El Presidente Humala dispuso finalmente que la segunda nota chilena sobre el caso de espionaje chileno completa las condiciones de reconocimiento del hecho y de satisfacciones que el Perú reclamaba para el retorno de nuestro Embajador a Santiago.
Esta normalización gradual de relaciones, siendo valiosa en sí misma, es también indispensable para varios propósitos.
Primero, para viabilizar garantías de seguridad mutuas de que este tipo de actividades no se repetirán. Dado que ese objetivo es de difícil concreción, la materia debe tratarse en el ámbito de las reuniones de Cancilleres y de Ministro de Defensa que deben generar confianza entre las partes.
Segundo, la normalización asegura que la Alianza del Pacífico se presente a la cumbre de junio en Cusco como un grupo de integración cohesionado y verosímil. Ello es especialmente importante de cara a un escenario regional y transpacífico en el que la Alianza es la única alternativa creíble de integración suramericana sustentada en agendas económicas y políticas convergentes.
Por lo demás con una treintena de observadores (dos de los cuales -Panamá y Costa Rica- desean incorporarse como miembros plenos) y con expectativas asiáticas crecientes, la Alianza habría sufrido una fuerte pérdida de credibilidad de haberse reunido sin uno de sus miembros.
Más aún cuando el dinamismo económico latinoamericano (0.9% este año, FMI) y el hundimiento de la perfomance suramericana (-0.2% en el mismo período) al que se ha sumado una decepcionante actividad exportadora regional (apenas 0.2%, OMC), constituyen factores de incremento de la brecha con el Asia (5.5% de crecimiento económico y 5% de incremento de exportador este año).
Tercero, la normalización de relaciones ayuda a que el Perú pueda presentar a Chile su apreciación de la adecuación del ámbito del controvertido Mar Presencial a la sentencia de La Haya contenida en la ley de pesca chilena. En Diputados ésta ha consistido en la afirmación de que ese ámbito se entiende “sin perjuicio” de la sentencia de la Corte.
Al respecto el Perú podría adelantar su entendimiento de que esa adecuación debe ser expresa de acuerdo a los contenidos del párrafo 196 de la sentencia que establece que el punto de partida del límite marítimo es aquél en el que el paralelo que pasa por el hito No. 1 intersecta la línea de baja marea. Al respecto no quisiéramos tener más desentendimientos.
Finalmente, la normalización abre la posibilidad de que el Estado deje en claro y por escrito que el “triángulo terrestre” es peruano citando la sentencia que reconoce la vigencia del tratado de 1929 y el mencionado párrafo 196 que esclarece que el Hito No. 1 no sólo no es el punto de partida marítimo sino tampoco el terrestre como quisiera el ex-presidente Piñera que refraseó un aspiración de cuño reciente).
Ello nos lleva a preguntar si países que mantienen diferencias territoriales pueden configurar un grupo de integración. La respuesta práctica es afirmativa si se considera, p.e., el caso hispano-británico del peñón de Gibraltar en el marco de la Unión Europea o los reclamos yuxtapuestos sobre islas de algunos miembros de la ASEAN.
Como ello no es lo ideal, parece necesario que en esta nueva etapa de relación Perú y Chile puedan resolver el problema terrestre, terminar de presentar ante la ONU lo que reste del proceso post-ejecución de sentencia y prepararnos para una nueva relación estratégica.
Ésta requerirá que el Perú adecúe la legislación interna sobre espacios marítimos también a los términos de la Convención del Mar y, finalmente, la adhesión a ella. Nuestra marginación de esa norma matriz sólo nos genera vulnerabilidades.
