el caso. En efecto la desacaleración de la economía global impactará en el mercado boliviano, la expectativa de mayores ingresos por la eventual exportación de gas no se materializá en en el mediano plazo (sencillamente porque el "nuevo" gas no será exportado... aún) y la cooperación internacional -tan importante para la economía boliviana- tiene ahora nuevas priordades en Asia. Peor todavía, si la lucha contra el narcotráfico es relegada por el predominio cocalero y la autoridad impedida de tomar posesión en los valles donde se cultiva la planta, la escasa soberanía interna boliviana incrementará su tendencia al colapso en un contexto de atomización partidaria, tensión intraregional exacerbada e inutilidad institucional. En ese ámbito, el demagogo líder cocalero Evo Morales aparece como el líder con más posibilidades de hacerse con el poder. Si el vacío de poder se consolida en Bolivia, la inestabilidad en la subregión -que ahora raya a cotas muy altas- se incrementará retroalimentando, por efecto demostrativo, la protesta social e incidiendo directamente en la agresividad de líderes irracionales. Ello ya ha ocurrido en el Perú. En efecto, los señores Morales y Quispe, luego de negar vinculación con la rebelión de Andahuaylas, han elogiado a través de la TV peruana, la acción y los motivos "etnocaceristas" sabiendo que éstos tienen, entre otros, a los movimiento indigenistas y cocaleros bolivianos como referencia política. En tanto el espacio boliviano tendería a ser dominado por las fuerzas de fragmentación, las que existen en formación en su vecindario encontrarán allí un lamentable centro de gravedad. Sin desmerecer en lo mínimo nuestra propia problemática -que es inmensa- Bolivia se ha convertido en una preocupación regional cuyo caso, antes de que se llegue efectivamente al punto de la inviabilidad, debería ser visto en el ámbito hemisférico. Para evitar que el vacío de poder absorba a Bolivia, es necesario que sus vecinos muestren una disposición a ayudarla fortaleciendo la mano del presidente Mesa. Sin embargo, mientras las sofisticadas instituciones de la Comunidad Andina, ahora más preocupadas de la seria crisis colombo-venezolana, no parecen tener claras sus prioridades (la de apoyar políticamente al presidente constitucional de Bolivia), la OEA, empeñada en su proceso electoral, parece haber olvidado que la Carta Democrática indica que los países miembros deben tomar acción cuando la democracia representativa esté en peligro en alguno de sus integrantes. Ciertamente, la crisis boliviana no se va a resolver con declaraciones políticas pero el compromiso externo ciertamente puede hacer la diferencia sobre a qué lado se inclina la balanza. A ello habrá que agregar luego ideas e instrumentos para mejorar la situación económica de una sociedad que no satisface sus expectativas de participación a pesar de su caspacidad organizadora. Perú, Chile, Brasil y Argentina tienen especial responsabilidad en ello.

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